Desestiman resolución del Tribunal de Cuentas
Publicado: 26-06-2010
Denuncias por supuestas irregularidades en Puerto Iguazú
Desde el DEM criticaron la aplicación de una ley provincial cuando la ciudad posee Carta Orgánica. Reprochan actuación de los ediles.
Puerto Iguazú.- El asesor legal del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) de esta ciudad, José Aranda, desestimó la resolución emanada del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que sugirió al Concejo Deliberante que juzgue la administración del intendente Claudio Filippa por "negligencias en sus funciones".
El Tribunal de Cuentas de la Provincia había multado a Filippa con 200 pesos mediante la Resolución 305/08 por no haber presentado las documentaciones requeridas por el citado organismo de la Constitución Provincial.
Al seguir incurriendo en la falta mencionada, la fiscal Yolanda Villagra señaló entre los considerando la Resolución Nº 159/10 que "tratándose de las transgresiones previstas en el artículo 138, inciso ‘B’ sobre negligencias en sus funciones determinadas por el Tribunal de Cuentas, este tribunal como órgano constitucional y de control tiene la potestad de poner en conocimiento al Concejo Deliberante a quién según el artículo 133 de la ley 257 de Municipalidades, corresponde juzgarlo".
Pero Aranda respondió al presidente del Tribunal de Cuentas, Pedro Perpetuo Forés, mediante un recurso de revisión del expediente enviado por el organismo provincial a la municipalidad local.
El funcionario municipal señaló que la fiscal Villagra "emite un opinión contraria a derecho" y pidió que se suprima de la Resolución el artículo 3, donde se dispone en todo de acuerdo a las fundamentaciones del documento.
Para el asesor legal de Filippa, el Deliberativo no puede formar la Comisión Especial Investigadora para juzgar al intendente, tal como lo determina el artículo 133 de la "Ley 257 Orgánica de Municipalidades", debido a que la Ciudad de las Cataratas cuenta con Carta Orgánica vigente.
"La revisión que se pretende es debida a los argumentos, ya que en el artículo tercero es importante destacar que en los considerandos han existido erróneas interpretaciones de pruebas por parte de la fiscal asistente administrativa a cargo de la Fiscalía superior, y por ello ha emitido una opinión no ajustada a derecho", aseguró el letrado. A la vez que añadió que "es seguro que la contadora no se ha percatado que la municipalidad de Iguazú es de primera categoría y que cuenta con Carta Orgánica propia".
Por su parte, los ediles opositores no se manifestaron al respecto, pero aseguraron culminar con la comisión investigadora creada para emitir un dictamen sobre las facturas "truchas" del municipio y luego, en 15 días más, conformarían la comisión para juzgar al jefe comunal acerca de las irregularidades frente al Tribunal de Cuentas provincial.
Multa
La medida del organismo de contralor provincial fue de multar en la suma de 200 pesos al jefe comunal por no haber cumplido con el pedido de disposición de los papeles requeridos por el Tribunal de Cuentas en el 2008. Se trataba principalmente de legajos del personal municipal que fueron solicitados a la Intendencia.
Pese a ello, según sostiene el Deliberativo, Filippa siguió haciendo caso omiso y a pesar de haber sido intimado por el Tribunal, este organismo determinó que "el presente expediente no merece mayores tramitaciones, por lo que debería tenerse como antecedente para una futura verificación administrativo contable".
La fiscal Yolanda Villagra señaló que existe la figura del delito del artículo 249 del Código Penal, "ya que el señor intendente no puede ignorar que se trata de un acto dictado por una autoridad constitucional".
Aunque sugirió una denuncia penal para hacer cumplir con el Artículo 132 de la Ley de Municipalidades, el cual trata una suspensión y luego destitución del intendente; pero indicó que debido a tratarse de "negligencias en sus funciones determinadas por el Tribunal de Cuentas" corresponde al Concejo Deliberante juzgarlo, según el Artículo 133 de la Ley Nº 257 .
Esta medida sería concretada por los ediles luego que se expida la comisión investigadora formada hace dos semanas para verificar sobre facturas pagadas por servicios que no existirían.
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