Publicado: 21-09-2010
 
La Auditoría General de la Nación (AGN), máximo organismo de control de las cuentas públicas, está trabada en un conflicto interno por el análisis de posibles sobreprecios en el tendido de la conexión Puerto Madryn-Pico Truncado.

En el organismo hay dos estudios realizados por especialistas del sector y, por supuesto, hay dos posiciones. La oposición defiende un dictamen técnico según el cual hubo sobrecosto por $ 138 millones. El oficialismo sostiene otro que dice que no hubo irregularidades.

Aunque la AGN procura aprobar sus informes por unanimidad, está lejos de lograrlo en este caso. La oposición es minoría en el organismo, pero no está dispuesta a alejarse del dictamen que, a pedido de la AGN, realizó Jorge Lapeña, secretario de Energía del gobierno de Raúl Alfonsín. El advirtió que hubo un sobreprecio del 55% en el tramo Puerto Madryn-Pico Truncado de la obra adjudicada a Intesar SA, empresa subsidiaria de Electroingeniería, informó el diario La Nación.

Pero la AGN le encomendó, simultáneamente, la misma tarea a un experto recomendado por el kirchnerismo, Oscar Eduardo Perrone, que dijo no haber encontrado nada irrazonable en los costos. Cada uno utilizó una metodología diferente.

Antecedentes

Este expediente se abrió hace un año y medio, cuando un primer informe sobre el caso, aprobado por unanimidad en la AGN, advirtió que el tramo Puerto Madryn-Pico Truncado había costado un 48% más que el anterior, Choele Choel-Puerto Madryn, y encargó profundizar la investigación. Por la complejidad del asunto, la Auditoría recurrió a Lapeña y Perrone, señalo LPO que realizó una prolija investigación.

La difusión de aquel estudio motivó la apertura de una causa penal y generó un fuerte escándalo: el kirchnerismo anunció que le quitaría al presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy, las atribuciones para hacer públicos los informes; el entonces fiscal de investigaciones administrativas Manuel Garrido denunció que la AGN le ocultaba documentación (le negaron copia del informe y los papeles de trabajo), y Electroingeniería levantó de radio Del Plata, de su propiedad, el programa de Nelson Castro, días después de que el periodista hablara al aire sobre el tema.

Congreso

Ahora, otra vez, el caso se anuncia conflictivo. El senador Ernesto Sanz, presidente de la UCR, afirmó a LA NACION que el partido llevará los sobreprecios detectados por Lapeña a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso -que él integra y donde la oposición tiene mayoría- para que el tema se vote y llegue a los plenarios de ambas cámaras. "Roberto Lavagna se fue en 2005 denunciando sobreprecios en la obra pública. Desde ese momento, todas las obras están sospechadas, pero nunca habíamos tenido pruebas tan contundentes de los sobreprecios como en este caso", afirmó Sanz.

Para Perrone esto no es así. Además, su informe sostiene que los tramos de la obra no pueden compararse porque son distintos años, regiones y estaciones, tal como había dicho Electroingeniería. También, que se usaron distintas torres y que cambió el trazado de la obra.

Siete auditores

Tan delicado es el asunto para la AGN que no lo trata una comisión de supervisión, como al resto de los casos. El propio Colegio de Auditores, formado por los siete miembros de la AGN (cuatro oficialistas y tres radicales), se constituyó entero en comisión. Además, los auditores acordaron manejarlo con total confidencialidad hasta que presenten su conclusión final.

La situación está trabada. La propuesta de uno de los auditores oficialistas fue entonces no seguir dilatando un debate inconducente, hacer un informe que se refiera sólo al trabajo de la línea y enviar los dos dictámenes al Congreso. Los radicales no lo aceptarían. Planean hacer un informe completo que reúna las conclusiones de Lapeña y el relevamiento de la línea. Dicen que así al Congreso no le quedará duda de los sobreprecios.

Pasado mañana, los siete auditores volverán a reunirse para debatir el tema y buscar un acuerdo; algo que hoy parece difícil.