Publicado: 14-06-2010
 
El abogado de Ushuaia Félix Santamaría presentó la semana pasada ante la Justicia una denuncia penal para que se investigue el accionar de al menos tres funcionarios municipales que intervinieron en el caso de los pagos efectuados a la Cooperativa Magui-Mar.

La presentación se relaciona con las demandas civiles que por el mismo tema realizó el Tribunal de Cuentas de la Provincia, y que repercutieron en el Concejo Deliberante al punto de haberse dispuesto para mañana la interpelación de las autoridades involucradas.

Según Santamaría, los funcionarios del órgano de control no solo debieron realizar la demanda civil en busca de la reparación del presunto daño patrimonial ocasionado al Municipio, sino que deberían haber entablado una demanda penal como lo obligan las leyes vigentes.

Por eso es que el pasado miércoles 9 de junio a las 13.50 se presentó ante el Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, donde llevó a cabo la presentación judicial.

El letrado manifestó haber tomado conocimiento de lo acontecido a partir de publicaciones periodísticas. En particular citó las ediciones del diario Prensa correspondientes al 2, 4 y 7 de junio.

En los dos primeros artículos se resumen los textos de las resoluciones plenarias del Tribunal de Cuentas número 24 y 25, a través de las cuales se hace mención a la cancelación de dos facturas (números 0001-00000343 y B 0001-00000381) por parte del Municipio a la empresa Magui-Mar.

Por la primera contratación de $21.998,24, Magui-Mar facturó "los materiales utilizados para llevar a cabo el acondicionamiento y mantenimiento de garitas, Camping Municipal y otras tareas en enero de 2008". La factura fue conformada por el subsecretario de Obras Públicas Hugo Cano y pagada con autorización de la secretaria de Desarrollo y Gestión urbana, Viviana Guglielmi.

Según el Tribunal de Cuentas, la factura "no tiene sustento legal" ya que "se supone que los materiales detallados en el documento ya habían sido facturados con anterioridad". También se cuestionó que según el estatuto de la empresa, no se dedica a la provisión de materiales, sino a la prestación de servicios, entre otros aspectos formales.

Por la segunda contratación de $11.633,79, Magui-Mar factura conceptos similares, con la diferencia de que la factura fue conformada por Cano y autorizado su pago por el secretario de Haciendas y Finanzas, Gustavo Zamora.

La presentación del abogado cita además un tercer artículo periodístico, donde el concejal del Partido Federal Fueguino, Luis Cárdenas, cuestiona al Municipio por haber autorizado el pago de quince facturas presentadas por Magui-Mar por un total de 255 mil pesos.

El edil puntualiza en la nota que los pagos se realizaron "en el término de cuatro días" y mediante una partida presupuestaria que "aún no se encuentra implementada porque la empresa adjudicataria no puede dar cumplimiento a los requisitos del pliego licitatorio".

Dudas sobre el Tribunal

La denuncia penal de Santamaría califica como "llamativo" que "ante la contundencia de las manifestaciones de los señores auditores y de los integrantes del servicio jurídico", el Tribunal de Cuentas "no haya promovido las correspondientes denuncias penales, como por ejemplo lo ha hecho en otras causas en trámite ante ambos juzgados de instrucción, y sólo se hayan limitado a promover una demanda civil por responsabilidad, siendo su obligación formular la misma de acuerdo a lo establecido por el artículo 165 inciso 1 del Código Procesal Penal".

El abogado solicita a la Justicia que investigue a los funcionarios nombrados y a los que surjan "de la investigación instructoria que disponga el titular del Ministerio Público Fiscal de turno, por la presunta comisión de delitos en perjuicio del patrimonio del Municipio (peculado, malversación de fondos públicos, defraudación por administración infiel en perjuicio de una administración estatal, además de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario)".

Santamaría también requirió una serie de medidas probatorias, de carácter documental, testimonial e informativa, además de registro de domicilios y pericias contables, que deberán ser evaluadas ahora por las autoridades judiciales.