La Presidenta Cristina Kirchner designó la semana pasada por decreto a Oscar Hugo Vecslir como interventor de la Administración General de Puertos (AGP), sociedad del Estado que administra y controla la actividad en el estratégico puerto de Buenos Aires. Según varias fuentes, esa designación respondió a un pedido concreto del secretario general de la CGT y líder del gremio de los camioneros, Hugo Moyano.

Hasta hace pocas semanas, Vecslir trabajaba para IVETRA, una firma vinculada al sindicalista que, desde mediados de 2009, recauda unos US$ 14 por cada camión que ingresa a un sector de esa terminal portuaria. 

Un simple llamado a IVETRA (Instituto Verificador del Transporte) permitió confirmar a Clarín la relación entre esa firma y el flamante funcionario. Ante la consulta sobre Vecslir, una secretaria responde que ya no atiende allí sino en nuevas oficinas y aporta los teléfonos de la intervención de la Administración portuaria. 

El decreto 5/2010 con la designación de Vecslir en reemplazo del renunciante Luis Angel Diez se publicó el 6 de enero en el Boletín Oficial. El recambio se produjo a 48 horas de que Clarín diera a conocer un informe de la Auditoría General de la Nación, que denunciaba irregularidades cometidas por el organismo portuario.

Pero la llegada de Vecslir a la AGP habría sido decidida tiempo antes. Según fuentes consultadas, a mediados de diciembre, en el multitudinario acto que el Sindicato de Camioneros realizó en la cancha de Vélez para ratificar su alianza con el kirchnerismo, Moyano habría pedido a la Presidenta por la designación de este ingeniero industrial, que fue vicepresidente del Puerto de Bahía Blanca hasta principios de 2008 y luego habría pasado a trabajar en IVETRA. 

Esta firma nació a principios de 2007 y está constituida por tres socios: el ex juez Daniel Hugo Llermanos, Sergio Fabián Espeleta y Norberto Domingo Torres. Llermanos es abogado del Sindicato de Camioneros y de allí que se especula con la ligazón directa entre el titular de la CGT e IVETRA. Allí, además, el ex magistrado actúa como apoderado de varias personas ligadas con empresas que se atribuyen a Moyano, como Gustavo Fabián Elías. Espeleta y Torres también figuran en otras firmas vinculadas al gremio. 

Desde abril de 2009, sin que mediara una licitación pública, la empresa tiene a cargo la emisión de un "certificado de transporte multimodal", que verifica que cada camión que transita por las terminales respete ciertas condiciones, en especial la relación formal de los camioneros con sus empleadores. Por dicho trámite, cobra US$ 14 más IVA. Según las estimaciones más conservadoras, el negocio representa casi US$ 7 millones al año, aunque fuentes empresarias elevan esa recaudación al doble. 

Según el proyecto de "iniciativa privada" aprobado por la AGP con el visto bueno del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a cambio de ese servicio IVETRA deberá construir un playón para ordenar el tránsito de camiones sobre un predio de 3,5 hectáreas que se ganó al río. Las obras demandarían, según informó la firma, US$ 16 millones. Ahora, el encargado de verificar el cumplimiento de esas obras será Vecslir, quien hasta hace pocos días se presentaba como "gerente" de esa compañía.