El Tribunal de Cuentas de la Provincia formalmente certificó que nunca el gobierno levantó las observaciones realizadas al llamado convenio chino. La presentación fue realizada ante el Superior Tribunal de Justicia, tras el requerimiento de información que realizara el Fiscal de Estado para fundamentar el recurso de amparo. Pocos días después, y a pedido de la juez penal Cristina Barrionuevo, la inexistencia de un instrumento legal que corrija los errores señalados por el órgano de contralor fue aportada como prueba. Se confirma la versión de los legisladores, que deslindaron su responsabilidad sobre el tema hasta tanto el Ejecutivo cumpla con este paso legal. Asimismo, el Tribunal adelantó las observaciones que, aun con la insistencia realizada, no podrán subsanarse.

Río Grande.- El Tribunal de Cuentas realizó en los últimos días dos presentaciones vinculadas con el convenio chino, una de ellas relacionada con la acción de amparo y el amicus curiae que tramita ante el Superior Tribunal de Justicia, por presentaciones del Fiscal de Estado y del Dr. Carlos Bassanetti respectivamente. La segunda, por haber sido requerida como parte de la prueba en la causa penal que investiga la Dra. Cristina Barrionuevo.

Según fuentes del organismo de control del Estado, en ambos casos fue documentado que nunca el Gobierno levantó las observaciones realizadas, como lo había afirmado el secretario de Hidrocarburos Eduardo D´Andrea. En función de la ausencia de un acto legal que repare los errores señalados, para el Tribunal de Cuentas, que así lo señaló a la Justicia, el convenio se encuentra suspendido.

La Dra. Cristina Barrionuevo, quien junto con el Fiscal Mayor Guillermo Massimi investigan la causa penal, efectuaron un requerimiento especial al organismo de control, en el que se consulta si tenían conocimiento del último acuerdo que se había firmado el 1° de agosto y si, en caso de que así fuera, estarían dadas las condiciones para levantar las observaciones que se hicieron por Acuerdo Plenario N°1821.

"El gobierno nunca insistió", aseguraron desde el TCP, contrariando a D´Andrea quien sólo habría presentado una nota con un dictamen jurídico del asesor legal Omar Espósito, sin valor legal puesto que la insistencia debe efectuarse mediante el dictado de un decreto por parte de la gobernadora.
"No hubo decreto", ratificó la fuente, como también que así se expuso a la juez penal, de la misma manera que lo habían realizado pocos días antes ante el Superior Tribunal de Justicia, que debe definir las presentaciones del Fiscal de Estado Martínez de Sucre y del Dr. Carlos Bassanetti.

El organismo de control aseguró en sus presentaciones que el acto está técnicamente suspendido, y negaron que las presentaciones constituyan una maniobra dilatoria para agregar nuevos elementos a la causa, puesto que fueron realizadas a requerimiento de la magistrada interviniente, en el caso penal.

Con respecto al Superior Tribunal, existió un pedido de pronunciamiento de Fiscal de Estado, que sumó como fundamento a la acción de amparo.

Cabe indicar que las respuestas elevadas al Superior Tribunal y a la justicia penal tienen el aval de los tres miembros del Tribunal de Cuentas y fueron agregadas al expediente que consta ya de 1.420 fojas. Entre ellas, la posición del fiscal ante el STJ Oscar Fappiano, que tomó estado público la semana pasada.

Legisladores al margen

Además de comprobarse la falsedad de las afirmaciones del gobierno, que a través de distintos funcionarios, incluida la gobernadora, dijo haber levantado todas las observaciones del Tribunal de Cuentas, se confirmó que los legisladores, en quienes Fabiana Ríos depositaba la definición del tema, se encuentran al margen porque no pueden avanzar sobre un acto suspendido hasta que el gobierno dicte el decreto correspondiente.

"Para levantar las observaciones hay que hacer la insistencia. Cuando se hacen las observaciones, lo que corresponde por ley es hacer la insistencia, para poder darle legitimidad, y deben ser por decreto", insistieron desde el Tribunal.

El Dr. Omar Espósito, responsable del asesoramiento jurídico, pretendió con un dictamen reemplazar el circuito legal, pero dejó sin definir la decisión del Ejecutivo.

Errores insalvables

Entre las consultas realizadas por la jueza penal, figuró una en particular: si es posible que el gobierno levante todas las observaciones y si el Tribunal podría obrar en ese sentido. Sin embargo, y aunque no se conocieron los puntos específicos, desde el organismo fue informado que en la hipótesis de que el gobierno dicte el decreto que no hizo todavía, algunas observaciones podrían sortearse pero otras resultan insalvables por la forma en que se llevó adelante la negociación.