A raíz de las denuncias y de la investigación de la Justicia, el nuevo interventor muda oficinas, contrata auditorías y abre la información.

Tras las investigación de Clarín sobre irregularidades en los subsidios a feed lots, Cristina Kirchner parece haber digerido que el paso de Ricardo Echegaray por la ONCCA fue uno de los peores capítulos de su gestión. Este diario pudo saber que desde Olivos le ordenaron al nuevo titular del organismo, Juan Manuel Campillo, llevar a cabo una profunda reforma en la ONCCA. "Le pidieron que ordene las cosas y eso es lo que va a hacer", señalaron desde su entorno.

Estos cambios no serían sólo cosméticos, dijeron las fuentes, que prometieron que la semana próxima comenzarán a producirse hechos concretos que mostrarán la voluntad del Gobierno de corregir las cosas. Es decir, de arreglar el desbarajuste que provocaron Echegaray y su sucesor, Emilio Eyras. 

El martes, por caso, la ONCCA tiene previsto firmar un acuerdo con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, para que realice una auditoría de todo su accionar. Esta revisión, que "será para atrás y para adelante", se sumará a otras dos, que ya llevan a cabo el Ministerio de Economía y la Auditoría General de la Nación (AGN). 

-¿Y reclamarán el dinero si descubren nuevos pagos irregulares?, preguntó Clarín.

-Ya hay varios sumarios abiertos y causas en la justicia. La decisión es acatar todo lo que surja de esas investigaciones, respondieron. 

Campillo asumió en octubre y desde el vamos envió señales de querer separar su gestión de las previas. Por caso, mejoró los controles para pagar compensaciones a los sectores productivos. Entre esos cambios, ahora se exige un "certificado de existencia predial" a los beneficiarios, y hay un mayor cruce de datos con SENASA y AFIP. También derogó una resolución secreta firmada por Echegaray, que eximía a la ONCCA de exponer sus pagos a la revisión de los abogados del Estado. 

El titular de la AFIP desembarcó en la ONCCA en abril de 2008 y dictó una serie de normas que relajaron los controles sobre las compensaciones, que suman unos $ 3.000 millones anuales. Entre otras cosas, reemplazó el sistema informático tradicional por otro de su cuño, al que bautizó "Jauque", y que permitió un manejo arbitrario de los expedientes. Ahora planean desmantelar ese sistema. 

En las promesas de cambio hay una de fondo. En diciembre el Gobierno definiría una "estructura formal" para la ONCCA, pendiente desde 2006. De ese vacío legal se habría valido Echegaray para designar en puestos claves a gente de su confianza, que no formaba parte del Estado sino que eran "contratados". Sobre algunos de ellos recaen las sospechas, incluso en el propio kirchnerismo. "Se desató una industria del cuentapropismo", admitieron las fuentes. 

Para desmantelar por completo el vínculo con AFIP (a cuya sede Echegaray mudó los 400 empleados de la Oficina), Campillo ya tendría tomada otra decisión: en los próximos días alquilará un edificio, para ubicar allí su personal.

Otro marcha atrás será la publicación de las estadísticas productivas y comerciales que Echegaray ordenó discontinuar en 2008. Bajo ese ocultamiento de información pública florecieron todo tipo de desaguisados.