El negocio de cobrar "peaje" por subsidios
Los subsidios legislativos que son derivados a fundaciones no conocidas públicamente y que en muchos casos están vinculadas a los mismos diputados provinciales que entregan esos fondos o a dirigentes partidarios, son el mecanismo propicio para el uso indebido de esos dineros públicos. En algunos casos, son un "retorno" de los subsidios hacia el mismo legislador para hacer actividad política o para solventar gastos personales.
En otros, hay asociaciones que reciben esos fondos y que son utilizados para "triangular" los fondos hacia otras entidades sin personería o personas físicas que los han pedido y no pueden recibirlos porque la reglamentación lo prohíbe pues los subsidios legislativos solo pueden darse a entidades intermedias con sus papeles en regla. No todas se prestan a este juego. Algunas de esas asociaciones aceptan triangular los fondos y cumplen su rol haciendo llegar realmente el subsidio a las personas que los necesitan y que, en muchos casos, no tienen otro lugar donde pedirlos.
Pero algunas fundaciones que reciben mucho dinero por parte de los diputados provinciales son simples sellos que hacen el servicio de firmar el recibo y cobran "peaje" por hacerlo. Estos fondos quedan así a disponibilidad de quien lo otorga, ya sea el propio diputado/a, su secretario/a o una persona influyente del entorno del otorgante.
La maniobra es posible porque la entidad, a diferencia de lo que pasa con los subsidios que recibe de otros organismo del Estado, no tiene que rendir ese dinero al Tribunal de Cuentas.
Pese a que la Constitución de La Pampa lo dice expresamente, los diputados se las han ingeniado para eludir esa obligación y hasta ahora lo han hecho sin consecuencias administrativas ni judiciales. Ni el TdeC, ni la Fiscalía de Investigaciones, ni la justicia han molestado a los legisladores en este evidente incumplimiento de los deberes.
Pero hay más. No solo hay quienes triangulan ese dinero y se lo apropian sino que además, hay quienes medran con las necesidades de la gente. Una fuente de la Legislatura indicó que además, al menos una de esas fundaciones fue apuntada por quedarse con parte de los fondos que iban destinados a personas y entidades que realmente lo necesitaban y lo recibían a través de ellas.
El funcionario explicó a LA ARENA que hay personas que necesitan el dinero, y que lo piden a los diputados, y luego comentan que esa entidades, que se ofrecen para recibir el dinero con el compromiso de entregárselo, "se les quedaban" con una parte.
Sospechoso
El otorgamiento sospechoso de los subsidios legislativos se conoció después de una publicación de LA ARENA que informó que la Asociación Ser Solidario, recibió durante los primeros nueve meses de este año 171.800 pesos de esos fondos públicos de parte de la mayoría de los diputados provinciales. Ser Solidario, una institución desconocida, recibió en 2010 fondos públicos de 24 de los 26 legisladores -trece del justicialismo, nueve del Frepam y uno de la Coalición Cívica-. La mayor aportante con 47.000 pesos fue la diputada Silvia Petitti del Bloque Radical Independiente.
La entidad tiene como autoridades a familiares de quien es la cara visible de esa fundación, Carlos Alberto Domínguez. De acuerdo a los datos que se pueden observar en el boletín oficial de la provincia, la presidenta de Ser Solidario es la esposa de Domínguez, Carmen Ardohain, mientras que él es su secretario.
De Ser Solidario se conoce solamente que organizó un taller de danzas árabes y que puso en escena una obra de teatro sobre Eva Perón, que se paseó por la provincia, y cuyos papeles los cubrían Domínguez y familiares. La fundación tiene como dirección la calle Valerga 1.860 y es casi una "Pyme" organizada por la familia. Ayer el vicegobernador se mostró dispuesto a modificar el sistema para que sea controlado por el Tribunal de Cuentas. Si su propuesta avanza podría ser el principio del fin de esta fiesta de subsidios que lleva décadas de descontrol.
Derivación de la falta de controles
El "cobro de peaje" de asociaciones y fundaciones que reciben subsidios legislativos para organizaciones y personas es una derivación de la falta de controles de esos dineros públicos por parte del Estado provincial. Actualmente, el Tribunal de Cuentas, que debe ser su contralor, sólo recibe como comprobante de esos otorgamientos realizados por los diputados un recibo firmado por cada institución, pero no una rendición de cuentas que detalle de qué manera se gastó ese dinero público.
Una fundación marinistaSobre los destinos políticos de los fondos, algunos citan el caso del diputado Mariano Fernández, que repartió sus fondos correspondientes a los primeros nueve meses de 2010 en varias asociaciones, y varias en fundaciones con vinculación política con el PJ. La que más recibió por parte de Fernández fue la Asociación Civil Jóvenes Partícipes, con un total de 17.400 pesos. Esta entidad, cuyas siglas son "JP", está vinculada al marinismo y en algún medio de prensa se indicó que "depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación".
Al parecer, Jóvenes Partícipes lo conforman varios jóvenes que eran empleados o estaban relacionados con el despacho del ex senador Rubén Marín hasta diciembre de 2009, cuando dejó el cargo. La entidad habría sido creada cuando los muchachos se quedaban sin espacio político en Buenos Aires. De acuerdo a fuentes vinculadas al ex mandatario, también intentaron competir por la conducción del Centro de Estudiantes Pampeanos en Buenos Aires (Cepeba).
Fernández además entrega fondos a la Asociación Civil Dar para Crecer (10.400 pesos); a la Asociación Civil por Nuestros Hijos (5.100 pesos); a la Asociación Proyectos para Jóvenes (5.400 pesos); y a la Comisión de Apoyo Organismo Voluntario de Solidaridad Social (4.500 pesos).
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