El Congreso y la Justicia determinan el futuro de los gasoductos en el NEA:
Un tribunal federal pospuso hasta mañana la lectura de las condenas para ex funcionarios que intervinieron en la caída de contratos para la construcción de redes gasíferas en la Región. Pero el Congreso trataría hoy un proyecto para renegociar el contrato con la empresa que incumplió con las obras.
Legisladores nacionales aseguran que "si la Justicia ordena que se suspenda el acuerdo con la firma, se acatará el fallo".
La Comisión Bicameral que controla las obras nacionales privatizadas acordó, en la tarde de ayer, exponer este jueves en la sesión del Senado nacional un proyecto de normativa que dispondría la renegociación de contratos con la empresa Gas NEA para la construcción de gasoductos en las provincias del Nordeste.
Los legisladores pondrían a consideración dos despachos de comisión. El primero, propuesto por opositores, es para que el pliego de licitación se redacte nuevamente y se incorporen en él "algunos puntos que no fueron tenidos en cuenta".
Entre algunas de las cuestiones estaría el plazo de las obras a concretar, como también otras condiciones consideradas "de control" al ente privado.
El otro texto fue redactado por los diputados y senadores kirchneristas.
El proyecto establece la recontratación con las mismas condiciones y términos que los acordados con el Gobierno nacional a fines de 2008.
Desde el sector oficialista explicaron que "una lectura simple de la situación haría pensar que se acompaña a una empresa que incumple, pero esto no es así".
Desde el punto de vista del senador nacional Fabián Ríos, integrante de la Comisión Bicameral, "todo el tiempo las dificultades fueron puestas por la gestión provincial y el incumplimiento de la firma se debió dilaciones de la provincia de Corrientes".
Explicó que "hace un año y medio se abrieron en la Casa de Corrientes en Buenos Aires, los sobres para la construcción de redes a partir del gasoducto de Paso de los Libres".
En ese acto se eligió la firma que proveería los elementos con los que se realizarían las obras. "La construcción fue adjudicada una empresa de Corrientes, y la compra de los materiales sería con plata de la Nación. La Provincia debía abrir una cuenta para que se envíen los fondos para la compra, pero la cuenta para el depósito nunca se abrió. Después se dispararon los precios y el oferente retiró la propuesta".
La situación descripta daría lugar para que se propicie una nueva oportunidad a la firma para que desarrolle el proyecto confiado años antes.
Es por ello que el Ejecutivo dispuso en 2008 que Gas NEA, firma conformada por las empresas Gaseba y Gas del Sur, del grupo Gaz de France; Emprigas, del grupo Benito Roggio, y Bridas, construyan las redes domiciliarias de gas natural en las cuatro provincias, ya sea desde el conducto principal que uniría la Argentina con Bolivia o bien desde el existente en Paso de los Libres, Corrientes, que lleva fluido energético al Brasil.
El legislador correntino consideró que "la caída de la concesión generaría un perjuicio, porque actualmente se debe licitar la compra de materiales y el desarrollo de las obras. Pero si se debe realizar nuevamente la licitación, todo el proceso licitatorio debería realizarse nuevamente".
En este contexto advirtió sin embargo que "si la Justicia dispone la caída del contrato vigente, se acatará ese fallo".
Luis Acosta Mur se presentó como testigo en la causa y aportó pruebas para incriminar a los acusados.
Dilaciones en la Justicia por la causa GNEA
El Tribunal 1 de Comodoro Py suspendió hasta el jueves próximo la lectura de las sentencias contra los funcionarios menemistas acusados de intervenir en la caída de obras para extender gasoductos para las provincias del Nordeste.
Ese acto debía realizarse el viernes último, pero se anunció que se concretaría ayer martes, día en que se avisó el pase de fecha para este jueves.
La sentencia es en el marco de un juicio oral que se realiza en los Tribunales Federales de Comodoro Py contra el ex presidente del Ente Nacional Regulador del Gas, Héctor Formica; el Directorio que lo acompaña y los entonces funcionarios de la Secretaría de Energía, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Los imputados están acusados de evitar el control del desarrollo de obras por parte de la empresa Gas NEA, que se comprometió a construir en cuatro años un redes domiciliarias en las provincias del Nordeste argentino en el año 1998.
Este proceso judicial comenzó en 2001 cuando se constituyó como actora la Oficina Anticorrupción de la Nación a instancias de una denuncia realizada por el actual presidente del Foro Correntino Todos por el Gas, Luis Acosta Mur, ante la Oficina anticorrupción en 2001.
Después de varios inconvenientes administrativos, este mes el Tribunal Oral Federal comenzó el debate oral que podría culminar esta semana con la lectura de la sentencia.
En el marco de esta causa la Justicia dispuso además el embargo de bienes contra los acusados por la suma de 300.000 pesos cada uno.
Las penas solicitadas oscilan entre los tres y los tres años y medio de cárcel. Pero sólo se cumplirán las condenas que superen los 36 meses, y sólo después que los castigos queden firmes en una instancia superior.
En la sentencia que podría darse a conocer en las próximas horas la Justicia podría determinar la caída del contrato incumplido por el que fueron juzgados los ex colaboradores gubernamentales.
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