Preocupa a la CGT un informe que emitirá en pocos días la Auditoría General de la Nación sobre el manejo de fondos en la Administración de Programas Especiales y la Superintendencia de Servicios de Salud. Ese fondo dilecto de los sindicalistas que se nutre de retenciones sobre la masa salarial siempre fue puesto bajo la lupa por el destino final del reparto de esa asistencia especial para coberturas médicas de alta complejidad que una obra social común no puede financiar. Para eso se creó, pero terminó siendo la caja preferida de los sindicatos que se la reparten en proporciones que se deciden dentro del mismo sistema. Es, al mismo tiempo, un arma de presión del Gobierno sobre los gremios. Se espera ahora un duro informe de la Auditoría sobre el manejo de esos fondos, lo que no implicaría un ataque directo al Gobierno, pero sí al corazón del financiamiento de la política sindical.

El Colegio de Auditores de la AGN decidió en su reunión del miércoles pasado dar prioridad y «concluir a la mayor brevedad posible las auditorías de gestión en la APE y la Superintendencia de Servicios de Salud, a fin de que puedan culminar en el transcurso del presente semestre».

El comunicado partió después de que el empresario de medicamentos Gabriel Brito, propietario de auditora de farmacias Global Pharmacy, declaró ante la justicia que ya había denunciado irregularidades relacionadas con la venta de medicamentos a obras sociales ante el auditor general, Javier Fernández. Ayer, la AGN recordó que «en su momento el Dr. Fernández tramitó la citada actuación de acuerdo con los procedimientos administrativos internos previstos en la AGN».

Brito, que figura como aportante en la campaña de Cristina de Kirchner en 2007, fue detenido el viernes pasado, acusado por supuesta extorsión y presunta asociación ilícita en el marco de la causa que investiga la llamada mafia de los medicamentos.

Negocios

Durante los tres días que duró su indagatoria, Brito aseguró, además, que el ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y recaudador de la campaña presidencial, Héctor Capaccioli, «hacía negocios» junto con Néstor Lorenzo, también procesado en la causa, titular de droguería San Javier, con las carpetas de pago del APE a sindicatos.

La distribución de esos fondos para prestaciones especiales fue central en la reunión entre Cristina de Kirchner y Hugo Moyano el miércoles pasado. Allí, la CGT le reclamó a la Presidente que apure la liquidación de la deuda por los fondos de la APE que mantiene el Estado con las obras sociales.

Dudas

Los Kirchner nunca se desesperaron por entregar esos fondos a los sindicatos. La Presidente, especialmente, siempre dudó del monto que se les debería reconocer de ese fondo para asistencias especiales que, al repartirse en casos de urgencia, no tiene un protocolo de reparto automático, y por lo tanto, su distribución entre los sindicatos siempre despierta sospechas.

De hecho, Cristina de Kirchner abrazó desde el principio, en su momento junto a Graciela Ocaña, la idea de liberar con cuentagotas los fondos (lo que se hace cada tanto) mientras se investigaba la verdadera deuda. En tanto, el efectivo sigue en las arcas públicas.

El miércoles, cuando Moyano le reclamó por la recaudación de la Administración de Programas Especiales y la forma en que se deben liquidar, la Presidente prometió consultar con el Ministerio de Salud, pero también con la AFIP para determinar «con exactitud la deuda», según relataron los propios sindicalistas presentes.

La AGN está por estos días complicada también con otras dos tareas que le ordenó la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso: auditar el canje de deuda y la relación comercial con Venezuela por la compra de fueloil a ese país y la venta de alimentos y maquinaria argentina. Como el fideicomiso que se había anunciado para esas operaciones nunca fue creado, los auditores deberán ahora reconstruir toda esa historia y para hacerlo viajarán a Venezuela, donde supuestamente deben hacerse las compensaciones por esas compras y ventas, en medio de la guerra entre el oficialismo y la oposición por las denuncias de supuestas coimas pedidas a empresarios para habilitarle negocios con el chavismo. En realidad, en la AGN nadie se imagina que los contadores porteños, que serán enviados allí por la Auditoría para pedirle papeles a Hugo Chávez, puedan sobrevivir en la investigación mucho más allá de los límites del aeropuerto de Maiquetia.