Mendoza.- En la Justicia el Gobierno reclamó por administración fraudulenta de $ 20 millones para el pago de sueldos a directivos, evasión impositiva y presentó una acción de recupero de estos fondos. La decisión promete encaminar las cosas hacia la reestatización.

Un servicio calificado como "malo", falta de información y de asentamiento de contratos, incumplimiento en el mantenimiento de servicio e inversiones. Todo eso es parte de los resultados de la auditoría general sobre OSM que el Gobierno presentó ayer. 

Pero ni el dato de los 95.000 mendocinos con quejas por el servicio y los atrasos en la atención de reclamos por cortes y calidad del agua lograron eclipsar una decisión que promete encaminar las cosas hacia la reestatización de la empresa: el Ejecutivo denunció penalmente a 5 directivos de los ex accionistas privados por administración fraudulenta de unos $ 20 millones cobrados a la empresa para el pago de sus salarios entre 2002 y 2008. 

El proceso está en curso ante la Justicia provincial desde principios de mes y se sustenta, según la auditoría, en gastos que Aguas de Mendoza SA, el operador técnico (99% de Saur International, otrora controlante de la empresa) empezó a facturarle a la empresa por $ 360.000 mensuales, más de cinco veces lo que pagaba de un mes a otro. 

Paralelamente, según lo confirmaron ayer el subsecretario de Legal y Técnica, Fernando Simón, junto al interventor de OSM, Gonzalo Dávila, y el director del EPAS, Javier Montoro, se disparó otra denuncia por evasión impositiva en el fuero federal, además de una acción de responsabilidad social que la Provincia impulsa como accionista (aún detenta el 20%) perjudicado por el desvío de fondos a la cuenta de Aguas de Mendoza.

Los demandados como beneficiarios de "Gastos confidenciales" no debidamente justificados son los ex directores José Calderero, Alejandra Alberdi, Cristophe Peltzer, Alex Herzog, Cristophe Roqués y el también ex síndico Galluzo, además de quien fuera gerente general, Robert Wogt. 

"La suma representa el 40% o más del déficit financiero de la empresa en distintos períodos. Pero hay otras acciones previstas dirigidas a los pasivos ambientales", advirtió Simón.

Pero más allá de lo que ocurra con el futuro de la empresa a partir de la recomendación de la auditoría coordinada por José Luis Puliafito (quien ponderó la calidad del servicio, el estado contable, jurídico y técnico-operativo de OSM y aconsejó que directamente "se proceda a la rescisión del contrato de concesión por culpa del concesionario"), con estas denuncias se abren las puertas hacia la reestatización.

Es más, este caso, sumado a $6 millones por el canon impago de 2007/08, servirá como prueba para pelear el planteo por resarcimiento que Saur mantiene contra la Provincia ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones).

Observaciones graves

En la auditoría, Puliafito señaló "la alta litigiosidad generada" durante la gestión privada con juicios en contra por unos $40 millones". 

Además, entre las 55 observaciones detalladas en su informe, reitera las referidas a la falta de presentación obligatoria de información y de contratos, como el de operador técnico. "De ello deriva en parte la falta de mantenimiento de los bienes y de planes de inversión", observó, en torno a unos $200 millones en total. 

La calidad de la atención también aparece como una falta grave: el EPAS acredita 11.000 reclamos insatisfechos de usuarios, con demoras de hasta 15 días, que derivaron en más de 320 multas por alrededor de $ 5 millones. 

A su turno, Dávila redondeó la condición de deterioro, algunas en estado crítico, de plantas y redes con un dato: 60% de colectores cloacales está en malas condiciones.

Un día después de la críticas de legisladores del Frente Cívico Federal sobre contrataciones y falta de información, el Interventor salió a rechazarlos. "Sólo nombramos a un gerente general con un sueldo de $ 20.000 y en un año se contrataron 36 nuevos empleados para reforzar cuadrillas y bajar los reclamos, además del plantel de inspectores".

Por su parte, Federico Qüerio, de Agua Sur, principal socio de Saur, señaló que "tras un año de intervención no hemos sabido nada y ahora nos enteramos de cosas sobre 12 años de concesión. Mucha gente tendría que responder por eso". 

Y antes de hablar de "teatralidad", apuntó a que "lo importante ahora es saber quién garantizará agua buena y barata. Esperaremos a que Jaque decida y los costos y acciones serán los que correspondan".