El kirchnerismo logró trabar en las últimas sesiones del año de la Auditoría General de la Nación (AGN) la aprobación de cinco informes de auditoría con duras críticas a la gestión de diversas áreas de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. 

Los documentos, elaborados por personal técnico, habían pasado el filtro de las comisiones del cuerpo y se habían remitido al Colegio de Auditores para su aprobación. Pero, desde el 25 del mes último, los cuatro auditores que responden al oficialismo impusieron su mayoría para retrasar el tratamiento de esos informes, al menos hasta el 10 de febrero. Así se confirmó ayer, en la última sesión del año. 

Los documentos apuntan contra la Secretaría de Energía, el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Dirección Nacional de Vialidad y el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi).

La AGN es el órgano de control externo del Estado y depende del Congreso. Pese a que la Constitución prevé que debe estar presidido por la oposición (hoy la comanda el radical Leandro Despouy), la ley que determina su funcionamiento le da mayoría al oficialismo en el Colegio de Auditores. 

En todos los casos, el retraso de la aprobación de los informes siguió un mismo libreto. Escasas horas antes de que el Colegio de Auditores tratara el tema, de acuerdo con el orden del día anticipado en el sitio de Internet de la AGN, el órgano auditado presentó un descargo fuera de plazo, una ampliación del descargo o un pedido de prórroga. 

Con esas presentaciones como argumento, auditores del oficialismo propusieron, en las sucesivas reuniones, que la aprobación de las auditorías quedara para más adelante. El 25 de noviembre lo hicieron los auditores Vicente Brusca y Oscar Lamberto; el 2 del actual, Vilma Castillo, y el 16, de nuevo Brusca. 

"Creo que se trata claramente de una maniobra dilatoria. No es casualidad que todos los organismos presenten al mismo tiempo más descargos o pedidos de prórroga", dijo a LA NACION el radical Horacio Pernasetti, que viene denunciando esta nueva modalidad. 

El auditor peronista Javier Fernández, promotor de una resolución que establece que si los órganos auditados no hacen su descargo consienten en forma automática el contenido de la auditoría, reconoció las demoras, pero negó que hubiera habido una maniobra. "Si un informe llega al colegio es para tratarse. Pero ¿qué deberíamos hacer ante un descargo del órgano auditado", se preguntó. 

Bajo la lupa 

Comfer: Se estudia la gestión de la inscripción y habilitación de las agencias de publicidad. 

Occovi: Se analiza el control, a cargo del organismo, del cumplimiento de los contratos de los concesionarios de la red de rutas con peaje. 

Secretaría de Energía: La auditoría está vinculada con el control de la actividad hidrocarburífera desarrollada por la Subsecretaría de Combustibles. 

Dirección Nacional de Vialidad: Se analiza el cumplimiento de los contratos de rehabilitación y mantenimiento de caminos. 

PSA: Están en estudio los controles de seguridad de la aviación en los aeropuertos.