CABA.- La gestión macrista ya había intentado enterrarlas en rellenos de Bower, en Córdoba, y en territorio bonaerense, donde las rechazaron. Ahora firmó, con el auspicio de Greenpeace, un convenio con las firmas Duracell y Energizer.

Las diez toneladas de pilas que el gobierno porteño no pudo enterrar en rellenos sanitarios de las provincias de Córdoba y Buenos Aires, serán exportadas a Europa o Canadá a pedido de Greenpeace, la ONG ecologista que le exigió a las empresas Procter & Gamble (Duracell) y Energizer Argentina que se hagan cargo del reciclado en el exterior del millón de pilas que la comuna juntó en 2008.

Por aquel entonces, luego de una campaña de recolección que duró cuatro meses, el gobierno PRO juntó 50 contendores de baterías que trató de enterrar en la localidad cordobesa de Bower. Ante el repudio generalizado de sus habitantes, la administración macrista trató de depositarlos en territorio bonaerense, lo que derivó en un duro conflicto político con el gobierno de Daniel Scioli y la intervención de la Auditoría General de la Ciudad, cuya titular, Sandra Bergenfeld, denunció la inconstitucionalidad de la pretensión porteña.

Ayer, tras dos años de polémicas, el jefe de gobierno firmó un convenio con las dos grandes fabricantes de pilas, para que en 90 días definan "un plan para la ejecución del traslado, en el que dejarán constancia del operador exportador, la logística a implementarse y cuál será la compañía extranjera que llevará a cabo el reciclado". 

Desde la Agencia de Protección Ambiental, explicaron que el destino final lo elegirán las empresas, "pero algunos posibles son Francia o Canadá, que tienen plantas de reciclado que cumplen con nuestros requisitos y con la Convención de Basilea". En la Argentina, este tratado multilateral sobre la eliminación y el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, establece que esta basura tóxica puede exportarse sólo cuando el país de origen no tenga cómo reciclarlos.

Sólo falta la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Para Greenpeace, este traslado abre una solución a nivel nacional. "Demuestra lo que le pasa a todos los municipios cuando juntan pilas. No tienen dónde ponerlas", explicó María Eugenia Testa, de esa ONG. El traslado podría costar unos 200 mil pesos, una cifra ínfima para dos empresas que concentran el 80% de la comercialización de pilas en el país.