Publicado: 09-11-2010
 
El Gobernador Binner tiene en sus manos el decreto por el cual entregaría la concesión vial a una unión transitoria de empresas que no es la que está a cargo en la actualidad.

El Gobernador Hermes Binner se encuentra analizando en este momento el dictamen emitido por la Comisión de Adjudicación que evaluó las ofertas presentadas para la licitación de la Autopista Rosario-Santa Fe. De acuerdo a lo publicado por el diario El Litoral, la ganadora sería la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por Milicic SA, Vial Agro SA, Laromet SA, Rovial SA y Pecam SA.

Vale destacar que l concesión de la autopista tiene carácter oneroso, con un plazo de 10 años. Una de las claves de la licitación es el fondo de obras que se constituye para afectar ingresos de la concesión para financiar las obras previstas. La adjudicataria abonará un canon de 200.000 pesos mensuales que se transferirá al citado fondo.

Recordemos que se presentaron tres propuestas, una de ellas, era la del actual administrador del corredor vial, Supercemento. Esto había motivado serias sospechas por parte de la oposición peronista, la que indicaba que la entrega por 6 meses sin licitación ni concurso de precios, había sido ilegal. A tal punto había llegado la postura del PJ, que había recurrido ante la justicia. Entre los firmantes se encontraba la diputada local Rosario Cristiani.

La denuncia judicial llegó luego de que el Tribunal de Cuentas objetara por unanimidad el criterio segudio por el Ejecutivo Provincial y mostró varias irregularidades en el trámite y el expediente. A esa objeción siguió la decisión del Ejecutivo de insistir pero con algunos cambios para hacer más prolija de polémica medida.

El gobierno espera con la conclusión del trámite cerrar un capítulo difícil. De todas formas, también el PJ se opone a la adjudicación en ciernes (además del contrato vigente con Súpercemento y Edeca), porque sostiene el criterio de que para llamar a licitación se requería una autorización por vía legal, y no volver a utilizar la norma con que se adjudicó en los '90 por primera vez la autopista.

Incluso, el bloque Justicialista en el Senado dio media sanción a una norma que refuerza ese criterio.

El 26 de agosto, sobre tablas, al cabo de un cuarto intermedio de media hora y previo envío de un juego de fotocopias para el minoritario oficialismo, el bloque del PJ aprobó una suerte de norma interpretativa respecto de la 11.157, que comenzó la privatización, durante el gobierno de Carlos Reutemann, que ahora retoma Binner.

Tal como lo recuerda El Litoral, el 11 de septiembre el ministro Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, dijo que "cuanto antes" iba a procurar que se expidiera la comisión de adjudicación, que ahora concluye su labor.

Ese día quedaron 3 de los cuatro potenciales oferentes en carrera, y se conocieron sus ofertas económicas. Al ver los números el funcionario respiró aliviado. Consideró que se podría salir de la situación "compleja en grado sumo", según la definición del ministro.

Detalles 

El contrato de la concesión para diez años obliga al concesionario a repavimentar completa la autopista dentro de los primeros 5 años. El pliego establece la "concesión por peaje de la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, gerenciamiento y explotación de la autopista provincial (AP) 01 Brigadier General Estanislao López". Además de esas obligaciones el gobierno aspira a crear un fondo de obras, para añadir otros trabajos y modernizar la vía de comunicación: la construcción de un tercer carril en los accesos de ambas ciudades; de puentes distribuidores para dos puertos del sur (San Lorenzo y Capitán Bermúdez) y mejorar el ingreso y egreso de los countries cercanos a nuestra ciudad. Son obras que no saldrán del valor calculado por los oferentes para el valor por vehículo pasante, sino de la cifra que le agregue el Ejecutivo al precio final del peaje.