Publicado: 09-04-2010
 
Tierra del Fuego.- La comisión de Economía de la Legislatura resolvió abrir la discusión en torno a la cuestionada ley de presupuesto, en la que se dispuso una reducción sobre los recursos solicitados para 2010 por algunos poderes y organismos del Estado provincial.

A tal efecto se dispuso convocar para el martes de la semana entrante al Superior Tribunal de Justicia, y el miércoles al Tribunal de Cuentas, para escuchar las razones que fundan el reclamo por mayores recursos.

Se acordó también convocar al ministro de Economía, Rubén Banhtje, para que brinde precisiones sobre el estado actual de las cuentas públicas, a fin de determinar la factibilidad técnica de satisfacer el requerimiento de mayores fondos sustentado por la Justicia y el órgano de control. 

El 28 de diciembre del año pasado el Parlamento aprobó el presupuesto provincial. A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, en esa oportunidad para el análisis del proyecto presentado por el Ejecutivo no se convocó a los representantes de Poderes y Organismos del Estado para defendieran los presupuestos de las instituciones a su cargo. 

En función de acuerdos alcanzados con el Ejecutivo, los legisladores resolvieron a aplicar una reducción sobre el cálculo de recursos solicitados por cada una de esas jurisdicciones. 

Esa determinación implicó una reducción del presupuesto de la Fiscalía de Estado de 7 mil pesos (0,2%), de 1 millón de pesos para la Legislatura, de 32 millones de pesos (23%) para la Justicia y de 8 millones de pesos (32,5%) pare el Tribunal de Cuentas. Como contrapartida el crédito presupuestario asignado al Poder Ejecutivo se incrementó en 40,8 millones de pesos respecto del proyecto original, lo que representó una mejora del 1,9%.

La medida provocó fuerte rechazo por parte del Tribunal de Cuentas, que interpretó que la reducción presupuestaria afectaba la posibilidad de que ese órgano pudiera cumplir de manera adecuada con las funciones de contralor externo que le asigna la Constitución y las leyes vigentes.

Aún más fuerte fue la reacción de la Justicia, ya que el Superior Tribunal de Justicia declaró, por acordada, inaplicable para ese Poder el presupuesto que le fuera aprobado por el Parlamento, argentando que esa reducción implicaba un avasallamiento a la independencia de ese Poder. Además reclamó que la Legislatura corrigiera esa situación aprobándole un nuevo presupuesto que respetara el presupuesto elaborado por la Justicia.