Condenaron a Pepa a tres años de prisión en suspenso

General Pico.- El ex intendente de Alvear, Oscar Pepa, fue condenado ayer con 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al ser considerado penalmente responsable de distintos delitos de ‘fraude en perjuicio de la administración pública‘ e ‘incumplimiento de los deberes de funcionario público‘, dados en el marco del sonado caso de las cloacas de Alvear que tardó una década en debatirse.

Asimismo, el Tribunal de la Cámara del Crimen de esta ciudad, también condenó al ex tesorero del municipio alvearense, Omar Ghisio, a cumplir 2 años y 6 meses de prisión en suspenso y -al igual que Pepa- lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos.

También resultaron condenados Jorge Rodríguez y Andrea Bensi, dos apoderados de empresas constructoras que a fines de los años ’90 desarrollaron parte de la polémica obra pública. El primero recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso y la segunda de 2 años, también en suspenso.

Por otra parte, el fallo de los jueces Alfredo Alonso, Florentino Rubio y Fabricio Losi ordenó que ‘se corran vistas al fiscal de turno‘ para que éste investigue si otras personas cometieron delitos de acción pública en torno a la obra de red cloacal que a fines de los ’90 se ordenó en Intendente Alvear por más de 18 millones de pesos / dólar, cuando su valor real era de unos 6 millones y medio, según determinó un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

La lectura de sentencia, programada para las 18:00 de ayer, comenzó con media hora de retraso y estuvo a cargo de presidente del Tribunal, Alfredo Alonso; quien aclaró que se trataba de un ‘inmenso fallo‘ y por ello sólo dio lectura a la parte dispositiva del mismo, consistente en distintos puntos.

En el recinto sólo se encontraron presentes Oscar Pepa y Omar Ghisio, junto a sus abogados defensores Francisco Marull y Armando Rodríguez, y numerosos familiares y amigos de los dos imputados.

Los grandes ausentes fueron los apoderados de las empresas Jorge Rodríguez y Andrea Bensi, al igual que sus abogados Hernán Elizondo y Norberto Paesani, aunque este último ya había anunciado que para esta fecha se encontraría de viaje, fuera del país.

El camarista Alonso leyó un total de siete puntos resolutivos. En el primero el Tribunal rechazó ‘cuestiones preliminares‘ planteadas por las defensas de Pepa y Ghisio, buscando la nulidad de la causa y la prescripción del supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos; y en los siguientes cuatro condenó a todos los imputados por ‘fraude en perjuicio de la administración pública‘, con costas; e inhabilitó a Pepa y Ghisio para volver a ejercer cargos.

En tanto, cabe destacar que sólo las condenas dictadas para Bensi y Ghisio coincidieron con lo que el pasado viernes 18 solicitó el fiscal Carlos Salinas en su alegato. La diferencia está dada en que Salinas pidió 3 años de ‘prisión efectiva‘ para Pepa y Rodríguez, quienes culminaron sancionados con prisión en suspenso.

Por otra parte, uno de los puntos destacados del fallo fue el Nº 6 que ordenó correr vistas al Agente Fiscal de turno en la Segunda Circunscripción (actualmente Carlos Pellegrino) ‘a los fines de la eventual promoción de acción por delitos de acción pública‘. Para ello el Tribunal también dispuso que el fiscal reciba una copia certificada del fallo ‘y de las actas de audiencia de debate‘.

El pedido de una nueva investigación está dado en la posibilidad de que ‘otras personas‘ que no estuvieron en el banquillo de los acusados tomaron parte del ‘ardid‘ en perjuicio de la administración pública.

El debate oral y público se celebró en esta ciudad durante ocho audiencias, en las que se escucharon distintos nombres en torno a la obra pública de Alvear, como Oscar Negrotto (ex funcionario marinista) y Rubén Queirolo (un supuesto ‘asesor externo‘ de empresas constructoras interesadas en este tipo de proyectos).

En tanto, también resultó cuestionable que algunos importantes empresarios de la construcción sólo fueron convocados por la Justicia pampeana como ‘testigos‘ en lugar de figurar como ‘imputados‘ por algún supuesto delito. Entre ellos José Floricia (suegro de Bensi y titular de Consnor) y Enrique Halcak (dueño de la firma neuquina Peyuhue que, sin figurar en la UTE, tenía a su cargo más del 50 % de la obra en Intendente Alvear).

En el extenso fallo, al que ayer accedió El Diario, el Tribunal describió una sucesión de hechos que se iniciaron el 31/07/97 cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 19/97 que declaró de interés municipal la obra ‘red cloacal domiciliaria y planta de tratamiento de líquidos cloacales‘ para Alvear, y autorizó al Departamento Ejecutivo a contratar empresas a ‘costo- riesgo‘ y a buscar alternativas de financiamiento, que luego surgieron del Ministerio del Interior de la Nación a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La obra comenzó a ejecutarse en febrero de 1999 y se paralizó en diciembre de ese año, por falta fondos, luego que se enviaran alrededor de 10 millones de pesos / dólar.

Dicha paralización levantó sospechas de ‘irregularidades‘, tanto en el trámite de contratación como en la ejecución de la obra y una sobre valoración de la misma.

Por lo tanto, lo que siguió fue una denuncia penal de ex diputados provinciales de la Alianza, que permitió establecer que la obra no contó con ‘licitación pública‘ como correspondía, principalmente a partir de su exorbitante monto; y por otro lado conocer que el valor real de la misma era de $ 6.566.486,92, según determinó la SIGEN.

Diez años después la Justicia piquense juzgó el caso y dictó condenas para cuatro acusados; pero cabe remarcar que en el futuro cercano las defensas apelarían el Fallo, por lo que la historia promete continuar.