En la última sesión ordinaria que se llevó a cabo el pasado jueves, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que crea la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, organismo encargado de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que dentro del ámbito municipal se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y por el Código de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

La misma lleva el número 3.819 y, ahora, deberá ser promulgada por el Ejecutivo municipal cuya gestión siempre ha abogado por la transparencia.

De acuerdo a la norma basada en un proyecto presentado por el bloque de la Coalición Cívica y acompañada por el resto de los bloques parlamentarios con algunas modificaciones, su ámbito de aplicación comprende a toda la administración pública municipal ya sea centralizada como descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado comunal o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, en este sentido Aguas de Zárate entra dentro de la órbita de aplicación.

El responsable de esta área será propuesto por los bloques políticos opositores que tengan representación en el Cuerpo Legislativo y la designación definitiva debe realizarse durante una sesión pública especial convocada para tal fin siguiendo los mismos procedimientos con los cuales se designan a las autoridades deliberativas.

"Debemos aceptar y hacer nuestro el imperativo categórico de la mejora permanente de nuestras instituciones democráticas", reza uno de los considerandos de la ordenanza sancionada. "Una actitud de transparencia y colaboración debe caracterizar la gestión municipal, ofreciendo las herramientas necesarias para transparentar el ejercicio de la función pública y el uso de los recursos propiedad del erario público", agrega.

Además, los concejales consideran que "toda conducta contraria a la ética por parte de un funcionario público no sólo es un demérito para quien realiza la falta sino que además en su accionar se desprestigia a toda una estructura política y administrativa".

La oficina tendría categoría de dirección y dependería de la intendencia municipal y su titular duraría en funciones dos años, pudiendo ser reelegido por una única vez.

Entre las competencias de esta dependencia municipal se encuentran la de recibir denuncias tanto de vecinos como de agentes públicos, investigar preliminarmente a los funcionarios a los que se atribuya la comisión de algún hecho de corrupción sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga, denunciar ante las autoridades competentes inmediatas los hechos que, como consecuencia de las investigaciones, pudieran constituir delitos y constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado.

Por otra parte, la oficina deberá publicar anualmente un resumen de sus actividades.

En caso de promulgar la ordenanza, el Ejecutivo debería poner en funcionamiento la nueva dirección en un plazo de sesenta días.