Publicado: 29-11-2009
 
Uno de los capitales más valiosos del sector público se encuentra en peligro por las prácticas abusivas que se concretan desde la cúpula del Poder Ejecutivo. Se trata de los elencos profesionales que integran la burocracia estatal, los cuales conforman una estructura que garantiza la persistencia de la gestión administrativa bajo la sujeción de las pautas legales y más allá de los gobiernos de turno.

Así como esta labor profesional fue atacada en el Indec, ahora el Gobierno ha concretado un avance de similares características contra un organismo de gran importancia en el organigrama de la Administración Pública, la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Este preocupante paso se dio al forzarse la salida del Síndico General de la Nación, Carlos Alberto Pacios, un profesional de reconocida solvencia técnica.

Previamente, una maniobra promovida por el secretario de Comercio Interior implicó el desplazamiento de los dos representantes de la Sindicatura en la empresa Papel Prensa, en la cual el Estado es accionista minoritario. Ante el rechazo de los funcionarios a prestarse a las maniobras fraudulentas que se les exigía, ambos síndicos se vieron compelidos a ceder sus puestos, como también fue obligado a hacerlo su superior, Pacios.

Lo que primero salta a la vista es la ratificación de la voluntad política de alterar el normal funcionamiento de Papel Prensa, una meta vinculada a la persecución de la prensa independiente, en especial de Clarín. Para lograr ese objetivo el Gobierno no duda es desarmar equipos profesionales bien calificados y eficientes, colocando en su lugar a delegados dispuestos a consentir las directivas más arbitrarias.

Esto es especialmente grave en el caso de la Sigen, ya que su función es la de dictar y aplicar las normas de control interno, realizar auditorías y supervisar la marcha de la contabilidad pública, debiendo observar los perjuicios al Estado y la efectivización de las acciones judiciales tendientes a su resarcimiento. Su debilitamiento favorece la arbitrariedad y la corrupción.

El desplazamiento del titular de la Sigen es parte de una campaña para debilitar los organismos de control del Estado, lo cual favorece la arbitrariedad y la corrupción.