Causa Kroll: la Justicia se declaró incompetente

Entre Ríos.- En 2000 la agencia de seguridad fue contratada por la Provincia para investigar supuestas irregularidades en el Estado y por ese servicio le pagó 300 mil dólares. 

El Tribunal de Cuentas analizó aquel gasto, y ante la posibilidad de un perjuicio al fisco recomendó iniciar una demanda al ex gobernador ante el fuero civil.

La Justicia se declaró incompetente en una causa que se había iniciado en el fuero civil y comercial contra el ex gobernador radical Sergio Montiel por la contratación de una agencia de seguridad, Holder Associates SA, que aquí se conoció como Kroll.

La empresa, cuya cara visible era Frank Holder, un agente de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA por sus siglas en inglés) que llegó al país de la mano del ex embajador estadounidense Terence Todman, fue traída a la provincia por Montiel para auditar supuestas irregularidades en distintos organismo del Estado. 

Aunque al ex mandatario, que gobernó la provincia entre 1999 y 2003, le cayeron luego sobre sus espaldas dos demandas, ninguna prosperó. En una fue sobreseído, en otra se declaró la incompetencia del tribunal que tenía el juicio a su cargo.

Así lo resolvió el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 1, Juan Carlos Coglionesse, en una causa que había iniciado la ex fiscal de Estado, Claudia Mizawak, hoy miembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a partir de un dictamen del Tribunal de Cuentas. 

En su defensa, Montiel, quien estaba acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público junto a quien ejerció el cargo de secretario general de la Gobernación, Gabriel Ferro, puso en dudas la competencia del juez y también tildó de nulo el dictamen del Tribunal de Cuentas. 

Las causas contra el ex gobernador Montiel partieron de su sucesor.

Cuando el actual presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Busti, asumió la tercera gestión como gobernador de la provincia, en diciembre de 2003, puso especial empeño en investigar la contratación de Holder por parte de la provincia. Busti siempre pensó que Holder había llegado a Entre Ríos con el solo objetivo de investigarlo. 

En una entrevista que publicó el diario La Nación el 4 de marzo de 2001, Holder dio su versión. "Fuimos contratados por el gobernador de Entre Ríos a raíz del programa de entrenamiento que hicimos en la Oficina Anticorrupción. Nos pidió ayuda porque le parecía que los entes autárquicos no tenían un sistema de control adecuado y no tenía gente entrenada en fraude ni en crímenes complejos (...). En algunos casos detectamos indicadores fuertes de actividades irregulares", dijo.

No lo entendió así Busti, que entabló una demanda penal contra Montiel, de la que el ex gobernador radical resultó sobreseído en marzo de 2008. La resolución había sido firmada por los integrantes la Sala Primera de la Cámara Primera en lo Criminal, Hugo Perotti, Ricardo González y José María Chemes, en una causa entablada contra Montiel y Ferro por el delito de presunto fraude contra la Administración Pública.

En su fallo, el tribunal entendió "que el contenido, la extensión, la profundidad e incluso la seriedad de los informes y demás servicios prestados y emanados de la contratada firma -Kroll- no hayan satisfecho el interés de los auditores del Tribunal de Cuentas, o que los honorarios devengados hubieran sido elevados, no significa ni mucho menos que el pago realizado con dinero proveniente del erario público detente la condición o calidad de incausado". 

El convenio de Montiel con Kroll fue firmado el 29 de junio de 2000 y pretendía que Holder Associates SA, Kroll Associates, Kroll Gara Company detectara e investigara fraudes y previniera hechos de corrupción en la Administración Central y entes autárquicos, como el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iaps), Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), Instituto Portuario, Consejo Provincial del Menor y Caja de Jubilaciones y Pensiones.

El contrato fue rubricado por el entonces secretario General de la Gobernación, Gabriel Ferro y el representante de la firma Enrique Zadoff, y fue aprobado a través del decreto Nº 2.970, del 5 de julio de 2000. El costo de la contratación -que fue aprobada por decreto Nº 2.970 del 5 de julio de 2000- fue de 300 mil pesos, que en la era de la convertibilidad y del uno a uno, equivalían a 300 mil dólares. 

Pero la causa penal que pretendió reprochar esa contratación no prosperó; y tampoco ahora la causa civil, que había comenzado a partir de un dictamen del Tribunal de Cuentas. 

Ese dictamen surgió a partir de un trámite de rutina. Cuando un funcionario concluye su gestión, el Tribunal audita de qué modo manejó el dinero a su cargo, y aprueba o desaprueba lo hecho. Si hay objeción, se inicia un juicio de cuentas, del que no se notifica al involucrado sino hasta que el trámite llega a la instancia judicial. Eso pasó con este caso: el Tribunal de Cuentas hizo su informe, observó irregularidades, y remitió todo a la Fiscalía de Estado para que entablara la demanda judicial. 

El Tribunal de Cuentas elaboró un informe y concluyó que la sumatoria de los pagos efectuados a la firma Kroll ascendió a 208.626,76 pesos. Pero, al "no poder demostrarse que la contraprestación" existió, el organismo concluyó en la existencia de un "perjuicio fiscal". Sobre esa base, fue que la ex fiscal de Estado Claudia Mizawak inició en 2007 la demanda en tribunales, en el fuero civil y comercial.

Pero ahora el juez Coglionesse, a cargo de la causa, entendió que no era el camino, y al aplicar la ley de procedimientos administrativos, recomendó que el pleito se debe plantear ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La resolución que adoptó el juez Juan Carlos Coglionesse en la demanda contra el ex gobernador Sergio Montiel es un fallo inédito: es la primera vez que la Justicia se declara incompetente en una causa formada a partir de un dictamen del Tribunal de Cuentas. 

Montiel atizó ese resultado: reprochó el procedimiento que llevó adelante el Tribunal, al investigar su actuación durante un proceso administrativo interno del cual nunca tuvo participación, ni fue citado a declarar. Y por eso pidió, en el transcurso de la causa, que sea declarado "nulo de nulidad absoluta". 

Una fuente que tomó intervención directa en la causa judicial y que tuvo acceso al expediente sostuvo que la defensa se apoyó en la "inconstitucionalidad" de esa investigación, sin participación de la parte acusada, y en la impugnación del fuero para intervenir. 

"Planteó que el tema debía resolverlo el Superior Tribunal de Justicia, y no un juez", explicó.