Publicado: 18-11-2011
  
Tucumán.- El comisionado rural de Colombres, Daniel Hernández, ya hizo su descargo ante el Tribunal de Cuentas (TC), en el marco del proceso administrativo iniciado por las supuestas irregularidades en la erogación de $ 368.910 durante el primer bimestre de 2008.

El delegado optó por no hacer público el informe, en el cual debe justificar la contratación de personal sin haber notificado al Poder Ejecutivo, tal como dispone la ley.

Esta es la cuarta oportunidad que tiene Hernández para avalar los gastos cuestionados. Ahora, los instructores del ente de contralor deberán emitir el informe, que luego será analizado por las autoridades del organismo. La resolución definitiva puede demorar semanas, e incluso meses, y puede disponer el sobreseimiento de Hernández o el reintegro del dinero, si es que no se comprobaron correctamente los gastos.


Por ley, los comisionados rurales tienen la obligación de rendir cuentas bimestrales sobre las erogaciones de la repartición. Los balances son enviados primero al Ministerio del Interior, que realiza una primera revisión, y luego elevados al Tribunal de Cuentas.

Entonces, los auditores comienzan con la ardua tarea de comprobar si cada suma de dinero desembolsada por la comuna cuenta con respaldo. En caso de que se observe alguna discordancia, se inicia un sumario de cuentas.

En esta instancia, se determina quién es el cuentadante (como se denomina a quien debe rendir cuentas). En Colombres se estableció que son Hernández y la secretaria, Marta Casaballe. Los $ 368.910 en cuestión corresponden a los dos primeros meses de 2008, y al parecer fueron destinados a la contratación de personal. El TC les reprochó a los administradores que ese trámite se realizó de forma irregular, pues no se notificó al Poder Ejecutivo sobre la incorporación de empleados, tal como dispone la Ley Orgánica de Comunas Rurales. Por eso, en el sumario de cuentas, Hernández y Casaballe tuvieron la tercera oportunidad de justificar los gastos.

Sin embargo, los documentos aportados no convencieron al Tribunal de Cuentas, que el 1 de noviembre resolvió iniciar un juicio de cuentas contra ambos. En esta instancia, otra vez, los investigados deben argumentar cómo y en qué se utilizaron los fondos públicos. El martes, Hernández realizó este trámite en el Tribunal de Cuentas.

"Estos fondos surgen por liquidación fuera de cómputo; es un trámite que estoy realizando ante el Gobierno para la convalidación de los gastos. ¿Qué sucede? Esto no viene desde mi gestión, sino de muchas gestiones anteriores; esta es una comuna que siempre ha tenido una planilla de personal liquidada con recursos propios. Y período a período, y a través de una gestión, se convalidan los gastos. Es un trámite. Está faltando que me determinen la convalidación de los gastos, pero la rendición es clara y concreta", le dijo el delegado a LA GACETA durante una entrevista reciente. Ayer, desde su entorno comentaron que no realizará declaraciones, e indicaron que prefirió no aportar el descargo que realizó ante el TC.

Ahora, resta que el instructor designado controle los gastos. Si la justificación fue satisfactoria, las autoridades del organismo resolverán el sobreseimiento de Hernández y de Casaballe. Pero, en caso de que no sea así, el TC puede imponerles sanciones.

La más leve es el apercibimiento. Además, el ente puede ordenar el reintegro de las erogaciones sin respaldo (en el juicio de cuentas se puede realizar una justificación parcial) con el patrimonio de los procesados.

A la hora de resolver, el Tribunal de Cuentas considera varios aspectos. Uno de ellos son los antecedentes. Y Hernández, en su historial, cuenta con un apercibimiento en 2008.