Salta.- "Me interesa saber si la Auditoría, a través de su área Legal, evaluó la procedencia de iniciar acciones judiciales por el daño que se haya ocasionado a la provincia", manfiestó

La Auditoría General de la Provincia emitió un informe acerca de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la auditoría integral al proceso de contratación de kits escolares que el Gobierno provincial distribuyó en las escuelas salteñas en el año 2008.

Salta.- Luego de un pormenorizado análisis de documentación y de situaciones, el ente auditor efectuó 54 observaciones. De éstas, el Ministerio de Educación sólo respondió 34, respuestas que la Auditoria consideró "inconsistentes".

Las 20 observaciones restantes directamente no fueron respondidas por el Ministerio. Entre las recomendaciones efectuadas por el colegio auditor, la más relevante consiste en impulsar sumarios administrativos internos, "tendientes a la determinación, delimitación y graduación de las responsabilidades administrativas a que hubiere lugar en el proceso de contratación examinado".

La conclusión de la Auditoría es que "El Ministerio optó por un procedimiento - contratación directa, modalidad libre elección por negociación directa - que no es el que se correspondía con la naturaleza y características de la contratación de los kits escolares. Tampoco ha respetado las normas que regulan el procedimiento elegido". 

Irregularidades manifiestas 

De la lectura y análisis del informe elaborado por la Auditoría General de la Provincia, se deduce que en la contratación de los kits escolares se incumplieron abiertamente las normas de contratación vigentes en la Provincia.

La contratación directa, como se hizo, era claramente improcedente, ya que no existía la urgencia y la emergencia invocada para justificar esta modalidad. Al respecto, la Auditoría señala que estos supuestos no fueron acreditados y que lo que correspondía era el procedimiento de licitación pública. 

Existen innumerables informalidades administrativas en todo el proceso de contratación, como incumplimiento de las normas de procedimiento, registro de movimiento de expedientes, sellos, registro de ingresos, etc. Esto permite suponer que hay documentación que fue incorporada a posteriori con el propósito de hacer aparecer como prolijas las numerosas falencias en el expediente. Un ejemplo lo constituye la presencia de la cotización de dos imprentas sin las formalidades administrativas correspondientes, al parecer agregadas después de la adjudicación directa a la empresa Cartoon. 

Además, existen dudas sobre la autenticidad de firmas, no existió control ni consta quiénes fueron los responsables del contenido de las publicaciones, como tampoco hubo control de la ejecución del contrato ni de la distribución del material.

El Ministerio de Educación no confeccionó pliego alguno para esta contratación, lo que impide determinar sanciones en caso de incumplimiento. En consecuencia, a pesar de los graves errores detectados, la firma editorial no recibió sanción alguna. 

Antecedentes

En abril de 2008, la diputada Virginia Cornejo (PPS) solicitó, a través de un proyecto de Resolución, la intervención de la Auditoría General de la Provincia para analizar en forma integral el proceso de contratación de los kits escolares que el Gobierno de la Provincia había distribuido en las escuelas salteñas. El objetivo era "despejar dudas" acerca de la forma en que se resolvió dicha contratación. 

La legisladora de Propuesta Salteña consideraba que había "demasiados cabos sueltos" en la cuestión, razón por la cual solicitaba también que la Sindicatura General informara sobre su intervención o no en este asunto, que significó una erogación cercana los $ 7.000.000 sin la necesaria transparencia en los trámites de rigor. 

La Auditoría General de la Provincia efectuó una auditoría financiera, de legalidad y gestión de la contratación de los kits escolares realizada por el Ministerio de Educación al inicio del ciclo lectivo 2008, sobre la cual emitió el informe que se comenta más arriba. 

Acciones futuras 

La diputada Cornejo consideró que "con este informe tenemos elementos suficientes para formular una denuncia ante la Procuración General de la Provincia, al margen de que la Cámara de Diputados haga el análisis que le corresponde".

Asimismo, la legisladora adelantó que evaluará solicitar a la Cámara que determine la responsabilidad política de los funcionarios que intervinieron en el proceso de contratación.

"Como miembro del Poder Legislativo me interesa saber si la Auditoría, a través de su área Legal, evaluó la procedencia de iniciar acciones judiciales por el daño que se haya ocasionado a la Provincia", expresó Virginia Cornejo.