El Tribunal de Cuentas advierte falencias en la gestión de Filippa

Publicado: 24-06-2010

 

El jefe comunal fue multado, pero podrían aplicarle sanciones más duras. Además esperan que la comisión investigadora se expida sobre las facturas pagadas por el Municipio por servicios que no existirían. Un proveedor lo denunció penalmente

Puerto Iguazú.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia observó irregularidades administrativas contables en la Municipalidad local y sugirió al Concejo Deliberante que juzgue el accionar del intendente Claudio Filippa. 

Los ediles opositores vienen cuestionando respecto a la resistencia del intendente de la Ciudad de las Cataratas por no querer mostrar las documentaciones del Poder Ejecutivo Municipal, discusión que llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia, que falló en el 2007 a favor del pedido de los ediles. 

Pero esta vez, el Tribunal de Cuentas tomó postura sobre los números oficiales y advirtió al Deliberativo sobre las falencias administrativas. 

La medida del organismo de contralor provincial fue de multar en la suma de 200 pesos al jefe comunal por no haber cumplido con el pedido de disposición de los papeles requeridos por el Tribunal de Cuentas en el 2008. Se trataba principalmente de legajos del personal municipal que fueron solicitados a la intendencia.

Seguido a ello, según sostiene, Filippa siguió haciendo caso omiso y a pesar de haber sido intimado por el Tribunal, este organismo determinó que "el presente expediente no merece mayores tramitaciones, por lo que debería tenerse como antecedente para una futura verificación administrativo contable".

La fiscal Yolanda Villagra, señaló que existe la figura del delito del artículo 249 del Código Penal, "ya que el señor intendente no puede ignorar que se trata de un acto dictado por una autoridad constitucional". 

Aunque sugirió una denuncia penal para hacer cumplir con el Artículo 132 de la Ley de Municipalidades, el cual trata una suspensión y luego destitución del intendente; pero indicó que debido a tratarse de "negligencias en sus funciones determinadas por el Tribunal de Cuentas" corresponde al Concejo Deliberante juzgarlo, según el Artículo 133 de la "Ley Orgánica de Municipalidades" Nº 257 .

Esta medida sería concretada por los ediles luego que se expida la comisión investigadora formada hace dos semanas para verificar sobre facturas pagadas por servicios que no existirían. 

"La Municipalidad tiene toda la documentación que corresponde a las cosas que se están haciendo y no tengo nada que ocultar", había manifestado el intendente Claudio Filippa, acerca de la comisión investigadora que se formó para recabar datos sobre facturas que serían de falsos servicios. 

Los renovadores piden la renuncia al bloque renovador del presidente del cuerpo deliberativo, Luis Sánchez, quien apoya las decisiones de la oposición.

Por otro lado, la comisión investigadora recibe testimonios de personal y documentaciones para el dictamen final. En tanto, Julio Jiménez, como proveedor de la comuna, denunció penalmente a la Municipalidad. "Mi padre mandó a pedir mi facturero y lo dejó en la Municipalidad y Marta Olivera me dijo que lo tenía la secretaria. Pero ella misma me dijo que tampoco lo tenía. Después me llamaron para firmar los papeles originales y me ofrecieron porcentajes de los cheques, pero no me quisieron devolver el facturero", comentó Jiménez. 

Aseguró que "el facturero pasaba de mano en mano, rellenando servicios que yo nunca hice".

No es la primera vez que en la ciudad de Puerto Iguazú se denuncian anomalías con los números de la comuna. A principios de mayo, y ante los reclamos del servicio de recolección de residuos, los ediles resolvieron pedir un informe al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) acerca del parque automotor municipal. "Queremos saber dónde estamos parados con respecto a los móviles de patrimonio municipal, más aún habiendo denuncias", sostuvo el concejal Arévalo. 

Por otro lado, el intendente Claudio Filippa, podría ser denunciado ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia porque no había presentado la memoria y balance del año 2009, ya que venció el plazo establecido para cada año el 31 de marzo. 

Además se denunció un millonario desfalco municipal hace cuatro años y la Justicia no terminó de analizar las pruebas de aquel suceso. El intendente y cinco ex funcionarios fueron imputados, junto con un chofer de la comuna. Según el asesor legal del municipio, José Aranda, las pericias contables ya estarían culminadas pero aún restan las pericias caligráficas para avanzar en la causa.