Cazador cazado: Bahntje investigado por los sobreprecios que denunció

El ministro de Economía Rubén Bahntje es uno de los ex funcionarios del Banco de Tierra del Fuego involucrados en un juicio de responsabilidad por sobreprecio en la obra de ampliación de la sucursal Ushuaia. 

La investigación fue iniciada por el Tribunal de Cuentas, irónicamente a raíz de una denuncia que el propio Bahntje presentó, durante la transición de gobierno, pero luego optó por pagar. Hay casi un millón y medio de pesos como supuesto perjuicio en estos trabajos, licitados en 2007, pero iniciados tras la asunción del ARI, con el corte de cintas a cargo de Fabiana Ríos. Ahora corre el plazo para que Bahntje y los responsables de continuar con la obra cuestionada, se defiendan de la acusación o respondan patrimonialmente por el sobreprecio.

Río Grande.- Una muestra de que las normas no se vuelven operativas según quién las infrinja la constituye una reciente resolución del Tribunal de Cuentas, por la que decide dar inicio a juicios de responsabilidad contra ex funcionarios del Banco Tierra del Fuego por una licitación en la que hubo presunta sobrefacturación.

Se encuentra directamente involucrado el actual ministro de Economía Rubén Banthje, quien irónicamente fue el denunciante de la existencia de sobreprecios en la obra de ampliación y refacción de la sucursal Ushuaia del Banco, cuando presidía el partido y era un mero proveedor del Estado, pero que al asumir el gobierno decidió, como vicepresidente de la entidad junto con las nuevas autoridades del ARI, pagarla e inaugurarla con el tradicional corte de cintas, a cargo de Fabiana Ríos.

El Tribunal consideró que si Bahntje, como denunciante, era consciente de las irregularidades, no debió avanzar en la realización de esa obra y advertir oportunamente la situación a la gestión entrante, por lo cual se encuentra investigado junto con los ex funcionarios de la entidad que llevaron adelante el proceso licitatorio, y los directores que lo acompañaron.

Se trata de los señores Jorge Norberto Cerrota, Baltazar Héctor Fernández, Favio Renán Faletti, Mariano Antonio Sardi, Ramiro Crescendo Sandoval, Jorge Alberto Sevillano, Vicente Eduardo Fernández y Carlos Ignacio Sosa Unzaga, todos ellos autoridades del Banco en el último tramo de la gestión de Cóccaro y primera etapa de la gestión ARI, encargados de las dos licitaciones vinculadas con la obra.

Contra los mencionados y Bahntje, el Tribunal dispuso, mediante resolución N° 89/2009, dictada el 6 de noviembre pasado, iniciar el juicio administrativo de responsabilidad, de conformidad con la acusación realizada por el vocal de auditoría que llevó adelante la investigación. Esto, sin perjuicio de las derivaciones penales que pueda tener el caso.

El discurso del ARI se dio de bruces con los hechos, a partir de la violación reiterada y sistemática de las normas, y la liviandad con la que convierten la información oficial y documentada en meras "versiones periodísticas" cuando las publicaciones les son desfavorables, a gusto y conveniencia de la coyuntura.

Uno de los ejemplos recientes de una negación sistemática pero de patas muy cortas para ser considerada "estrategia", es la información oficial que el gobierno envió a la Nación para acceder al programa de asistencia financiera -PAF-, sobre lo cual este medio realizó una reseña en la que se extraen datos oficiales y certificados sobre el déficit anual declarado por la provincia, y que apenas superó los 50 millones en 2008.

El ministro Bahntje fue el responsable del envío de esa información, pero optó por convertir la documentación en una "versión" y rebajar la información documentada al mero rumor, a riesgo de ser acusado de falsear instrumentos públicos y especulando con la confusión que generan estas desmentidas verbales ante el oyente desprevenido.

Era cuestión de tiempo para que empezaran a asomar los resultados de las pruebas colectadas por los organismos de control y la justicia, y ya son varios los funcionarios patrimonialmente responsables por la violación de las normas, que también deberán explicar su conducta a la justicia penal, oportunamente.

Cabe recordar que tras la derrota electoral en 2007 y la larga transición de seis meses, el ex gobernador Hugo Cóccaro había pedido a todos los organismos que se pusieran a disposición de las autoridades designadas por el ARI para verificar documentación y sondear las cuentas públicas durante ese período. Presidía por entonces el Banco Jorge Cerrotta, y Bahntje fue designado por Ríos para la revisión de la entidad.

Se pudo conocer que solicitó información en general, pero en particular puso el acento en la obra de ampliación de la sucursal Ushuaia. Según fuentes consultadas entre los ex funcionarios coccaristas, no había nada que esconder y se le entregó a Bahntje toda la documentación del proceso licitatorio.

A los diez días y en función de esa información que le fuera brindada, Bahntje presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas pidiendo una investigación por supuesto sobreprecio.

La denuncia fue recibida por quien completó el trío de vocales y luego pasó a ocupar la presidencia del Tribunal de Cuentas en el primer tramo de la gestión Ríos, el contador Rodolfo Fehrmann, la "garantía de transparencia" del ARI en el organismo de control, que poco duró en el cargo y fue premiado con uno de los puestos decisivos en el Ministerio de Economía, donde todavía continúa en funciones.

Fehrmann dio rápido curso al inicio de la investigación, que involucraba a funcionarios de Cóccaro, pero se fue del organismo y continuaron la tarea los auditores. El resultado fue que, si algo había de ilegal entonces, también debería haberlo ahora, puesto que la aplicación de las leyes no depende de qué partido ocupe un gobierno, aunque el actual sostenga con sus actos lo contrario.

El arquitecto Roberto Matach, como arquitecto del banco durante el proceso licitatorio, fue quien esbozó la primera defensa del mecanismo que se siguió, aportando documentación ante el Tribunal de Cuentas mediante la cual se ratificaba el precio ratificando el precio, con un detalle de los 41 ítems que involucraba la obra.

El banco había lanzado oportunamente un concurso de ideas, y quien ganó ese concurso de ideas fue quien se quedó con la dirección de obra, en representación del banco, precisamente Roberto Matach.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, tomó como precios de referencia los valores de construcción de las casas del IPV, haciendo un mix con viviendas de mayor valor en la zona céntrica, pero no efectuó comparaciones contra obras de entidades bancarias donde, según se defienden los coccaristas, se justificaría la diferencia de precio.

Lo cierto es que el Tribunal determinó un sobreprecio de un millón cuatrocientos setenta y nueve mil pesos y dio inicio al sumario.

La posición de Bahntje aparece como la más complicada por la existencia de agravantes, puesto que fue quien denunció la presunta irregularidad que luego terminó concretando.

Aparece así como una figura más grave que el responsable solidario, puesto que los coccaristas defienden la legalidad del precio, Bahntje la niega, y cuando pasa de opositor a oficialista lo paga.

Ahora se encuentran todos en el mismo barco, unos por el inicio y otro por la consumación de la obra. El directorio del Banco cambió, pero Bahntje tuvo un rol protagónico como vicepresidente, y se ampliarían los juicios de responsabilidad a las autoridades que fueron realizando los reemplazos a la interminable lista de recambios del gobierno de Ríos.

En valores, y para recordar, la obra se adjudicó por un monto de 5.600.000 pesos, en septiembre de 2007 y durante la transición de gobierno. Para el Tribunal no debieron pagarse más de 4.200.000, pesos más, pesos menos, de donde surge la diferencia levemente menor al millón y medio.

Los ex funcionarios coccaristas tienen como argumento a favor la consideración diferenciada que debió hacerse por tratarse de una obra de un banco, con más exigencias -y costo- que la construcción de una vivienda común.

Quien se quedó sin argumentos fue el que no consideró válido nada de esto y denunció, pero luego pagó lo que él mismo consideraba incorrecto.

Para el Tribunal, si Bahntje denunció y tenía la sospecha de una irregularidad o sobreprecio, tendría que haber parado la obra, que se adjudicó en septiembre de 2007 pero recién comenzó a construirse en marzo de 2008, con el ARI en el gobierno.