Publicado: 26-06-2011

Tierra del Fuego.- El abogado Félix Santamaría denunció ayer a la gobernadora Fabiana Ríos, al ministro de Economía Christian Ruiz y al ministro de Obras Públicas Manuel Benegas, por la compra directa de alimentos y productos de limpieza sin licitación ni concurso de precios. La suma anual involucrada supera los 15 millones y se habrían obviado normas y pasos administrativos con el argumento de una emergencia. Semanalmente se gastarían 300 mil pesos en un supermercado, sin siquiera un descuento por compra mayorista y con una selección "arbitraria" del proveedor. El Tribunal de Cuentas había objetado los expedientes, que se pagaron igual.

El gobierno contrata "en forma directa la suma $15.600.000 por un año sin licitar o concursar, sin publicar o invitar a otros efectores interesados sin publicidad-, y en donde la elección del proveedor es arbitraria asegurándole la totalidad de la prestación por un año. Honestidad y Transparencia", señala el abogado Félix Santamaría en la denuncia radicada ayer, en sede penal. 

El abogado acusa a la gobernadora Fabiana Ríos, al ministro de Economía Christian Ruiz y al ministro de Obras y Servicios Públicos Manuel Benegas, sin perjuicio de que la investigación judicial encuentre otros responsables en la cadena.

El delito que les imputa es el de "peculado, malversación de fondos públicos, defraudación por administración infiel en perjuicio de una administración estatal, aún en grado de tentativa en concurso ideal o real con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La acusación está referida a la compra directa de alimentos y productos de limpieza que viene realizando el gobierno desde el inicio de la gestión, para provisión de comedores escolares y copa de leche, y limpieza de establecimientos educativos, al supermercado La Anónima.

En principio, fue con la excusa de la emergencia al momento de asumir, pagos pendientes a proveedores, y la necesidad de brindar el servicio a los alumnos, aunque esta metodología había dado inicio a una investigación y observaciones del Tribunal de Cuentas.

A fin del año pasado y comienzos del año en curso, la gestión Ríos sumó otro agravante, con el aumento del fondo destinado a estas compras, que pasó de 250 mil pesos a dos millones, sin proceso inflacionario que justifique tal aumento.

Ríos dictó dos decretos citados en la presentación, uno el 11 de noviembre de 2010 y el otro el 29 de marzo de 2011, mediante el cual "autorizaron aumentos desproporcionados en fondos permanentes y adquisición de bienes e insumos mediante contratación directa, sumas varias veces millonarias, bajo pretexto de una supuesta emergencia de provisión de alimentos e insumos de limpieza en el ámbito del servicio de Comedores Escolares, Copa de Leche y Limpieza de los establecimientos educativos de la Provincia".

Según el denunciante, la emergencia no está acreditada mediante pautas objetivas, y de hecho no habría podido resolverse en más de tres años de gestión, por lo tanto se violan "expresas normas en materia de contratación del Estado provincial".


La investigación de Santamaría parte de la publicación de un blog anónimo sobre el decreto dictado por Ríos este año para poder continuar con la compra directa de alimentos y productos de limpieza, obviando el proceso de licitación y concurso de precios que exigen las normas.

Allí se habla de un monto de dos millones como fondo permanente, manejado por el Ministro de Economía, para cubrir compras semanales de alrededor de 300 mil pesos.

"Luego de leer dicha publicación me llamó mucho la atención los montos en juego para utilizar el método de contratación directa para adquirir insumos alimentarios y de limpieza. Según el decreto señalado, el gasto rondaría en 300.000 pesos por semana, ello sin mediar prueba alguna. Por 52 semanas que dura la ?emergencia?, equivalen a 15.600.000 pesos sin ningún procedimiento licitatorio, lo que me pareció un verdadero despropósito", dice Santamaría en su presentación.

También cita un antecedente de junio de 2008, cuando la gobernadora debió prestar declaración por la compra directa de insumos, "donde se advierte que la actual administración gubernamental ordena la emisión de órdenes de pago a proveedores, entre ellas al Supermercado La Anónima, por sumas considerables en similares características a la investigadas en dicha causa, invocando los funcionarios, los anteriores y los actuales, razones de urgencia o políticas".


Como hecho novedoso y reciente, el denunciante hace referencia a la declaración que prestó el 8 de junio de 2011 el contador Emilio May, integrante del Tribunal de Cuentas, en su ampliación de indagatoria. Allí "hace mención a una serie de graves irregularidades de la actual administración provincial, como el pago de expedientes con observación legal insalvable por insumos para comedores escolares, y la primera e ilegal ampliación del fondo permanente para atender los gastos de comedores escolares y limpieza".

Esa ampliación del fondo se dio mediante el dictado del Decreto N° 2806/10, y pasó de un monto de 250 mil pesos a Un Millón Quinientos Mil (luego incrementado a dos millones) "sin mediar emergencia alguna, y vulnerando expresas normas de contratación y de actualización de los montos de los fondos permanentes".

Para Santamaría hay "sospecha suficiente" de que las compras están dirigidas "a un solo proveedor en ese rubro".


El denunciante recuerda el artículo 74 de la Constitución, que dispone contrataciones mediante normas específicas que deben observar un "procedimiento de selección y una previa, amplia y documentada difusión"; también la ley territorial N° 6 que en su artículo 25 establece que "todo contrato se hará por licitación pública cuando del mismo se deriven gastos y por remate o liquidación pública cuando se deriven recursos", con la observación de que la norma admite "licitación privada o concurso de precios" en determinadas circunstancias.

Para proceder a una contratación directa, como las que viene haciendo el gobierno, debe haber existido una licitación previa desierta, o mediar "probadas razones de urgencia".

En cuanto a la metodología de actualización de los fondos permanentes, recuerda que la Ley Territorial N° 6 es clara y prevé una actualización anual del Poder Ejecutivo "en función del índice de precios implícitos en el producto bruto interno al costo de factores, que determine el organismo técnico nacional correspondiente".

El Dr. Santamaría alude a la reglamentación que hizo el gobierno de esa disposición, mediante decreto dictado el 11 de marzo de este año, y publicado un mes después, por el cual el monto se actualiza de acuerdo a "la variación entre los meses de diciembre de cada año, de los índices de precios mayoristas que publica el INDEC".

De acuerdo a la ley de contabilidad, "el porcentaje de variación de precios para fondos permanentes entre el decreto original y los sospechados equivale al 86,73%, sensiblemente inferior al aumento entre el 600% y 800% respectivamente establecidos en dichos actos administrativos, tal como fuera advertido por el Contador May en su declaración".

Subraya que el acto administrativo firmado por Ríos y el ministro Ruiz "sin emergencia alguna" disponen "una ampliación del 600% del fondo permanente. Existe inflación, pero nunca la hiperinflación reconocida en los sospechados decretos".


El denunciante llama la atención sobre la justificación del gobierno al momento de sostener el estado de emergencia y prorrogarlo por un año más, a fin de que se pueda habilitar la contratación directa. En los argumentos oficiales se mencionan los sucesivos fracasos en los llamados a licitación, que quedaron desiertos o parcialmente desiertos, en una situación que no se pudo resolver en más de tres años.

"La supuesta emergencia invocada tiende asegurar la contratación directa por un año calendario por una suma de pesos trescientos mil por semana, y no se encuentra debidamente justificada por dictámenes e informes técnicos objetivos", asegura el letrado.

"También el contador MAY en su declaración del 8 de junio de 2011, aporta datos esenciales sobre el particular, en especial la Resolución Plenaria N° 0006 de fecha 13 de enero de 2010, por violentar principios esenciales de contratación, afectando el principio de igualdad, en materia de adquisición de insumos para comedores escolares, con observaciones insalvables, y aún así se ordenó el pago", indica en un párrafo de la presentación penal.

Luego de citar jurisprudencia, e incluso un fallo de la Corte fueguina que la tuvo a Ríos como protagonista en otra causa donde se debatió la procedencia o no de la emergencia, el Dr. Santamaría destaca que "el conocimiento de la ilegalidad de la declaración de emergencia (prueba del dolo) por parte de la Licenciada Ríos es evidente, pues sabía perfectamente la necesidad de pautas objetivas, por su labor legislativa, tal como lo reconoció el propio Superior Tribunal provincial, máxime cuando intentó previamente aprobar la ampliación hiperinflacionaria de los fondos permanentes en el mes de noviembre de 2010, por el decreto 2806 tal como lo fue advertido por el Contador May".


Otro aspecto que toma en cuenta el denunciante, es la compra directa y sin descuentos, es decir a precio de góndola, cuando el monto involucrado (300 mil pesos semanales) debería permitir al gobierno exigir algún tipo de bonificación.

El decreto reglamentario de Ríos habla de una forma "arbitraria" de selección, sobre precio de "góndola" (léase precio para consumidor final cuando por el monto de adquisición semanal de $300.000 puedo conseguir ofertas, quitas o precio mayorista) "en base de un cuadro comparativo de listados de precios de tres proveedores en forma trimestral, los cuales no tienen participación alguna en el proceso de selección, y la intervención de uno u otros se da exclusivamente si uno se ve imposibilitado de cubrir la prestación".

En síntesis, el gobierno contrata "en forma directa la suma $15.600.000 por un año sin licitar o concursar, sin publicar o invitar a otros efectores interesados sin publicidad-, y en donde la elección del proveedor es arbitraria asegurándole la totalidad de la prestación por un año. Honestidad y Transparencia", ironiza Santamaría. 


Entre la prueba documental, el abogado aporta copia de la ampliación de la declaración del CP Emilio Enrique May, extractos de boletines oficiales donde se publican decretos y resoluciones plenarias citadas en el escrito; más un cálculo de variación de índices e índices públicos por el INDEC en su página web oficial.

Como prueba informativa, pide que se libre oficio al Tribunal de Cuentas para que remita antecedentes, observaciones y objeciones legales a las compras realizadas por el gobierno en materia de alimentos e insumos de limpieza, para comedores escolares y copa de leche.

Además solicita el secuestro de documentación en las dependencias oficiales, a fin de recabar todos los originales de la prueba citada en la denuncia, en particular las compras al Supermercado La Anónima. 

También solicita "se ordene pericial contable a los efectos que se expida la metodología de actualización de fondos permanentes, e indique cuáles son las pautas objetivas para la declaración de una emergencia y si el método de contratación directa implementado se ajusta a la normativa vigente".

Finalmente se pide declaración testimonial, entre otros, al Contador May, para que ratifique sus declaraciones en lo pertinente y amplíe sus dichos.