Córdoba.- El único dato disponible sobre la administración de Transporte Automotor Municipal (Tamse) suele ser, cada mes, el déficit que genera: cuánto debe poner el municipio para sostener a la empresa. En lo que va del año, esa cifra ya está por superar los 36 millones de pesos que se preveían para los 12 meses.

Otros datos sobre Tamse -que podrían explicar, en parte, las pérdidas crecientes- permanecen en el secreto más absoluto. Es lo que ocurre con los incómodos resultados de una auditoría externa sobre los sistemas de control interno y procedimientos de liquidación y control de haberes, que habría detectado varias irregularidades y posibles delitos en la empresa municipal.

Pese a que el estudio Dutto Asociados emitió su informe de auditoría el 21 de mayo, sus resultados aún no fueron entregados a la Comisión Fiscalizadora de Tamse -supuesto organismo de control-, el directivo involucrado permanece en sus funciones y no se realizó la denuncia judicial que recomendaría la auditoría en virtud de las anomalías detectadas.

La auditoría -que abarca el período enero de 2007/abril de 2010- fue solicitada por el presidente de Tamse, Hugo Germán, debido a que las supuestas irregularidades en materia de liquidaciones de sueldos eran vox populi dentro y fuera de Tamse, y tal vez para deslindar responsabilidades tras su asunción, a principios de año.

Este funcionario, el secretario de Transporte, Raúl Merino -ex presidente de Tamse en la mayor parte del período auditado- y el intendente Daniel Giacomino son los únicos que accedieron formalmente a los informes de auditoría. Ayer, Germán explicó a este diario que decidieron no hacerlos públicos porque "no hay nada grave" y Merino aseguró de la auditoría se desprende que "no hay defraudación" y que el municipio hizo "todo lo que correspondía", es decir, ofrecer la posibilidad de un descargo al directivo implicado: Eduardo Casadidio.

Se trata de uno de los dos directores obreros de Tamse y tiene a su cargo el área de Liquidación de Sueldos y Recursos Humanos. La auditoría habría constatado casi todos los datos que habían trascendido previamente: más de 1.800 anticipos de haberes otorgados en exceso, vacaciones liquidadas en exceso, procedimientos erróneos en los descuentos que se practican en las liquidaciones y hasta pagos duplicados de horas al propio Casadidio, que es quien representa a los empleados de Tamse en el directorio.

Aunque las autoridades consideran que no hay nada anormal en la auditoría, es diferente la lectura que realizan puertas adentro de Tamse, donde el tema adquirió ribetes de escándalo. Al punto de que un grupo de empleados evalúa la posibilidad de una presentación judicial, también para "deslindar responsabilidades" y para intentar que un juez solicite la famosa auditoría, que ellos conocen extraoficialmente.

Pese a que se trata de un elemento de peso a la hora de evaluar el desempeño administrativo de Tamse, el informe de auditoría no fue girado a la Comisión Fiscalizadora. Dicha comisión, formada por un representante del Ejecutivo, uno del Concejo y otro del Tribunal de Cuentas, es el único contralor que tiene Tamse.

Los fiscalizadores tienen la obligación de presentar al Concejo Deliberante un informe trimestral sobre la evolución de la Sociedad del Estado. No obstante, la información viene demorada: los ediles aún no saben cómo cerró la empresa el 2009, porque el informe del último trimestre no fue presentado.

La falta de información también es casi absoluta en el Tribunal de Cuentas, adonde sólo llegan las transferencias mensuales de recursos del municipio a Tamse. Dado que la cifra tiene cada vez más peso presupuestario, los vocales -todos opositores- solicitarán una auditoría general de la compañía en el segundo semestre.