El error del error

La salud pública, pilar de la propaganda alperovichista durante el primer período, es hoy una mala noticia. Pero el Gobierno no atiende la severa crisis de la sanidad.

Tucumán.- En la última sesión, la Legislatura debió corregir la ley que autorizó al Ejecutivo a emitir la Serie III de los títulos de Consolidación y Saneamiento de Empréstitos Públicos (Consadep). Esos valores tienen plazo final de rescate hasta mediados de 2020, pero la norma sancionada establecía como tope el 31 de diciembre de ese año. Eso es un error. Consignar mal una fecha es una "acción desacertada", implica un "concepto equivocado" y no deja de ser una "cosa hecha erradamente", para citar las tres primeras acepciones del Diccionario de la Real Academia Española. Incluso, el desliz parlamentario se ajusta a la cuarta definición, de neto corte legal: "vicio del consentimiento causado por equivocación de buena fe, que anula el acto jurídico si afecta a lo esencial de él o de su objeto".

Errar es un asunto específico. Y el escándalo que entreveró al Siprosa con la Funsal no está dentro de su órbita.

Todo por una sonrisaOrdenar pagos a una fundación que, legalmente, no existía, y que se inscribió para cobrar cursos de endodoncia tres meses después de dictarlos, parece más que un error. Presunción que se alimenta de hechos tales como que $ 423.500 se facturaron mediante la boleta 0001-00000001; y los $ 378.000 restantes a través de la boleta 0001-00000002. Lindo estreno para un talonario.

A esto se suma que el expediente para librar el pago no tenía una constancia de la Dirección de Personal que acreditase que los alumnos efectivamente eran empleados del Siprosa. Tampoco una nómina de los profesionales que dieron las clases. Luego, el acuerdo entre la Provincia y la entidad privada se suscribió en agosto de 2009: los cursos ya habían comenzado en mayo de ese año. Y, además, el acta constitutiva de la Funsal fijó su domicilio en un departamento que servía como vivienda en Barrio Norte, y su teléfono estaba a nombre de uno de los asesores del ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur. Eso sí, esto último punto es coherente respecto de que, de los cinco miembros de la directiva de la fundación, cuatro son empleados del Siprosa.

Un dato accesorio: en esas condiciones intentaron pagarse $ 800.000. O sea, 200.000 dólares por cursos de endodoncia. Algo es seguro: hay gente a la que, con esos valores, le deben quedar sonrisas imborrables.

Tropezar de nuevo"Cualquiera puede cometer un error", dijo el gobernador, José Alperovich. Pero si es difícil suponer que "cualquiera" puede cometer "un error" de tal envergadura, la cuestión se complica cuando se advierte que, en realidad, fueron dos "errores". Por cierto, cometidos el mismo día. El mismo 29 de diciembre de 2009 también se avaló el pago de $ 195.000, a la Fundación Garrahan. La institución existe pero, según el Tribunal de Cuentas, lo que no existió es el "debido proceso de contratación". Sin justificar ni la necesidad ni la urgencia, se dispuso una contratación directa. Sin adjuntar informe del Ministerio de Salud de la Nación o de la Provincia que determine que la Fundación Garrahan cuenta con privilegios para ser contratada al margen de las licitaciones que la Constitución manda realizar. Sin análisis previo de precios y costos del servicio por parte del Siprosa. Y sin convenio previo entre la Provincia y la entidad: el que existía, había vencido en 2008.

De paso, según el ente de control no fue un error. "Se trata de la reiteración de una conducta administrativa por parte de la misma área del Siprosa en este tipo de contrataciones", ilustró.

La cuota de generosidadEl error a la vista por parte del Gobierno consiste en pretender (o en tratar de que los tucumanos crean) que la gravísima crisis de la salud tucumana es, tan sólo, un error. Si no se dio cuenta, ya deberían decirle al mandatario tucumano que la situación de la sanidad es una de las malas noticias de Tucumán. El "milagro" de la baja en las tasas de mortalidad infantil está sospechado de ser un fraude estadístico pergeñado mediante la adulteración del registro de los nacimientos prematuros, lo que determina que (según los últimos datos, correspondientes a 2008) ninguna otra provincia de la Argentina tenga la cantidad de defunciones fetales que se anotan en Tucumán.

A continuación, los desaguisados por las contrataciones directas de cursos de capacitación por parte del Siprosa tienen tal magnitud que el propio Ejecutivo se ha amordazado a sí mismo respecto de ese asunto. Es un secreto a voces que las dos ratificaciones al ministro Pablo Yedlin (quien, rumorean, dos veces habría ofrecido su renuncia) tienen que ver, en buena medida, con que los convenios con las fundaciones, en realidad, le habrían sido heredados para la firma por Manzur o por la estructura que él dejó en el Ministerio de Salud de la Provincia. Por eso, aseguran a coro en la Casa de Gobierno, cada acordada del Tribunal de Cuentas que castiga las inefables resoluciones de Yedlin terminan impactando negativamente en el predicamento de Manzur dentro de la mesa chica alperovichista. Y es que la epidemia de sospechas alrededor de estos escándalos no se circunscriben al Ministerio de Salud Pública: que salpican la imagen de la gestión, por más de que el jefe del Gobierno se haga el distraído. De hecho, surgen interrogantes que fisuran el paradigma oficial de que todo se trató de un "error". Si, en verdad, sólo hubo "errores de forma" pero los cursos fueron dictados magníficamente, ¿por qué Funsal no reclama el pago de los $ 800.000? ¿Pertenece a una nueva casta de proveedores del Estado que, ante inconvenientes administrativos, "dona" los servicios prestados? A propósito de esto, los "errores de forma", ¿qué forma cree el oficialismo que tenían?El cimbronazo es general, aunque la multa afecte en particular a Yedlin. Cuanto menos, él, con salario de cinco cifras, podrá pagar en cuotas, facilidad que no se da a los autoconvocados, a los que les aplican oprobiosos descuentos de sueldos no por autorizar desembolsos fastuosos a fundaciones fantasmas, sino por reclamar una remuneración que les permita llegar a fin de mes.

El estrepitoso reclamo de los actores de la salud pública es otro síntoma de que el Gobierno, ciego y sordo ante la crisis, ahora también se quedó mudo.

El miércoles, una patota irrumpió en el Padilla y agarró a trompadas a trabajadores de la institución, que aseguraron que los golpeadores respondían a ATSA. El titular del gremio negó tal cosa, pero también dio llamativas explicaciones. Tras asegurar que acudieron al hospital porque había afiliados agredidos por los médicos (es presunción merece casi infinitos calificativos), lanzó aseveraciones tales como "las agresiones no comenzaron de nuestra parte", "¿quién cerró la puerta? Tenemos derecho a entrar al hospital", y "hemos sido respetuosos durante más de un año, recibiendo agresiones de todos lados, presiones y persecuciones de nuestros compañeros. Hay un momento en el que hay que decir basta".

Al día siguiente, el gobernador habló del caso manifestando que no tienen plata para dar más aumentos de sueldos. Pero de que hubo empleados estatales atacados en su lugar de trabajo -un edificio público- por patotas plenas en infiltrados que no tienen trabajo conocido en los centros asistenciales, nada dijo. Ese angustiante silencio oficial es un territorio gris que limita al norte con la complicidad; y al sur, con la cobardía. Gracias a que esas fronteras son "zonas liberadas", los autoconvocados debieron mudar ayer su asamblea general al hospital de Niños, porque aunque habían anunciado que la harían en el Padilla, a las 13, ATSA organizó, en idéntico horario y lugar, una reunión por el Día del Padre.

Tanta torpeza política tiene sus costos. El gobernador, que no repudia la violencia contra los hombres y las mujeres que salvan vidas en un hospital al que nunca se le ocurrió acudir las veces que se accidentó, lo supo acabadamente esta semana. Su mutismo hace que poco importe si se indignó -como pretenden algunos voceros oficiosos-, o no, con ATSA por lo ocurrido. Lo que sí resulta revelador es que, según admiten en su entorno, el miércoles en el que apaleaban a médicos y enfermeras, él habría advertido que hacía falta un interlocutor con los golpeados pero inconmovibles manifestantes. El día anterior, casi de manera profética, personalmente había incurrido en un memorable acto de desaire a la Iglesia Católica. El arzobispo había convocado a las partes enfrentadas a una audiencia de conciliación. La invitación al Ejecutivo fue dirigida al propio Alperovich, quien ni siquiera mandó una esquela para justificar que no envió ni siquiera un ordenanza al encuentro.

Cualquiera comete un error, dicen inclusive en Norteamérica. Pero no cualquiera comete errores semejantes.

Los hospitales están tomados, las prestaciones siguen restringidas, y el paro recrudecerá la semana que viene. Sin embargo el descalabro de la sanidad no es una prioridad alperovichista. Por eso, ante semejante escenario, el gobernador que se tomó vacaciones en enero y que, después de los 21 días de licencia por tratamiento médico, viajó sucesivamente a Uruguay (para reposar), a Estados Unidos (con la comitiva presidencial) y a Francia (para buscar inversores) decidió ahora trasladarse hasta Brasil.

Debe ser agotador liderar una gestión que, en una materia tan básica como la salud pública, no le da descanso a los tucumanos.