El edificio judicial de Comodoro Py siempre ha tenido algo de fantástico. Como en la película "¿Quieres ser John Malkovich?", allí también pueden existir portales hacia otras realidades y giros inesperados al final del pasillo.

La actuación del juez federal Julián Ercolini podría incluirse como parte de este fenómeno. Según fuentes judiciales, meses atrás un ciudadano presentó una denuncia en la que solicitaba la investigación de una posible actuación irregular del actual secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, en el marco de una causa iniciada en el año 2006, cuando aún era juez federal.

Aproximadamente un mes después de que la denuncia llegó a sus manos, según indican las mismas fuentes, el juez Ercolini, con el asentimiento del fiscal, no dudó en archivar la investigación, sin disponer medidas de prueba ni analizar en profundidad los extremos de la denuncia. Esto sólo sucede en la justicia penal si la denuncia es inconsistente, o si los hechos aparecen claros y probados de manera tal que puede afirmarse que no ha habido conducta ilícita alguna.

La denuncia -que gracias a Ercolini descansa en Comodoro Py- se refiere a una controvertida resolución que dictó Montenegro cuando era juez federal; muy poco tiempo antes de asumir su cargo de ministro de Justicia y Seguridad, ordenó archivar una causa iniciada al clan Macri, en la que se investigaban notorios sobreprecios en obras públicas.

La causa llevaba el número 8.120/2006 y se inició el 22 de mayo de 2006, a partir de la denuncia presentada por el fallecido Abel Fleitas Ortiz de Rozas, por entonces titular de la Oficina Anticorrupción, quien verificó serias irregularidades en la selección de una empresa constructora en el proceso licitatorio que tenía como finalidad la reconstrucción del Hospital Santojanni. La licitación tuvo lugar en el marco del Programa de Reformas de Salud del Sector Social, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, llamado Proyecto Pressal, financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entidad que compone al Banco Mundial, con el objeto de mejorar el área de la salud pública.

El monto del préstamo fue establecido en u$sl01.400.000, de los cuales 37.500.000 debían ser destinados a las reformas. En el contrato de préstamo se estableció que el proyecto quedaba bajo la órbita de competencia del Ministerio de Salud y Acción Social. Luego, mediante el decreto 1.056/95 se creó la Unidad Ejecutora Central (UEC),-cuya función fue la de "ejercer la gerencia y coordinación del programa".

El Hospital Santojanni fue elegido para instrumentar la etapa B del proyecto Pressal. Las autoridades del hospital ya contaban con un proyecto de remodelación; sin embargo, las autoridades de Pressal lo desecharon. Así, el pliego de licitación se realizó sobre un proyecto impuesto por el Pressal. Este punto es el citado por la Oficina Anticorrupción como el inicio de la maniobra defraudatoria, puesto que se desechó sin argumentos válidos el proyecto presentado por el hospital, que era de menor costo (aproximadamente u$sl.200.000, mientras que por la obra se pagaron 9.000.000 de pesos). Las irregularidades habrían continuado durante el proceso de licitación, puesto que por decisión discrecional de la Comisión Evaluadora de las Ofertas -avalada por la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- la decisión final benefició a Calcaterra SACIE Según surge de la denuncia de la Oficina Anticorrupción, esta empresa había sido denunciada por el manejo irregular de las obras de reforma del colegio Nicolás Avellaneda, y fue además la que realizó la oferta más costosa. Una vez iniciadas las obras, Calcaterra reportó que la estructura no soportaría el peso de la construcción proyectada y amplió el presupuesto. Pidieron $900.000 más, que los funcionarios de Pressal aceptaron.

En 2006, en un primer momento la denuncia se remitió a quien era fiscal federal, Carlos Stornelli, quien describió puntualmente los hechos, formuló el requerimiento de instrucción y solicitó diversas medidas de prueba. Stornelli imputó tanto a los funcionarios nacionales como del Gobierno de la Ciudad que intervinieron en la ejecución del Pressal, entre ellos: Rubén Cano, titular de la Unidad Ejecutora de la Ciudad de Buenos Aires, y los integrantes de dicha unidad Lucas Sálese, Alberto Yeregui; los integrantes de la Unidad de Ejecución Central Gustavo Daneri, Juan Jiménez, José Folgueira, Alberto Boggie y Héctor Barroca, y a los titulares de la empresa Calcaterra SA.

Según lo que surge del legajo correspondiente a Calcaterra, agregado a la causa, sus accionistas, al menos hasta 2005, eran: Antonio Calcaterra, María Pía Macri, Enrique López Alcalá, Ángel Calcaterra y Fabio Calcaterra. Se trata de una constructora fundada hace más de cuarenta años por Antonio Calcaterra y que ahora es regenteada por su hijo, Angelo, primo hermano del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.

En cinco meses de investigación, Montenegro apenas habría dispuesto la remisión de la documentación que había reunido la Oficina Anticorrupción, más los antecedentes del proyecto obrante en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, y sin siquiera analizar la documentación, Montenegro ordenó el archivo de la causa.

Curiosamente, la resolución judicial de Montenegro data de octubre de 2007, fecha para la cual no sólo Mauricio Macri ya había triunfado en las elecciones comunales sino que resultaban públicos y muy comentados los ofrecimientos de éste a aquél para ocupar el cargo de ministro de Justicia y Seguridad.

De todas formas, con la apelación de Stornelli, la causa pasó a estudio de la cámara federal, que revocó por prematura la resolución de Montenegro, que además fue duramente calificada por el fiscal de cámara Germán Moldes como de "falencia procesal". La causa primigenia afortunadamente pudo tomar un giro correcto y evitar así perderse en los entretejidos fantásticos de los intereses que circulan tras las paredes de Comodoro Py. Calcaterra, vinculada a Macri, está siendo investigada por el juez federal Norberto Oyarbide, que afortunadamente parece no tener planes de ocupar puestos políticos en la Ciudad. Peor suerte corrió la denuncia que buscaba investigar la actuación de Montenegro.