Publicado: 09-12-2009

Con multas, algunos de ellos, y el inicio de juicio de responsabilidad a otros, los funcionarios del ARI suman irregularidades en el manejo de fondos públicos que son determinadas en los controles que realiza el Tribunal de Cuentas. Pagos sin apegarse a las normas vigentes y violando hasta la Constitución, son varios de los hechos que han tomado estado público. Así, los funcionarios de la gobernadora Fabiana Ríos contradicen los preceptos de transparencia que pretendía imprimir en su gestión.

Ushuaia.- Cuando eran legisladores de la oposición, Fabiana Ríos, Manuel Raimbault y José Martínez vivían objetando el uso de fondos públicos por fuera de lo que dicta la Constitución Provincial y las leyes que rigen en esa materia, pero varios funcionarios de Gobierno han cometido esas mismas torpezas y no han cumplido con la meta que pretendía la mandataria en «una nueva forma de gobernar».

En varios informes que tomaron estado público, el Tribunal de Cuentas de la Provincia está demostrando que los funcionarios del ARI cometen las mismas torpezas que perpetraron funcionarios de otras gestiones, que fueron tildadas en su momento como «sospechadas de corrupción» por Ríos, Martínez y Raimbault. Incluso, por varios casos no dudaron en pisar los pasillos judiciales para formular una denuncia penal.

Uno de los hechos más «bochornosos» en la actual gestión es la actitud de Vicente Sinchicay, presidente del IPAUSS, quien se negó a pagar una multa de apenas 600 pesos, por irregularidades en un expediente y obligó al Tribunal de Cuentas a iniciarle un juicio ejecutivo. 

A este caso se suma lo ocurrido con su esposa, Rita Rivera, secretaria de Contrataciones y Abastecimiento del Gobierno, quien junto al doctor Rubén Morresi, como titular del hospital Ushuaia y la contadora María Elena Jiménez (ex tesorera General), fueron multados por el pago irregular a un médico.

El Tribunal de Cuentas pudo advertir que a un profesional médico le pagaron dos facturas por servicios prestados, pero «sin que se haya instrumentado el contrato que le dé sustento» a esas cancelaciones.

La multa aplicada a los funcionarios del Gobierno del ARI, es por un monto equivalente al 5% de la remuneración bruta; con motivo de haberse apartado a leyes que rigen en el uso de fondos públicos.

Para el caso concreto de la contadora Jiménez se le reprocha el incumplimiento a la obligación que le impone la Constitución Provincial en el cargo de tesorera General de la Provincia, de velar por los fondos públicos que debe manejar (violó el artículo 168 de la Carta Magna).

«Al autorizar el pago de las facturas sin efectuar observaciones sobre las irregularidades advertidas, en función de que es la máxima responsable de la Auditoría Interna», es la falta advertida por el organismo de control hacia la contadora Jiménez. 

Irregularidad en el Puerto 

El Tribunal de Cuentas resolvió iniciar un juicio de responsabilidad contra Sergio García y Nicolás Bonaparte, presidente y ex presidente de la Dirección Provincial de Puertos, quienes deberán responder por un presunto perjuicio fiscal de más de 500 mil pesos.

La causa tuvo su origen en el pago en forma irregular del «Fondo Estímulo» a los empleados de esa repartición, ya que al momento de hacerlo «no estaba homologado el convenio colectivo de trabajo».

Según la acusación, Sergio García deberá responder por el daño causado al Estado por una suma de 375 mil 785 pesos; en tanto que Guillermo Bonaparte lo deberá hacer por la suma de 142 mil 813 pesos; siempre que el organismo de control dicte una resolución en contra de ambos.

A García se le reprocha la responsabilidad de haber dictado la resolución DPP 74/08, aprobando un anticipo del 70% del «Fondo Estímulo»; mientras que Bonaparte completó el otro 30% mediante la resolución DPP 1419/08; indica la acusación.

«A la fecha en que se efectuaron los pagos» el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo «carecía de virtualidad operativa, atento la falta de homologación por el Ministerio de Trabajo de Nación», indica el organismo de contralor.

Reproche del PJ

En el crítico documento que aprobó el Congreso Provincial Justicialista el pasado domingo, se hizo un reproche a los actos de «corrupción» cometidos por los funcionarios del actual Gobierno.

En estos casi dos años de gestión el Gobierno «ha dado serias señales de corrupción al ser sus funcionarios multados y acusados de perjuicio fiscal por el Tribunal de Cuentas, por el no apego a las normas y deshonestidad al momento de tener que cumplirlas», indica uno de los puntos del documento.