Confirman separación de un empleado por fraude al erario público de Santa Cruz

El ministro secretario General de la Gobernación, Gustavo Martínez, y el presidente de la Caja de Previsión Social, Marcial Cané, aportaron información sobre las alternativas del caso de defraudación al erario de la Administración Pública Provincial, cometido con fondos patronales y provisionales de los ex empleados bancarios, estimados en 394 mil pesos.

El ministro Gustavo Martínez, acompañado por Marcial Cané, ofreció detalles sobre la denuncia por defraudación al erario público. 

Martínez fue taxativo al comentar que "cuando surge la diferencia de montos, se avanzó en la denuncia penal, en poner en conocimiento al Tribunal del Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, y se inició el sumario administrativo que, hasta al momento, resultó en la separación preventiva de un agente".

"En cuanto a la justicia -acotó-, pusimos a su disposición toda la documentación y sé que están yendo a declarar diferentes personas conforme van siendo citadas, en tanto que el Tribunal de Cuentas me comunicó que, mediante Resolución Nº 405, se abrió un juicio administrativo para investigar el presunto perjuicio patrimonial a la administración provincial".

Tras enfatizar que "el Gobierno provincial tiene una clara decisión de avanzar en este tema hasta que se esclarezca totalmente y los responsables se hagan cargo de la situación en la forma en que la justicia decida", hizo una reseña de todo lo acontecido.

En ese sentido, reveló que "la situación de defraudación se detecta sobre los aportes de 31 agentes considerados dentro de la normativa de ex empleados bancarios". "Normalmente, la Dirección Provincial de Administración del Ministerio recibe los cheques provenientes de Economía con el subsidio total y antes de su depósito en el Banco Santa Cruz, el área desglosa el monto escribiendo en el reverso del documento los diferentes montos que van a los distintos organismos, para cumplir con los aportes patronales y provisionales que corresponden a cada trabajador".

"El área -continúo- emite el cheque con las imputaciones y se va al Banco Santa Cruz para hacer el depósito correspondiente y para que la entidad bancaria envíe los fondos a las diferentes entidades de acuerdo al detalle que se le acercó. La maniobra no fue detectada con anterioridad porque cuando nosotros recibíamos la parte de la boleta de depósito que nos correspondía, esta volvía con los sellos exigidos por ley y el monto imputado sin correcciones de ninguna naturaleza".

"Ahora bien, si por ejemplo nosotros tenemos registrado que se depositaron 37.822 pesos, pudimos corroborar que la parte de boleta de depósito que recibía la Caja de Previsión Social, contaba una operación por 22 pesos, es decir, se tomaban solamente las últimas cifras y ese número era el que se depositaba".

Consultado sobre cómo fue detectada la operación, el ministro Martínez señalo que "el que nos dio aviso de la irregularidad fue el Banco Santa Cruz, porque acusó movimientos en cajas de sueldo personales con dimensiones de montos que llamó la atención de la Administración Federal de Ingresos Públicos".

En cuanto al monto total que está involucrado en la defraudación, Martínez precisó que "tenemos los que corresponden al ejercicio en curso, es decir, al año 2009, que rondaría los 394 mil pesos aproximadamente. Como el proceso de investigación va a abarcar otros períodos para saber cuándo comenzó la irregularidad, vamos a esperar la determinación de la justicia para saber, exactamente, a cuanto accede el perjuicio".