La Justicia decidió avanzar en la investigación contra la presidenta Cristina Kirchner para saber si incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública al integrar una consultora familiar junto a su marido y su hijo.

Desde sectores de la oposición ya se mostraron dispuestos a aportar pruebas que puedan hacer avanzar la pesquisa.

En ese sentido, la diputada Patricia Bullrich hizo saber ayer su predisposición para colaborar en la causa sobre El Chapel SA con el juez del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, y anunció que entregará a la Justicia un pedido que había hecho por este caso ante la Oficina Anticorrupción en agosto pasado intimando al organismo a exigir la renuncia de la jefa de Estado a esa sociedad.

Sucede que la Oficina Anticorrupción en ese entonces había determinado que no era incompatible que Cristina Kirchner fuera, al mismo tiempo, Presidenta de la Nación y socia de su esposo y su hijo Máximo en El Chapel SA, una consultora cuya propiedad fue incluida en su última declaración jurada de bienes.

La Presidenta admitió en ese informe ser propietaria del 45 por ciento de las acciones de El Chapel, adquirido con "ingresos propios" y por un valor total de 11.250 pesos.

En ese escenario, para la Oficina Anticorrupción "no se ha configurado una situación de conflicto de intereses toda vez que la sociedad anónima El Chapel no hubo desarrollado actividad alguna desde su constitución y que, en el marco de lo informado por la secretaría general de la Presidencia de la Nación (...), la señora Presidenta no ha ejercido el cargo de directora suplente".