Entre Ríos.- Hubo una denuncia en 2000 formulada por la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), pero la Justicia archivó la causa por falta de pruebas que avalen el supuesto desvío de fondos públicos. 

El procurador general de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, se mostró resuelto a impulsar la reactivación de la causa judicial contra el ex vicegobernador de la Provincia, Héctor Alanis, en la que se investiga el desvío de una cifra millonaria mediante la existencia una cuenta paralela en el Senado.

Alanis, que acompañó a Jorge Busti en su segunda administración, entre 1995 y 1999 como vicegobernador, fue denunciado por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en diciembre de 2000. Pero la investigación no pudo avanzar por falta de pruebas, y así fue como la "Causa Nº 29.215 Alanis-Crettón Pereyra-Treppo s/ Peculado y Malversación Culposa" fue archivada, y puesta en reserva. 

"Estamos buscando los huecos por donde avanzar. La cuenta paralela en el Senado existió, sólo nos falta probarlo. Se destruyó mucha documentación esencial, y en esto hubo un acuerdo político para que esas pruebas desaparecieran", dice el procurador. 

El jefe de los fiscales asegura que no teme una prescripción por cuanto Alanis "siguió siendo funcionario en todo este último período. Por lo tanto, la prescripción se suspende" (Alanis cumple la función de secretario de Relaciones Municipales en la administración del gobernador Sergio Urribarri). Mientras, abocó a un perito del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a analizar los extractos bancarios existentes para establecer la existencia de la cuenta paralela. 

"Tengo que lograr la conexión", asevera, en clara referencia a los datos que hay y a las sospechas que existieron a partir de la denuncia de la FIA. "Está todo el apoyo de la Procuración para apoyar la investigación, con una concepción de la política criminal que tenemos, y es que el Derecho Penal debe ser la última ratio, pero no la boba ratio. Esto es, investigar las causas más importantes, no investigar la bagatela. Y la corrupción económica está entre las causas más importantes", puntualizó.

Los hechos

En su presentación, la FIA sostuvo que a partir de la existencia de dos programas presupuestarios separados -el denominado Programa 17, a cago de Maximiliano Crettón Pereyra; y el Programa 18, responsabilidad de Maximiliano Alanis- se "realizaron maniobras consistentes, principalmente, en la sustracción de fondos públicos de todos los canales administrativos, contables y renditivos de la partida correspondiente", por una suma que durante 1999 habría alcanzado a los 5,9 millones de pesos/dólares.

También hubo un manejo irregular de otros 5,2 millones de pesos/dólares, que les fueron transferidos por la Tesorería General de la Provincia para el pago de Servicios No Personales, pero que habrían sido utilizados para el pago de contratos de personal, "a pesar de que falta la documentación respaldatoria de la utilización de dichos fondos en el supuesto pago de contratos no quedando, por lo tanto, justificada". 

Además, tampoco existía la individualización de los contratos y los de los titulares, hecho que impedía "establecer los importes correspondientes a cada uno". 

La denuncia, que primeramente apuntó a una cifra de 11 millones de pesos/dólares, pero que con el tiempo se habló de una cifra próxima a los 20 millones de pesos/dólares, destacó que el modus operandi suponía un uso discrecional de "los fondos destinados a la partida identificada como Servicios No Personales del Programa 18 (aquí generalmente se incluyen contratos de personal temporario), sin dictar las normas reglamentarias que así lo autorizaran".

Según García el monto de la suma involucrada todavía no se ha podido determinar, aunque aceptó que "es muy importante. La cifra final se podrá establecer una vez que concluya la investigación".

Sin pruebas

Pero la investigación sobre el destino de esos fondos, si es que existieron, tuvo un primer revés en julio de 2007 cuando el entonces titular del Juzgado de Instrucción Nº 6, Gustavo Maldonado, dispuso el archivo de la causa al no hallar las pruebas suficientes. Entonces, el ex juez declaró prescripta la acción penal respecto de la acusación de una supuesta malversación culposa que había sido formulada contra el ex vicegobernador Alanis. 

Al argumentar su decisión, se refirió a la desaparición de buena parte de documentación lo cual, concluyó, "imposibilita avanzar en la imputación (...) toda vez que se estaría exigiendo a los sospechosos defenderse de hechos respecto de los cuales no existen pruebas sustanciales". En realidad, el propio Tribunal de Cuentas de Entre Ríos no halló irregularidades en el análisis de la documentación del Senado. A eso, se sumó la "legalización" que hizo la administración que sucedió a Alanis en 1999, encabezada por el radical Edelmiro Pauletti, al recibir la administración del Senado.

No obstante, el procurador general cree que cabe un análisis más minucioso de la documentación existente, que quizá fue omitida por el Tribunal de Cuentas, y eso podría ser determinado a través de "pericias contables" que se están llevando adelante. 

Y confía en que la nueva jueza del Juzgado de Instrucción Nº 6, Marina Electra Barbagelata, pueda dar acogida favorable al pedido que se hará oportunamente para desarchivar la denominada "Causa Alanis", y avanzar así en la determinación de responsabilidades.