En los últimos meses, se realizaron 24 auditorías que derivaron en el cierre de tres establecimientos. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías, dijo que en los demás se verificó una evolución positiva. Persisten serios problemas de infraestructura.

El Ministerio de Desarrollo Social retiró el subsidio estatal a otros tres comedores comunitarios de la ciudad por presentar irregularidades en su funcionamiento. El número es significativamente menor a los 40 que se debieron cerrar en febrero último por las mismas causas. Desde entonces y hasta la fecha, se realizaron 24 nuevas auditorías con la Sindicatura General de la provincia, pero esta vez, los resultados sorprendieron. 

"Detectamos una mejora en la prestación respecto de lo que teníamos el año pasado. Seguimos encontrando lugares que no estaban funcionando, pero fueron muchos menos, sólo tres a los que asistimos en distintos días y horarios y nunca estuvieron abiertos", precisó a El Litoral, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías. 

Reconoció que volvieron a aparecer "las clásicas diferencias" entre los beneficiarios declarados y los reales, pero aun así sostuvo que se están "acercando mucho más a la realidad". Del mismo modo, admitió que siguen apareciendo casos de informalidad en los registros o declaraciones juradas, o en la asistencia de los comensales, aunque dijo que también allí "la cuestión está bastante mejor". "Seguimos teniendo una situación irregular en el control de los listados. Pero muchas veces, las fluctuaciones se ven entre un día y otro, con lo cual cuesta identificar a la población real que se está asistiendo. Tenemos necesidad de ir corrigiendo esto para empezar a trabajar más focalizadamente los grupos, sobre todo porque estamos ante la inminencia del comienzo del pago de la Asignación Universal, que va a significar un mayor ingreso para estos sectores vulnerables; vamos a tener que trabajar con otras estrategias, porque esta ayuda hasta podría implicar salir de la asistencia de los comedores", manifestó. 

La mejora 

Consultado sobre las causas que permitieron una evolución positiva en el funcionamiento de los comedores, Farías dijo que son múltiples. 

"Paralelamente a los controles, desarrollamos un trabajo para tratar de formalizar lo más posible la relación entre el Estado y las instituciones que brindan el servicio, que suelen ser muy precarias y sin personería jurídica. Por eso, empezamos a exigir la declaración jurada, para que quedara constatado en algún lugar cuál era la idea que dio inicio a la prestación del servicio porque había comedores sin registros ni actas", comentó. 

El ministro atribuyó el progreso al "trabajo de acompañamiento" pero también a la persistencia de los controles. "La sensación de que puede haber auditorías y de que los controles son sorpresivos, también ayuda a que se tenga más cuidado en lo que se hace", comentó. Por eso, adelantó que mantendrán esta política de verificación, aunque aclaró que para poder masificarla, necesitarían "mucho más" personal del que poseen. 

"Necesitamos tener cortes de control, que no tiene tanto el sentido del control intenso, sino más bien del relevamiento para poder tener en algún momento una idea precisa de toda la población que está siendo atendida por este nivel de prestación alimentaria. A partir de allí -comentó-, uno puede empezar a trabajar focalizando más en algunos grupos, e ir interviniendo sobre las superposiciones de grupos o de lugares de asistencia. Porque hay zonas de la ciudad donde hay muchos comedores en pocos metros y otras donde no hay ninguno", comentó. 

Lo que falta 

Pese a las mejoras, Farías reconoció que aún resta mucho para corregir, por ejemplo, los problemas extremos de infraestructura que padecen los comedores. 

"Antes que nada apuntamos al manejo de los alimentos, y allí están directamente relacionadas las condiciones de seguridad e higiene de los edificios. En algunos casos, hay una excesiva precariedad -reconoció-, y allí nos estamos planteando seriamente la continuidad de esos lugares. Pensamos que puedan funcionar en otro lugar que pueda preverse o que tengan mejores condiciones edilicias. Pero estamos trabajando con un universo de mucha precariedad en las viviendas y también en términos de urbanización, entonces es difícil en un radio razonable para que puedan concurrir los niños, encontrar lugares aptos para los comedores. Por eso funcionamos con las instituciones", explicó. 

Igualmente, descartó que el Estado vaya a construir edificios nuevos. "Nuestra idea siempre es que el comedor comunitario o la copa de leche es un mal necesario; mal en el sentido de que no hay nada que pueda sustituir la mesa familiar. De todos modos, mientras exista precariedad y vulnerabilidad en la población, habrá que mantener este tipo de estrategia", concluyó.