El gobierno bonaerense profundizará la utilización del superávit del IPS para cubrir gastos corrientes. El presupuesto 2010 autoriza la emisión de letras de Tesorería por hasta $ 2.500 millones. Representantes de los jubilados insisten con su reclamo en la Justicia y emprenden una ofensiva en la Legislatura.

El gobierno bonaerense volverá a meter mano en los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) para intentar hacer frente a su abultado déficit. La situación puso en alerta a jubilados y pensionados de esa entidad, que comenzaron a movilizarse contra lo que consideran que constituye "un saqueo" de los recursos que deberían servir para garantizar los haberes de la clase pasiva bonaerense.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo tiene previsto emitir el año que viene -así está contemplado en el proyecto de Presupuesto 2010- letras de Tesorería por $ 2.500 millones, que estarían destinadas principalmente a hacer uso de los recursos superavitarios del IPS. Cabe destacar que durante el presente año se emitieron 747 millones en letras.

En realidad, este mecanismo no es nuevo. Fue una creación del gobierno de Eduardo Duhalde en 1997, que en aquel momento lo instrumentó como una suerte de asiento contable. Pero su uso se extendió durante el gobierno de Daniel Scioli al punto que el año pasado pasó de tener un total $ 498 millones en letras a $ 1.800 millones, a los que se sumarían este año $ 747 millones.

"Las letras tienen un vencimiento de 365 días, pero en los últimos años no se realizó ningún rescate. El gobierno está tomando este dinero de todos como si fuese suyo, lo que viola la Constitución", afirmó a Hoy, Miguel Pouzo, presidente de la Asociación por la Defensa del Sistema Previsional bonaerense. Y remarcó que su entidad presentó una ampliación de la demanda que tramita en la Suprema Corte bonaerense, donde se pide la "inconstitucionalidad" de la medida que habilita el uso de recursos previsionales para cubrir gastos de caja.

Pouzo alude al artículo 40 de la carta magna bonaerense, que establece que "el sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a cargo de entidades con autonomía económica y financiera administradas por la Provincia".

La pregunta del millón

El gran interrogante pasa por saber qué ocurrirá en caso de que la Provincia agrave su crisis económico financiera y, ante una eventualidad, no pueda reponer los más de 2 mil millones de pesos que le adeuda al Instituto previsional. La incertidumbre llevó a que desde Adesip se enviara una carta a los jefes de bloque a fin de alertar sobre esta situación y pedir que se modifique el proyecto de Presupuesto 2010. 

"Nosotros consideramos que, en todo caso, se podría haber prestado una parte, y no todo el superávit. Incluso, con todo este dinero se podría haber dado préstamos a los jubilados, en lugar de que vaya a rentas generales. No sabemos lo que están haciendo con nuestro dinero. Y lo peor es que lo quieren seguir haciendo", afirmó Pouzo.

Según el artículo 43 del presupuesto 2010, se fija en $ 2.500 millones, o su equivalente en moneda extranjera, el monto máximo para autorizar a la Tesorería General de la Provincia a emitir letras del Tesoro. "Las letras podrán ser emitidas por un plazo máximo de hasta 365 días contados a partir de la fecha de su emisión, pudiendo su reembolso exceder el ejercicio financiero de emisión", dice el proyecto que el sciolismo pretende aprobar antes del recambio legislativo de diciembre.

Agrega: "Los servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a la emisión de las letras del Tesoro serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia. El ministerio de Economía podrá afectar para el pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos y/o en garantía de los mismos, como así también ceder como bien fideicomitido, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica y los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos".

El cambio

Según afirman desde Adesip, hasta antes del momento de dictarse el presupuesto del año 2009, "se estableció la separación presupuestaria de ambas cajas, en línea con la aludida garantía constitucional y en atención a la naturaleza parafiscal de los recursos y que el fondo destinado a la previsión social no es parte integrante del erario público". Pero todo cambió este año, y todo indica que se utilizará el mismo camino en 2010. 

También consideran que la disposición compulsiva de utilizar los resultados positivos de las cajas previsionales, para cubrir gastos ordinarios de la administración provincial, es "una medida que lesiona el derecho de propiedad de los entes previsionales".

Eso se suma a la posibilidad de que en algún momento se cumpla con el denominado convenio 400, que firmó la Provincia y la Anses durante el gobierno de Felipe Solá, y que consiste en la armonización de los sistemas previsionales. Eso significaría, lisa y llanamente, la eliminación del régimen de movilidad que hace que el salario de los jubilados y pensionados del IPS estén atados a los haberes de los trabajadores activos de la administración pública, por lo que cada aumento que reciben los activos tiene su correlato en los haberes de los pasivos. En cambio, a nivel nacional, recién el año pasado se instauró un mecanismo de movilidad, cuyo índice de actualización está muy por debajo de las cifras de inflación que reconoce el INDEC.

$145 millones para la caja del Bapro

El proyecto de Presupuesto 2010 contempla la emisión de un título público provincial de $ 145 millones para entregar a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la provincia de Buenos Aires, a fin de cancelar el déficit de dicha caja.

"Los servicios de amortización, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento serán afrontados a partir de las rentas generales de la Provincia. El Poder Ejecutivo podrá afectar para el pago de dichos servicios de capital, intereses y demás gastos asociados a este endeudamiento, y/o en garantía de los mismos, cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica y los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos", dice el proyecto.

Explicaciones sobre el excedente

¿Por qué son superavitarias las cajas de la Provincia, tanto la de Policía como el IPS? Según el ex diputado Pablo Luchessi, titular del Instituto de Acción Cívica y Planificación Estratégica, "este superávit anual (en 2008 fue de 766 millones de pesos) es el resultado de la cantidad de empleados públicos incorporados durante los últimos años, lo que ha incrementado sensiblemente la relación activo/pasivo, por ello una administración correcta debe garantizar los recursos para futuras prestaciones previsionales provinciales".

Según Luchessi, la utilización por parte del Estado provincial de este superávit no estaría mal toda vez que se cumplan dos requisitos.

1) Que se garantice el capital para los futuros jubilados provinciales. Esto se logra estableciendo un método de amortización de capital e intereses que resulte ventajoso para el fin propuesto, para ello la Provincia tendría que abonarle al IPS intereses similares a los que está pagando actualmente a los acreedores privados o al propio Gobierno nacional.

2) Que los recursos así obtenidos por la Provincia sean aplicados a inversiones de capital y no se destinen a gastos corrientes. 

"Lamentablemente nada indica que el gobierno provincial tenga como objetivo cumplir ninguno de estos requisitos, con lo cual lo que pretende implementarse es un saqueo liso y llano a las arcas del sistema jubilatorio provincial, y cuyas consecuencias deberán hacerle frente las futuras generaciones", concluyó Luchessi.

¿Quiénes conducen el IPS?

Más allá de los matices, el directorio del IPS carece de autonomía pese a que cuenta con representantes gremiales, que por lo general son funcionales al poder político. De ahí se explica por qué no plantean objeciones al uso de los recursos previsionales. Sus integrantes son:

-Presidente: Juan Carlos Lightowler Stahlberg. Es amigo de la familia Scioli, al punto de que fue socio del padre del gobernador Daniel Scioli en una cadena de venta de electrodomésticos que dejó de existir hace unos años. También acompañó a Scioli en el Senado nacional, cuando el gobernador era vicepresidente, y ahora tiene afinidad política con el ministro de Producción bonaerense, Martín Ferré. No se le conoce experiencia previa en materia previsional. 

-Directores gubernamentales, en representación del Poder Ejecutivo: 

Sergio Eduardo Zaragoza: es considerado un sciolista puro y ejerce la vicepresidencia del Instituto. Responde al ministro de Trabajo Oscar Cuartango.

Carlos Alberto Albaqui: fue subsecretario Legal y Técnico del intendente de Junín, el cobista Mario Meoni. Llegó a ese puesto cuando la relación entre Kirchner y Cobos no se había roto, y continúa en su puesto. Su comportamiento explica, en parte, el apoyo que algunos cobistas le han dado a Scioli, que le permitió aprobar polémica leyes en la Legislatura.

Oscar Raimundo Fueyo: antes de llegar a ese puesto, fue director general de la secretaría General y Recursos Humanos del ministerio de Seguridad durante la primera gestión de León Carlos Arslanián. El Tribunal de Cuentas le aplicó sanciones y le formuló un cargo pecuniario por la suma $ 61.855,10. 
Fue designado en el IPS el primero de abril de 2008, en reemplazo de José Antonio Arboledas. También se desempeñó como subsecretario administrativo del Consejo de la Magistratura bonaerense.

-Directores gremiales.

Isabel Elena Folegotto: es la representante de los jubilados en el directorio, pertenece a una entidad de abuelos de La Plata. "Es una buena mujer, amable, pero carece de todo poder de decisión dentro del organismo", dijeron a Hoy desde Adesip.

Carlos Alberto Rodríguez: secretario general del sindicato de Empleados Municipales de Morón. En ese distrito tiene una fuerte disputa con el intendente Martín Sabbatella, que lo acusa de estar sospechado de cometer una maniobra fraudulenta en perjuicio del Estado comunal. "No nos sentamos ni nos sentaremos a discutir condiciones laborales con quienes están siendo investigados judicialmente por presunta defraudación al Municipio, como es el caso de los señores Carlos Rodríguez y Fabián Ene", dijo Sabbatella a medios locales. Rodríguez llegó al IPS de la mano del diputado provincial Rubén "Cholo" García, dirigente de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (Fesimubo), que acordó su arribo con el entonces gobernador Felipe Solá, con el objetivo de debilitar a la otra federación de empleados municipales que responde a Alfredo Atanasof. Luego, Scioli renovó el convenio.

Héctor Nieves: es el secretario de finanzas del gremio UPCN, es decir, es el cajero de Carlos Quintana. Hincha fanático de Estudiantes de La Plata, financió a un candidato a presidente en las elecciones de 2005 que se realizaron en el club platense. Llamativamente, su nombre no aparece en la página web del IPS, aunque fuentes consultadas por Hoy confirmaron que cumple funciones en el organismo.

Existe un lugar vacante que debería ser ocupado por un representante de un gremio docente.