Publicado: 19-09-2011

Chaco.- Convocados por la Red de Salud "Ramón Carrillo", en la Feria Nacional de Semillas Nativas y Criollas, pequeños productores de 19 localidades del Chaco solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo de la provincia, Gustavo Corregido, a quien entregaron un petitorio en el que solicitan una política de Estado en materia de protección de salud, ambiente y calidad de vida.

El funcionario, que todavía no está en funciones, consideró que modificar la actual Ley de Biocidas 3378 "sería un error y contribuiría a la desprotección en materia ambiental y de salud".

Durante el encuentro con Corregido, aseguraron que existe un "total abandono desde el Estado" cuando sufren pérdidas de sus pequeñas producciones y se ven afectados en la salud como consecuencia de las "fumigaciones" con agroquímicos.

"Se evidencia una falta total de política hacia el sector de pequeños productores que viven de sus chacras dignamente y sin subsidios del Estado", subrayaron. A la vez, graficaron que las fumigaciones se realizan sin respetar las leyes vigentes, en forma terrestre y/o aérea, calle de por medio de zonas pobladas y escuelas; y en inmediaciones de pozos o fuentes de agua de consumo humano.

"No existe control por parte de los municipios, tampoco por parte del órgano de aplicación de la ley de Biocidas, y en tanto producen desechos considerados residuos peligrosos estarían contaminando el aire, el suelo y el agua; no sólo con las aplicaciones sino también con el lavado de las máquinas aplicadoras, con los envases que se desechan sin ningún tratamiento en cualquier lugar", relataron.


También señalaron que, en las zonas más cercanas a las áreas de fumigación, se observan afectaciones en la salud cada vez más graves: desde enfermedades respiratorias y alérgicas en piel, hasta malformaciones y cáncer, además de las afectaciones al ambiente y a los productos de chacras.

"Hemos visto que malparen los animales de granja, las cabras y hasta se reducen los índices de reproducción; se afecta en general al ambiente, a la biodiversidad, a los ecosistemas, poniendo en riesgo la sustentabilidad de los mismos", subrayaron.


En tal sentido, el Defensor del Pueblo aclaró que todavía no está en funciones y espera una ley de estructura de cargos y asignación de presupuesto para poner en funcionamiento la Defensoría. También fijó posición en relación a la los agroquímicos.

En tal sentido consideró que, cuando se trabajó la problemática de alto impacto ambiental en el Departamento Bermejo (La Leonesa y Las Palmas), se comprobó que la Ley de Biocidas Nº 3378 era completamente ignorada por los organismos de control de todas las administraciones, determinando responsabilidades para funcionarios de la actual y anterior administración provincial e intendentes municipales.

La investigación llevada a cabo en la Fiscalía Federal de Resistencia aún no concluyó por la cuestión de competencia trabada entre la justicia federal y provincial. En tanto, el Superior Tribunal de Justicia en reciente fallo ordenó se encaucen las medidas de protección a la salud y ambiente por parte de las autoridades provinciales y municipales en las localidades de La Leonesa y Las Palmas.

"Sería un error y contribuiría a la desprotección en materia ambiental y de salud modificar la actual Ley de Biocidas Nº 3378, por cuanto dejar en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación de las distancias y todo lo que por ley está previsto sería un retroceso en materia ambiental, porque todas las administraciones tanto anteriores como actuales han demostrado una total falta de compromiso con la salud y medio ambiente e ineficacia para aplicar la normativa vigente", sentenció.

Por último, señaló que les cabe responsabilidad al gobierno de la provincia, a los anteriores gobiernos, a los funcionarios provinciales anteriores y actuales, y los intendentes por la falta total de una política ambiental que cuide salud y ambiente por una mejor calidad de vida de los chaqueños. Continúa la deuda en materia ambiental".