Gargaglione deberá afrontar una multa del Tribunal de Cuentas

El intendente municipal de San Cayetano, Miguel Angel Gargaglione, deberá afrontar una multa de 3 mil pesos, mientras que el tesorero, Oscar Ordóñez, y quienes fueron contadores de la comuna en el año 2008, José Cinalli, Pedro Laplace y Sebastián Chiaradía, tendrán un cargo por 17.710,52 pesos, de acuerdo a lo determinado por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, tras examinar dicho ejercicio. Asimismo, el entonces secretario de Hacienda, Marcelo Carnevale, fue sancionado en 1500 pesos.

Al hacer referencia a la multa de Gargaglione, el fallo indica que "no ha sido aportada copia debidamente autenticada del acto normativo referido a la delegación de firma por parte del titular del Departamento Ejecutivo, extraído de los registros rubricados por este Tribunal".

Las restantes cinco infracciones se deben a la falta de implementación de módulos del RAFAM; a que el presupuesto municipal fue realizado con mayor grado de detalle al estipulado por ley; que la elevación de la documentación se efectuó fuera de término; que se hizo un indebido uso de fondos afectados; y que hubieron extralimitaciones en el presupuesto.

La información fue suministrada en la edición Nº 370 de la revista La Tecla, donde se afirma que si bien los ejercicios del año 2008 de los 134 municipios fueron aprobados por el órgano de contralor, un alto porcentaje de los jefes comunales fue multado y/o amonestado.

Ante el estado público que tomó la noticia, el secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad sancayetanense, Ignacio Marlats, informó que la comuna fue notificada del fallo el 17 de mayo, y que luego de realizar los correspondientes descargos, se dio respuesta al mismo "en tiempo y forma" el 9 de junio.

Respecto a Miguel Gargaglione, el funcionario indicó que, al no haber -el jefe comunal- delegado la firma de las órdenes de pago, haciendo uso de las facultades que le son propias, se solicitó al Tribunal que no se lo considere motivo de multa.

En cuanto a la falta de ejecución de cinco módulos del sistema RAFAM, Marlats señaló que "es decisión del Departamento Ejecutivo su implementación completa", y que para ello se está capacitando al personal. En referencia a que el presupuesto municipal fue realizado con mayor grado de detalle al estipulado por ley, el secretario afirmó que "es incomprensible la postura del Tribunal de Cuentas, ante el cumplimiento de una disposición a la cual se le agregó información que no está especificada".

Marlats sostuvo que la elevación de la documentación fuera de término "es producto, en gran medida, por las transiciones originadas a raíz del pedido de renuncia al entonces contador municipal José Cinalli, su reemplazo en forma temporaria por el contador Pedro Laplace, y la definitiva asunción en el cargo del contador Sebastián Chiaradía".

Posteriormente, el secretario de Gobierno y Hacienda manifestó haberse aportado "documentación suficiente para demostrar la inexistencia" de un uso indebido de fondos afectados, así como también las ordenanzas Nº 1765/09 y 1766/09 "aprobadas unánimemente por el interbloque opositor FpV-PJ y la UCR", lo cual invalidaría las supuestas extralimitaciones al presupuesto.

Asimismo recayó un cargo sobre el intendente municipal, en solidaridad con el contador José Cinalli, por haberse abonado una orden de pago con factura recibida vía fax, motivo por el cual "se aportó copia fiel del duplicado de la factura, constatándose que se abonó un servicio efectivamente prestado".

Los cargos por 17.710,52 pesos contra los tres contadores y el tesorero municipal, correspondientes a fondos no identificables acreditados en cuentas corrientes municipales, "provienen de pagos efectuados por contribuyentes que, no habiendo remitido el informe de la tasa que han cancelado, no permite su identificación". Al respecto, Ignacio Marlats expresó que dicho monto fue ingresado al sistema RAFAM, a la cuenta "créditos sin identificar", y se solicitó la exención del cargo.

Por último, el funcionario municipal indicó que "realizados los descargos correspondientes a cada cargo y/o multa, se espera la resolución final del Tribunal de Cuentas, destacando que no hay sanciones que perjudican al municipio ni revistan gravedad, ya que no se cuestiona la legalidad del gasto".