Publicado: 25-10-2011 
  
Buenos Aires.- Existe una fundación en esa unidad académica que recauda fondos por fuera del presupuesto asignado. Alertan por la falta de controles. Uso político y denuncias por las extensiones.

Si usted, que está leyendo esta nota, le preguntara a cualquier estudiante, docente o graduado de la Facultad de Periodismo de La Plata si conoce la existencia de la Fundación Facultad de Periodismo y Comu-nicación Social para la Defensa de la Educación Libre, Pública y Gratuita, que depende de esa unidad académica, seguramente recibirá una respuesta negativa. No es para menos, ya que desde hace varios años la agrupación política que conduce esa casa de estudios tendría guardada, bajo cuatro llaves, la existencia de esta entidad que serviría para recaudar y administrar recursos que se generan por fuera del presupuesto que se aprueba todos los años en el Consejo Superior.
 
Se trata de fondos provenientes de los llamados "trabajos a terceros" que se prestan a empresas privadas y organismos públicos, como así también de recursos que depositan los municipios para el funcionamiento de las regionales de Periodismo en el interior del país.

En ningún lugar de la página web institucional de la facultad figura la existencia de esta fundación. Ni una sola mención se hace en el relato histórico, donde se cuentan todos los acontecimientos trascendentes de la institución, como la creación de la escuela superior, el pase a facultad en 1994 y la construcción de la nueva sede, emplazada en el Bosque platense.

Para confirmar la existencia de esta entidad es necesario analizar los convenios que firman las autoridades de la facultad, como el que se suscribió con el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, que sirvió para que se instalaran dos extensiones (allí se dictan materias de la carrera) en las localidades de Río Grande y Ushuaia.

El convenio dice expresamente que, entre los días 1° y 10 de cada mes, se deben depositar en la fundación los montos dinerarios para pagar los honorarios de los docentes y de un coordinador académico, "más una contribución mensual de 10% sobre el monto total de honorarios correspondientes a las carreras de grado (Licenciatura y Profesorado), que la fundación reinvertirá en actividades de capacitación docente y de cooperación mutua con la facultad".

Resulta por demás sospechoso el destino que se le estaría dando al 10% que recauda la fundación, y que debería multiplicarse por cada una de las otras diez extensiones que tiene la facultad, cuando las autoridades ni siquiera blanquean la existencia de la entidad, que funcionaría en las sombras. En otras palabras, según el mencionado convenio, la fundación recauda sin control y luego reinvierte sus recursos en la propia facultad, de la cual depende. Podría tratarse, en definitiva, de una triangulación oscura en el manejo de fondos públicos.


La actividad de las fundaciones dentro de las universidades fue duramente cuestionada por organismos de contralor como la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Ya en un dictamen del año 1998 se alertaba que el funcionamiento de esas entidades "refleja que los fondos públicos son administrados por una persona jurídica de carácter privado, lo que restringe el control de los mismos por parte de la Universidad".

En ese sentido, altas fuentes del Rectorado, consultadas por Hoy, reconocieron que no pueden tener ningún tipo de control sobre la fundación de la Facultad de Periodismo. "Es una entidad privada que está fuera del alcance de control que puede llegar a tener el Rectorado o el Consejo Superior (órgano de cogobierno universitario)", afirmaron. Pero el Estatuto de la UNLP, por el contrario, contempla este tipo de situaciones (ver aparte), y deja la puerta abierta para la realización de controles. Y más cuando en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, hay cuentas que no cierran.


Este diario se comunicó con el Decanato de Periodismo, que conduce Florencia Saintout, y se envió un breve cuestionario para saber por qué la facultad no da a conocer públicamente la existencia de la fundación. La respuesta fue el silencio.

Tampoco hubo respuesta a las denuncias que vienen realizando los representantes de la minoría estudiantil en el Consejo Directivo, respecto a la falta de presentación de rendiciones de cuentas y balances de las autoridades de la facultad. "Hace cuatro años que venimos reclamando que se reúna la Comisión de Presupuesto del Consejo Directivo (ex Consejo Académico) para que se presente una rendición de cuentas, para saber qué es lo que se hace con el dinero de la facultad. La comisión recién se reunió el diciembre del año pasado, y nos dijeron que no tenían nada para mostrar", le dijo a Hoy Rosario Bernasconi, consejera estudiantil.


La falta de controles a la fundación de la Facultad de Periodismo estaría violando lo dispuesto por el estatuto de la Universidad Nacional de La Plata, que en su artículo 80, inciso 22, dispone como atribución del Consejo Directivo de la facultad "proponer al Consejo Superior la creación o cesación de centros, institutos y laboratorios donde se realicen tareas de investigación y/o de extensión. Supervisar anualmente su funcionamiento, dando cuenta a las comisiones pertinentes de la facultad y del Consejo Superior; llamar a concurso para la provisión de cargos de director de centros, institutos o laboratorios de investigación, según el reglamento del Consejo Superior".

"Una extensión es un centro de estudios. La fundación actúa como una suerte de intermediación de la facultad, y como tal debe estar supervisada como lo establece el estatuto. En ningún caso cabe considerarla a esta fundación como un organismo por fuera de la norma que rige a la Universidad. Hay un sinnúmero de aspectos académicos y didácticos de las extensiones que dependen de la facultad, como es la constitución de las mesas de examen, la asistencia a los cursos y la utilización de la currícula. En definitiva, todo lo que hace la fundación lo hace en nombre de la facultad, y, como tal, debería dar cuenta de ello", dijeron altas fuentes de la Universidad platense que vienen estudiando el tema.


Desde distintas agrupaciones políticas estudiantiles vienen impulsando que las extensiones de la facultad tengan autonomía para que los alumnos de cada una de ellas puedan elegir sus propios centros de estudiantes. Así se aprobó hace tres años, cuando la conducción estudiantil era ejercida por la agrupación La Redonda.

Pero cuando La Walsh (la agrupación estudiantil en donde militaron las autoridades de la facultad de las últimas dos décadas) retomó la conducción del centro, hizo una contrarreforma que, según distintas fuentes consultadas por este diario, tuvo el único objetivo de inflar el padrón electoral con votantes de las extensiones y así poder dar vuelta los resultados de las elecciones de La Plata, que en los últimos años le fueron adversas.

"Hay aprietes de todo tipo en las extensiones para conseguir esos votos. Y en muchos casos se inventan, no hay controles de ningún tipo. Y lo peor es que se les impide a los alumnos de cada extensión elegir su propia representación", afirmaron las fuentes consultadas.

Actualmente, Periodismo tiene extensiones en las localidades de Chivilcoy, Carmen de Patagones, Miramar, Bolívar y Moreno (se cerró la inscripción). También funcionan en Formosa, en el ISER de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ushuaia, Río Grande, y en la Unidad Penitenciaria nº 9 de La Plata.
 
Fue cerrada la extensión de Punta Alta, dejando a la mayoría de los inscriptos sin poder terminar la carrera. También estaría a punto de cerrar la extensión de Monte Caseros (Corrientes), donde ya no se realizan inscripciones.


Sindicalistas docentes advirtieron ayer el "bajo desarrollo del posgrado" en las universidades públicas, donde de los 120 mil profesores sólo 2.330 poseen especializaciones y un 8% doctorados, reportado en un relevamiento del Ministerio de Educación.

Los profesores universitarios nucleados en Conadu, Conadu Histórica y Fedun reclamaron en la última mesa de negociación colectiva con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el ministerio la incorporación de los docentes con especializaciones al cobro del adicional por posgrado, tras conocer los datos oficiales.

El secretario general de Conadu, el platense Carlos de Feo, señaló que "los valores obtenidos de los docentes que actualmente poseen un título de posgrado son inferiores a los esperados, especialmente los vinculados a títulos de maestría".