El Gobierno deberá pagar $37 millones

Corrientes.- El fiscal de Estado, Juan Antonio Castello, habló durante una entrevista radial sobre el pago millonario que deberá afrontar la Provincia por juicios perdidos. Indicó que son 37 millones de pesos, de los cuales 27 son de la causa Pinasco. Y en cuanto a las causas iniciadas por el Gobierno provincial contra el Estado central, señaló que "no claudicarán".

La conversación entre Castello y Corrienteshoy Radio se dio de la siguiente manera:

Mire, en primer lugar le quiero aclarar que, en lo que corresponde a mi función, no le podré expresar alguna opinión sobre caprichos o no. Sí, le puedo comentar que tenemos cinco juicios en éste momento contra el Estado nacional. 

Cuatro de ellos están referidos a cuestiones relativas a Coparticipación. Y bien, todos los que plantean la cuestión relativa a que la Nación, en cierta forma, no ha cumplido con ciertos pasos que corresponden de acuerdo al procedimiento de todo el convenio, como por ejemplo, conseguir la aprobación por parte del Legislativo de ciertos regímenes que determinan o significan una detracción de fondos coparticipables. Básicamente ese es el argumento que se maneja en los cinco juicios. 

Uno de ellos es bastante más allá, porque es una demanda que se inició hacia aproximadamente septiembre del año pasado y donde se plantea la inconstitucionalidad de todo el régimen de coparticipación ¿Qué es esto?, de la reforma de la Constitución Nacional en el año '94 por la cual se tendría que, a ésta altura, contar con un nuevo régimen de coparticipación que baje aquello que se dispuso en la Reforma y que hasta el momento el Congreso de la Nación no lo ha hecho. 

Esto tiene una dificultad porque al tener que estar instrumentado a través de una Ley Convenio el Congreso hace una primera parte del trabajo que luego tiene que bajar a las provincias que, a través de sus Legislaturas, tienen que conformar. Es realmente muy complejo, hasta el momento no se ha hecho. Y a través de ésta última demanda que se presentó lo que se plantea es justamente ésta extemporaneidad falta de cumplimiento por parte del orden nacional de empezar a trabajar en esto. 

Castello: Esta última demanda que le comento justamente no tiene monto sino que se dirige justamente a poner en crisis el sistema que hoy rige, solicitando a la Corte que lo invalide. Es decir si lo ordena el Congreso empezar a trabajar en ésta cuestión, tener un régimen intermedio digamos, ahí no hay montos.

En los otros el monto es indeterminado, y es una cuestión digamos susceptible de prueba. Con lo cual una de las demandas es aquélla que se dirige a pedir la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 1.399 de 2001 del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se crea el fondo de autarquía para la Afip y que resulta de la detracción de fondos que tendrían que ser coparticipables. 

El otro plantea la inconstitucionalidad de la Ley de Impuesto a los débitos y créditos bancarios, la Ley de Cheque. En esto hay otras provincias que tienen similares demandas. 

Luego está aquél que cuestiona la detracción de un 15 por ciento con destino a sostener el régimen, el sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Que es un compromiso que en un principio asumieron todas las provincias pero que luego se prorrogó sin el debido procedimiento.

Y la otra demanda es contra el incumplimiento por parte de Nación en compromiso federal digamos, que sería la obligación que habría asumido Nación allá por el año '99 o 2000 de sostener los sistemas provisionales provinciales que no pasaron a la Nación.

No, no, todos han sido iniciados el año pasado.

Sí, sí. Lo que serían los pasos procesales básicos del procedimiento que está en el Código Procesal Civil de la Nación y que corresponden a las acciones meramente declarativas que están en el Artículo 322 se van dando los pasos, hay avances. De todas maneras ahí se corren con los tiempos de la Corte; usted por ejemplo vio que la semana pasada salió un fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de esas facultades que tiene Afip de embargar las cuentas, el caso en el cual la Corte falló es un caso que se inició en 2001. Le quiero decir son casos similares a estos, donde, fíjese Catamarca y Santa Fe, han tenido audiencias públicas. Corrientes todavía no ha sido llamada porque la convocatoria de audiencia pública es una facultad que tiene la Corte. En el tema tiempos es una cuestión difícil.

No. En este tema considero que es necesario entender algo que es fundamental: en todos estos juicios está de por medio un tipo de relación digamos que casi se acerca a esa relación que las provincias han tenido allá por el año 1853, cuando se sancionó la Constitución nacional, es un tipo de relación interjurisdiccional, donde lo político y lo jurídico están en su primera etapa y hay mucho de las dos cosas. Por eso es tanto materia de técnicos como de políticos y es un terreno realmente incesante.

Sí. 

No aún, porque la cuestión todavía no la tenemos en análisis. Tenemos sí en vigencia un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que es el 660. La semana pasada salió publicada la Resolución del Ministerio de Economía de la Nación, a quien el Poder Ejecutivo Nacional lo instituyó como autoridad de aplicación, esa resolución tiene como anexo un modelo de convenio, pero es un convenio que tiene que ser diríamos rellenado y todavía no están las pautas precisas, considero que todavía no, por lo menos nosotros todavía no tenemos.

En primer lugar, que se fijen bien los términos del convenio -que es algo que no tenemos- y recién allí empezar el análisis. Se habla por ejemplo, del desistimiento de los juicios. Ahora si usted lee, el artículo 10, del cual se desprendería eso. Lo que hacen ahí es, que con este tema del desendeudamiento y los acuerdos que se hagan se tendrá que propender a la solución de los juicios. Pero no hay digamos.

Exactamente. Propender al arreglo. Ahora, ¿qué juicios? se preguntarán, y hay que examinar en qué consiste el desendeudamiento, cuestión que es resorte del Ministerio de Hacienda, y en base a eso ver qué correspondencia hay con estos juicios que tenemos. Pero es un camino que todavía no está cursado.

Insisto en lo que dije anteriormente, estas cuestiones están y así tienen que ser, tienen su parte política y su parte jurídica. Estamos, creo yo, en el momento inicial de aquéllos que dicen que el derecho es el fenómeno político juridizado. 

Mire, en lo que es la competencia de Fiscalía de Estado, hoy estamos trabajando en el tema de ir viendo la relación con los diferentes órganos que ha establecido la Constitución reformada en 2007. Ustedes ven, por ejemplo, que tenemos creada un Fiscalía de Investigaciones Administrativas; tenemos el Defensor del Pueblo; tenemos un Tribunal de Cuentas con rango constitucional; tenemos el Consejo de la Magistratura, del cual yo como fiscal de Estado formo parte. Y particularmente, en este caso se dan experiencias muy enriquecedoras porque toda esta nueva conformación nos presenta como una especie de espejo en relación a lo que es la gestión administrativa. Y realmente ése es un punto donde nosotros, desde la Fiscalía de Estado, le ponemos más preocupación; es decir, todo el tema de lo que es la organización administrativa. Es muy difícil avanzar en esto pero ahí estamos haciendo un trabajo bastante importante.

No, no, no puedo en principio; no estoy en ese tema.

No, no, en absoluto.

No, en absoluto. Le puedo decir que el trabajo del fiscal de Estado no es fácil, pero cuento con una gran tranquilidad, sobre todo una de conciencia, de estar haciendo lo correcto. Estoy, además, muy entusiasmado porque, como usted dice, se está dando, creo yo, una buena relación basada en el respeto, que es lo importante con los demás poderes. Ya le digo, a través de la intervención del fiscal de Estado en el Consejo de la Magistratura. Realmente hay una correcta y una justa composición de las funciones aquí. Y por el lado del Poder Legislativo, las veces que me ha tocado concurrir por el impulso de algunas leyes que han surgido como idea de Fiscalía de Estado y me ha tocado concurrir tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores y le puedo decir que he salido muy satisfecho Los debates se dan en un concierto de mucha honestidad intelectual digamos.

Una cosa serían los proveedores, y otra cosa serían los juicios. Sobre los proveedores no tenemos conocimientos porque es un particular que entabla una relación a través de un contrato administrativo con un área determinada que son los ministerios, allí nosotros tenemos noticias cuando nos llegan los expedientes para dictamen. 

Y otras cosas son las deudas que tiene la Provincia por juicios, que eso sí lo manejamos desde Fiscalía de Estado Desde el 11 de diciembre hemos empezado a trabajar. Se ha conformado un trámite administrativo tendiente a instar todas las causas con sus montos, y esta causa es la que posibilitó que el monto allí informado ingresara como se había pedido. Nosotros la verdad lo estábamos preparando con miras al presupuesto 2011, pero en el medio surgió este requerimiento de la formulación de presupuesto 2010; así que se incluyó en ese presupuesto.

Y aproximadamente tenemos entre 33 y 35 millones de pesos en juicios, que hay que pagar en efectivo. Hoy tenemos una Ley, la 5.689 que dispone todo un procedimiento para el pago de los juicios. Y bueno, es lo que estamos empezando a cumplir en la medida de las posibilidades, estamos esperando la sanción también de éste Presupuesto para empezar a dar marcha.

Bueno, tenemos varios, quizás el más emblemático, el más histórico es el de la causa Pinasco, donde tenemos varios incidentes que ya tienen montos.

Estamos hablando de montos históricos nada más, en 27 millones aproximadamente.

Claro, porque son el resto de los procesos judiciales que tienen condenas firmes que también hay que pagar, montos de 600, de 100 mil, de 10 mil también.