Son los de responsabilidad que hace el Tribunal de Cuentas a los que le causan un daño al Estado para que lo reparen de su bolsillo. La Corte dice que es inconstitucional.

San Juan.- En el Poder Ejecutivo están estudiando la posibilidad de impulsar un proyecto de reforma de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, para eliminar los juicios de responsabilidad que lleva adelante el organismo contra funcionarios o empleados estatales. La medida se debe a que la Corte de Justicia resolvió hace poco que son inconstitucionales y aunque lo dijo para un caso puntual, en Casa de Gobierno analizan si es suficiente para adecuar la ley a los que dispuso el máximo tribunal. Consideran que es una forma de ahorrar tiempo ya que, a pesar del fallo, el organismo sigue teniendo la facultad de iniciar ese tipo de procedimientos que a futuro implicarían planteos de los afectados para que también sean declarados inconstitucionales.

La modificación legislativa está siendo evaluada por un grupo de abogados del Ejecutivo por instrucción del gobernador José Luis Gioja, explicaron fuentes calificadas. En principio, lo que quieren determinar es si tiene sentido mantener en pie los juicios de responsabilidad cuando la Corte de Justicia ya dijo que van contra la ley.

Los juicios en cuestión son los que el organismo de control hace contra todos los funcionarios o agentes públicos que le causan un perjuicio económico a la provincia. Y el que es encontrado responsable -culpables-, debe reparar el daño poniendo dinero de sus propio bolsillo. 

La reforma, si se concreta, lo que haría es desechar estos procesos y dejar en manos del Tribunal de Cuentas la facultad que le reconoce la Constitución y la Corte de Justicia. Esto es, en lugar de condenar e impone un castigo, investigar a los funcionarios que supuestamente cometieron un perjuicio fiscal y girar las actuaciones para que Fiscalía de Estado ejecute al responsable en la Justicia Civil.

Los juicios de responsabilidad quedaron en el ojo de la tormenta, cuando la Corte de Justicia declaró en mayo que el proceso contra la ex directora de Turismo de la Alianza María Inés Rico por el llamado caso Aleco es contrario a lo que dice la carta magna provincial. Así, la sanción patrimonial impuesta a la ex funcionaria quedó sin efecto y pasó a archivo.

Uno de los cortistas dijo fuera de micrófono que la resolución, más allá de ser para un solo caso, requiere que se reforme la ley del Tribunal de Cuentas. Incluso, el fallo fue notificado al Ejecutivo y al Poder Legislativo para que avancen en ese sentido.

Una fuente cercana a Gioja opinó que corresponde eliminar por ley los juicios, por una cuestión institucional y de economía procesal. Es decir, evitar montar todo un procedimiento que demanda gastos y la puesta en marcha de todo un aparato administrativo, para que al final la Justicia diga que está mal hecho.

Hoy, como están las cosas, el Tribunal de Cuentas sigue teniendo facultades por ley para iniciar juicios de responsabilidad por hechos irregulares nuevos. Pero, con el antecedente, están condenados a fracasar. El panorama cambiaría con una reforma, porque apenas se sancione dejaría de tener atribuciones para ejecutarlos y se debería limitar a investigar. 

El interrogante que queda es qué va a pasar con los juicios que están en trámite y que no fueron declarados inconstitucionales. En el Tribunal de Cuentas todavía no saben si los archivarán, si seguirán adelante hasta que la Corte los frene o si los mandarán a Fiscalía de Estado.