Una investigación de la Fiscal Claudia Geria determinó que la Escribanía de Gobierno no dio cumplimiento estricto a la recepción y/o intimación de declaraciones.

Salta.- Una investigación de la Fiscal Correccional 8, Claudia Geria, determinó que la Escribanía de Gobierno no dio cumplimiento estricto a la recepción y/o intimación de la presentación de las declaraciones juradas de funcionarios públicos durante los años 2007, 2008 y 2009; y que la Auditoría General de la Provincia tampoco cumplió con el control de esa obligación.

En opinión de la fiscal, los deberes de funcionarios no fueron acatados por lo que trasladó todos los antecedentes a la Fiscal Penal 2, María Inés Loyola, quien en el mes de marzo requirió al Juez de Instrucción Formal de 6ta. Nominación, José Alvarado Solá, que cite a prestar declaración indagatoria a los responsables de la Auditoría General de la Provincia. 

Los miembros de la Auditoría gozan de inmunidad y para ser citados a declarar debe seguirse un trámite especial.

La fiscal correccional inició sus actuaciones de oficio en noviembre pasado y averiguó que en el ámbito de la Escribanía de Gobierno no se dio cumplimiento estricto a los deberes que a ese órgano le imponen las Leyes Provinciales 3382 y 6547, relativas a la obligatoriedad de presentar las declaraciones jurídicas de bienes por parte de los funcionarios públicos. 

La Escribanía de Gobierno, a cargo de Víctor Manuel Fernández Esteban, informó a la Fiscalía que no obraban constancias de que en gestiones de los años 2007, 2008 y 2009 se hubiera acatado el mandato específico de perseguir el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas por medio de intimaciones y publicaciones ante su omisión. 

Sobre ese punto, la Fiscalía advirtió que el control fundamental del cumplimiento del régimen de declaraciones juradas ha sido puesto por la ley 7103 en cabeza de la Auditoría General de la Provincia. 

El artículo 32, inciso k, de esa ley dice que la Auditoría General deberá efectuar el control de las presentaciones, del registro y del archivo de las declaraciones juradas patrimoniales, evaluando el grado de cumplimiento de tal exigencia. 

Ante esa omisión, los funcionarios de la Procuración General de la Provincia solicitaron al juez Alvarado Solá que se indague a los auditores.