Almirante Brown.- Tras un fuerte debate, las cuentas de la administración de Darío Giustozzi durante el 2009 fueron aprobadas por el Concejo Deliberante. La oposición denunció “sobreprecios, gastos excesivos y ocultamiento de información”, el oficialismo se impuso en número y desestimó las críticas. A pesar de la determinación, los bloques no oficialistas sostuvieron que presentarán todas las objeciones e irregularidades al Tribunal de Cuentas de la Provincia para que investigue.

La polémica Rendición de Cuentas de Almirante Brown correspondiente al ejercicio 2009 fue aprobada ayer por la tarde por el Concejo Deliberante, en una sesión marcada por las fuertes críticas y denuncias por parte de los bloques no oficialistas, que señalaron principalmente “irregularidades” y “ocultamiento de información”. La oposición anticipó que presentará las objeciones ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

En sesión especial, el Concejo Deliberante convalidó el despacho de mayoría presentado por el oficialismo con 15 votos a favor, frente a los 6 votos que contabilizó la oposición, donde figuraron Florencia Retamoso -Gen-, Sergio Guerrieri –UCR-, Stella Máris Alló -Peronismo Federal-, Ivana Rezano –Interbloque Libres del Sur-, y Myriam Locher y José Maria “Pepe” Fernández-Coalición Cívica Ari-. 

Se ausentaron los concejales Eva Calderón -Justicialismo-, Myriam Niveiro -PRO-, y Norma Illescas -Frente para la Victoria-.

En el debate, Fernández cuestionó duramente “el tiempo y los elementos” destinados al análisis del gasto de los 440 millones de pesos que conformaron el presupuesto 2009, y resaltó que “solo se contó con 10 horas en cinco días” para la revisión, y aseveró que “no estuvieron todos los decretos del Ejecutivo disponibles para el tratamiento”.

En este sentido, criticó que el oficialismo no brindó respuestas a la información que la oposición solicitó sobre las licitaciones que el Departamento Ejecutivo administró durante el año pasado. “Esos informes hubiesen sido vitales para hacer un análisis más detallado, pero no obtuvimos respuesta”.

No obstante la “falta de información”, el edil reveló que encontró "irregularidades”, en los gastos de Ayuda Social a personas, “donde se giraron varios decretos con cifras siderales de un total de casi 21 millones de pesos, que se destinaron a pagar honorarios que no se sabe por qué, ni para qué”.

Por su parte, Alló encontró “razones de hecho y de derecho” para votar en contra de las cuentas, al considerar que “no se brindó el tiempo para analizar con el detenimiento y la seriedad que esta revisión requiere”, y resaltó que el oficialismo “trabajó con un presupuesto que equivale a dos municipios, y aparecen gastos de los que se desconoce el destino”.

“Hay que advertir que el Departamento Ejecutivo maneja los recursos que no le pertenecen como propiedad, cuando debiera ser solo administrador, y por eso debe rendir las cuentas que la ley le impone”, marcó.

Y cargó: “Es una falacia todo lo que dice el Intendente que no puede cumplir con la transparencia y con la claridad que le debe a los vecinos, pero no se puede engañar a toda la sociedad todo el tiempo, vamos a recurrir al Tribunal de Cuentas para plantear todo lo que vemos”.

En una extensa y pormenorizada exposición, Alló detalló incrementos de hasta el 750 por ciento de los gastos en algunas partidas -como publicidad, donde se gastaron casi 6 millones de pesos- respecto del presupuesto original, la subejecución del gasto en el área de Desarrollo Social, el gasto excesivo en alquileres y la aparición de una deuda flotante de más de 15 millones de pesos.

En defensa de las cuentas, desde el Frente para la Victoria Ofelia Quintana defendió al gobierno al asegurar que “las carpetas donde figura todo lo actuado por el Ejecutivo durante el 2009 estuvo a disposición del Concejo en tiempo y forma”, y atribuyó a “la falta de experiencia”, no haber respondido a los pedidos de la oposición por los informes. 

“Debo reconocer mi error por falta de experiencia, ya que yo tenia las notas con las licitaciones en mano, pero el contador me informó que antes de enviar los informes a la Comisión de Hacienda deben pasar por la presidencia”, argumentó. 

Por otra parte, la concejal Rezano criticó que no se haya respetado el presupuesto aprobado por los concejales para el 2009, puntualizó los gastos destinados a la publicidad oficial como “excesivos”.

“Cuando decidimos el presupuesto del 2009, se aprobó una partida de 800 mil pesos para la publicidad oficial, pero a lo largo del año el Ejecutivo lo modificó y se terminó gastando alrededor de 7 millones de pesos, y si bien estamos de acuerdo en que se comuniquen los actos de gobierno, nos parece altamente excesivo”.

Además, cuestionó que se haya modificado el presupuesto destinado a la seguridad, “que en un comienzo eran 15.800 pesos, y pasó a 15 millones”, al señalar que “no se refleja en un cambio concreto en esta área”.

Por otro lado, el titular del bloque Frente para la Victoria, Eduardo Fabiani, salió al cruce de las acusaciones y respaldó las cuentas, al señalar que es “un exceso hablar de irregularidades, ya que cualquier funcionario que interviene en las gestiones sabe que tiene que rendir cuentas al Tribunal”.

También, criticó las acusaciones sobre los gastos excesivos en publicidad oficial, al resaltar que “publicitar es democratizar”, y aseveró que “de nada vale hacer obras si no se informa sobre ellas”. 

“No hay que escatimar esfuerzos en informar porque de esa manera se le da la posibilidad a que todos puedan acceder a las obras”, explicó. 

Y finalizó: “Me parece un despropósito criticar el uso del presupuesto, porque todos los recursos fueron direccionados hacia un proyecto social que tiene como finalidad la justicia social y beneficia a los sectores que menos tienen. Ésta es la verdadera razón, y está a la vista.”