La Cámara Federal porteña ordenó ayer que el ex presidente Néstor Kirchner y el ministro de Planificación, Julio De Vido, continúen siendo investigados por el presunto desvío de fondos de un fideicomiso de la Secretaría de Transporte, en el que la Auditoría General de la Nación (AGN) halló supuestas anomalías, entre ellas una transferencia de 17 millones de pesos a la obra social de los camioneros del titular de la CGT, Hugo Moyano.

La Sala II de la Cámara consideró "prematuro" el archivo de la causa por inexistencia de delito que dispuso el juez federal Sergio Torres y le ordenó que continúe con la pesquisa de la denuncia presentada en 2005 por un abogado contra Kirchner, De Vido, el secretario de Medios, José Albistur; el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah sostuvieron que las supuestas anomalías denunciadas por la AGN, en una auditoría a la Secretaría de Transporte, no fueron investigadas, por lo que se requiere avanzar en la causa.

La causa la inició el 20 de octubre de 2005 el abogado Juan Carlos Iglesias, que denunció, en base a una nota publicada en el diario Perfil, el presunto desvío de fondos hacia la Secretaría de Medios desde el fideicomiso creado por el decreto 976/01 para la realización de obras de infraestructura a partir de la presunta falta de controles y discrecionalidad en el uso del fondo fiduciario. La denuncia señalaba que la supuesta transferencia tuvo su origen en la intención de incrementar los fondos para publicidad oficial ante las elecciones legislativas de octubre de ese año, en las que Cristina Fernández de Kirchner era candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.

La AGN analizó controles de la Secretaría de Transporte entre octubre de 2001 y diciembre de 2004 y detectó varias supuestas anomalías.

Y señaló que se transfirieron 17 millones de pesos a la Obra Social de Camioneros para hacer exámenes psicofísicos y dar capacitación a sus asociados, bajo el adelanto del Régimen de Compensaciones de Aranceles "notoriamente desproporcionados" frente a los reintegros, que -se indicó- ascendieron a 1.903.000 pesos.

El tribunal señaló que los adelantos a la Obra Social de Camioneros -que también está en la mira judicial en el caso de la "mafia de los medicamentos"- no habrían sido para los exámenes o la capacitación, sino que habrían sido derivados a cuestiones operativas y de estructura para dar los servicios con los que se suponía ya contaban la entidad, porque así lo indicaba la licitación.

En ese marco, los jueces agregaron que de la pesquisa podrían surgir nuevos delitos.