Río Negro.- La Justicia y los organismos de control investigan desde hace meses cómo hizo el Ministerio de Educación de Río Negro para concretar primero refacciones en escuelas y confeccionar después las correspondientes licitaciones. Y al mismo tiempo que las pesquisas avanzan, los expedientes aportan datos reveladores sobre el manejo del dinero generado por esas obras públicas.

A partir de documentos oficiales y de la confirmación de protagonistas de la historia, este diario pudo saber que parte de las ganancias que el Estado garantizó a una constructora por arreglos en dos colegios se derivaron luego hacia el entorno familiar de un funcionario provincial. 

El dueño de la firma Servi Cons SRL, Juan Domingo Franco, fue quien cedió los derechos de cobro de más de 265.000 pesos en favor de Marcos Villarruel, un joven allense que es hijastro de Raúl "Costilla" Rodríguez, uno de los dirigentes con más peso en el entramado político de esa ciudad, porque es presidente de la UCR local, funcionario provincial y estrecho colaborador del gobernador Miguel Saiz. 

El dueño de Servi Cons dijo que esa cesión pertenece a la devolución de un préstamo de "casi 50 mil pesos" que le habría hecho Villarruel. Sin embargo, las diferencias de montos son significativas. ¿Recibió 50.000 y devolvió 265.000? ¿Tan apremiado estaba o existieron otras razones? 

Cuando se le insistió en la consulta, Franco no ofreció demasiados detalles. Sólo afirmó que "estaba seco" y "tenia que pagar deudas", ratificando la versión relacionada con una devolución con altos intereses y descartando de plano que le hayan exigido un retorno (ver aparte). 

La transferencia de derechos de cobro al Estado es una metodología en aumento en Río Negro, que utilizan ciertas constructoras para obtener financiamiento. Lo interesante a explorar es si este formal mecanismo no oculta también otras realidades. Franco resignó en estos casos un tercio del monto facturado al Estado provincial. 

El constructor es un histórico prestador de servicios de Educación. Recientemente se cumplió el primer juicio por cuestionamientos al pleno cumplimiento de lo acordado y cobrado por obras hechas en 2002 y 2003. Terminó absuelto, por los vicios insalvables de la investigación inicial de la Justicia. Ocho años después de esos hechos, este empresario ahora figura en cinco expedientes que investiga la fiscal Daniela Zágari por irregularidades en su confección, ya que las compulsas de precios se hicieron cuando las obras ya eran una realidad. 

En esta nueva historia de financiamiento y derivación de fondos, el titular de Servi Cons SRL cedió en marzo pasado el cobro parcial de expedientes en favor de Villarruel, quien tiene 33 años y es hijo de la concejal radical Gladis Nestares, pareja de "Costilla" Rodríguez. Todos viven en la misma casa, de la calle Neuquén al 600. 

Además de ser funcionario de Gobierno y referente de Saiz, Rodríguez tiene lazos directos con Educación a partir de su relación con la delegada del ministerio en Allen, Marcela García, con quien tiene un hijo. 

También Villarruel tiene su propio vínculo con Educación, ya que es beneficiario de contratos de transporte escolar por algo más de 246.000 pesos anuales, según el dato de la publicación oficial Focoeducativo de abril pasado. Tiene asignada la prestación del servicio para los jardines N° 4 y N° 58, y el CEM 92 de Allen. En lo formal, la empresa Arsa figura como gerenciadora del transporte escolar, pero Educación se reserva una fuerte incidencia en esa resolución. 

En la AFIP, Villarruel tiene una facturación anual de 72 mil pesos, ingresando en la categoría E, con una carga impositiva en el 2009 de monotributista de 245 pesos mensuales. 

El 16 de marzo pasado, Franco –como socio gerente de Servi Cons SRL– facultó al joven para el cobro parcial de dos expedientes (N° 17368-EDU-2009 y N° 142229-ARQ-2008). El primero corresponde a obras en la escuela N° 335 y el segundo por arreglos en el CEM N° 71, ambos de Allen. Suman 406.331,28 pesos y 362.458,13 pesos, respectivamente, totalizando 768.789,41 pesos. 

Los convenios de cesión –que protocolizó el escribano Fernando Espinazo– expresan que Franco cedió 203.165,64 pesos del primer expediente y 62.458,13 pesos del segundo. De esta manera, las autorizaciones en favor de Villarruel suman 265.623,77 pesos. Equivale al 34 por ciento de los montos asignados a Franco para las obras. 

El joven beneficiado por la cesión de derechos de cobro fue consultado por este diario, pero no quiso hacer declaraciones. 

Esos dos expedientes integran la tanda de trámites cuestionados por el Tribunal de Cuentas porque no fueron licitados sino que la asignación de la obra escolar fue directa a las constructoras. Ese órgano de control calificó como una "confección ficticia" a los cinco expedientes de Educación auditados. Todos corresponden a obras realizadas por Franco. Las notorias falencias –según el Tribunal– consisten en "conductas administrativas presuntamente irregulares e incumplimientos reiterados de normas legales". Esas falencias exponen que las documentaciones se hicieron después de la adjudicación y asignación en favor de las constructoras.