Publicado: 13-12-2009
 
Los 7.600 kilómetros de rutas nacionales concesionadas son objeto de críticas permanentes desde la oposición y los órganos de control, como la Auditoría General de la Nación (AGN). Si bien los especialistas admiten que esas rutas (la 9 de Buenos Aires a Córdoba, o la 14 por la Mesopotamia, por citar las más importantes) son las de mejores condiciones, también las cuestionan porque son rentables (cobran peaje) e invierten poco.

De acuerdo a los contratos de concesión, que están todos vencidos en noviembre de 2008 pero se siguen ejecutando, las empresas sólo gastan en mantener las rutas, pero no en obras de ampliación, que están a cargo del OCCOVI, un organismo del Ministerio de Planificación. Según los informes de la AGN de 2006 y 2009, los concesionarios anuncian obras que hacen tarde o no hacen, y por montos "muchas veces incomprobables". Para dar un ejemplo, el 63 por ciento de los costos que declaran son de "corte de pasto, malezas y limpieza". Apenas el 10% lo invertirían en el mantenimiento del asfalto.

Un informe de la Coalición Cívica, a cargo del diputado Juan Carlos Morán, revela que desde noviembre de 2003 hasta julio de 2009, los seis corredores viales concesionados recaudaron por peajes $848.795.785, unos 283 millones de dólares. "Además -indica- se les compensaron 100 millones de pesos en obras y se les cobraron apenas 2,3 de los 18,3 millones de multas" que les impusieron.

Para Morán, los gobiernos del kirchnerismo han apostado fuerte al transporte vial, dejando de lado el ferroviario o el fluvial, "para consolidar una matriz de corrupción". Y sigue: "El 84% de las mercaderías que se trasportan en nuestro país lo hacen por camiones, el 14% por ferrocarril y sólo el 1.5% por vía fluvial. Esto se agrava si tenemos en cuenta que uno de los sindicalistas más allegados al poder, el actual secretario general de la CGT y líder del sindicato de los camioneros, el señor Hugo Moyano, constantemente hace lobby para favorecer al sector terrestre".

Quien debe controlar el sistema es el OCCOVI. Pero según la AGN, no lo hace: "Ni siquiera evalúa con la periodicidad mínima el estado de la cinta asfáltica", asegura la última auditoría. Las obras viales han generado denuncias penales y hay al menos seis que se investigan en la Justicia federal porteña. La más importante la tiene el juez Norberto Oyarbide y apunta contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.