La oposición dio ayer el primer paso para que el Congreso denuncie ante la justicia penal irregularidades descubiertas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y en la Administración de Programas Especiales (APE), la dependencia que maneja los subsidios a las obras sociales. 

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas, receptora de los informes de la AGN, aprobó ayer dos dictámenes para llevar a los recintos de ambas cámaras los proyectos de resolución en los que se decide remitir a la Cámara Federal porteña las actuaciones del mayor órgano de control externo del Estado. 

La idea de los opositores, que se impusieron por siete votos contra cinco, es que esos documentos se agreguen a las causas que instruyen los jueces Julián Ercolini, Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío en los tribunales federales porteños. Si se aprobara la medida, impulsada por la Coalición Cívica (CC) y apoyada por la UCR, sería la primera vez que el Congreso acuda a la Justicia y aporte información para el avance de causas contra el Gobierno. Para ello, hace falta que la iniciativa se apruebe en Diputados y en el Senado, donde la oposición está en minoría. 

Las irregularidades descubiertas por la AGN surgen de ocho auditorías, hechas entre 2004 y 2010, sobre el Occovi, la dependencia que hasta 2008 manejó el ex funcionario Claudio Uberti, y de una auditoría, realizada en 2005, sobre la APE, uno de los organismos bajo sospecha en el caso de la mafia de los medicamentos. 

En los informes referidos al Occovi, se detectaron irregularidades en los procesos de renegociación de concesiones viales con empresas que, en algunos casos, registraban incumplimientos totales en obras con las que se habían comprometido. 

El informe referido a la APE revela el pago de sobreprecios en la campaña de vacunación antigripal de 2004 y defectos en la rendición de cuentas de parte de los sindicatos, entre otras anomalías. 

Morán 

"Es un paso importante que el Parlamento tome la decisión de colaborar institucionalmente con los procesos judiciales contra la corrupción", dijo a LA NACION el diputado Juan Carlos Morán (Coalición Cívica), autor de los proyectos de resolución y uno de los integrantes de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, un cuerpo bicameral integrado por seis diputados y seis senadores. 

"Lo que está claro en los informes sobre el Occovi es que Uberti no controló y tuvo connivencia con las irregularidades cometidas por las empresas concesionarias de las rutas", agregó. 

Uno de los que votaron en contra de la iniciativa, el senador oficialista Nicolás Fernández, cuestionó duramente la postura de la oposición. "Es una sobreactuación innecesaria, porque la Justicia no había requerido esa información y porque se quiere entregar documentos de un proceso administrativo no concluido", dijo a LA NACION. "Se rompe una tradición de la comisión, que indicaba que los dictámenes se aprobaban de manera unánime. Esta es la decisión de quienes ven en la Justicia el único camino para resolver las cuestiones políticas", agregó. 

El dictamen que impuso la oposición propone, además de remitir las actuaciones a la Justicia, solicitar al Poder Ejecutivo que comunique las medidas adoptadas en relación con las irregularidades detectadas, que determine el perjuicio fiscal y que deslinde las responsabilidades correspondientes. Los oficialistas impulsaron un dictamen de minoría en el que no figura la remisión de los documentos a la Justicia. 

En uno de los informes sobre el Occovi, emitido por la AGN en 2006 y referido a la concesión de corredores viales licitados bajo el decreto 425/03, se señala: "La Sindicatura General de la Nación ha sostenido que los concesionarios «registran incumplimientos en obras adicionales, complementarias y mejorativas que en muchos casos son del 100 por ciento»". 

En el informe sobre la APE se detalla que en la campaña antigripal 2004 se subsidiaron, en total, 350.500 dosis de vacunas a las obras sociales, entre las entregas directas y los reintegros financieros de dosis que habían sido adquiridas por seis obras sociales. Mientras que "el valor de cada monodosis en la primera modalidad fue a razón de $ 12,12, los subsidios acordados al grupo de seis obras sociales resultó en un valor individual de $ 25", dice el documento. 

Los informes 
  • Occovi (informe de 2008): "Es evidente que este sistema adolece de las mismas dificultades que condicionaron el normal desenvolvimiento de las anteriores concesiones, caracterizadas por los innumerables incumplimientos de los planes de obras, lo que imposibilitó cumplir los objetivos trazados con el concedente, entre otros, lograr una mejora sostenida de los pavimentos". 
  • Occovi (informe 2009): "No hay evidencia de que el organismo haya implementado mecanismos eficaces que permitan remediar los incumplimientos contractuales por parte de los concesionarios". 
  • APE (informe 2007): "En la campaña antigripal de 2004, los subsidios acordados para seis obras sociales para financiar la compra de tales vacunas se efectuó sobre la base de un valor unitario del doble de lo pagado por dichas vacunas para ser distribuidas entre el resto de las obras sociales". 
  • APE (informe 2007): "La Bancaria fue beneficiaria de un subsidio de $ 225.000 para financiar su campaña de vacunación 2002". La obra social recibió el subsidio, pese a que la rendición de cuentas fue objetada por la Subgerencia de Rendición de Cuentas de la APE".