Puerto Madryn.- Avanza en los Tribunales una causa contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, por presuntos sobreprecios en la construcción de la central termoeléctrica de Río Turbio.

La mayor parte de la energía que genere esta nueva usina se colocará en el Sistema de Interconexión Nacional por medio de la línea de tendido eléctrico patagónico, otra obra sospechada de sobreprecios. La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó en 2008 un informe que advirtió que el tramo Puerto Madryn-Pico Truncado del tendido había costado un 48% más que el anterior, Choele Choel-Puerto Madryn. 

Según el diario La Nación, en los próximos días, el cuerpo de peritos de la Corte Suprema comenzará un peritaje para analizar la razonabilidad de los costos de la central, por la que el Gobierno se comprometió a pagar más de 2600 millones de pesos.

El estudio fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadio hace dos semanas, según informaron dos funcionarios con acceso al caso. Será un peritaje multidisciplinario, del que no sólo participarán expertos tasadores, sino también ingenieros. Es un estudio complejo, que demorará muchos meses, estiman en Tribunales.

La investigación judicial sobre la central de Río Turbio tiene dos ejes. Por un lado, los supuestos sobreprecios. Según la denuncia que motivó el expediente, se pagará por esta obra tres veces el costo internacional promedio y un 174% más que lo invertido por Chile para hacer una central térmica "de similares características preciada en la misma época". Por otro, los efectos sobre el medio ambiente. Los denunciantes sostienen que hay un grave peligro de contaminación porque la usina utilizará carbón como combustible y no se tomaron los recaudos necesarios para evitar un daño ambiental.

En relación con este aspecto, el juez ordenó un allanamiento en la compañía de seguros que emitió la póliza por posibles daños ecológicos. Durante ese operativo secuestró documentación vinculada al caso que está incorporada al expediente.
 
Antecedentes
 
El contrato para la construcción de la central termoeléctrica a carbón en Río Turbio lo firmó Cristina Kirchner el 14 de diciembre de 2007, cuatro días después de asumir la presidencia. La adjudicataria, que había ganado la licitación, fue la UTE Grupo Isolux Corsan, de capitales españoles.

Bonadio investiga este caso desde octubre del año pasado, cuando el fiscal federal Guillermo Marijuán presentó un requerimiento en el que individualizó como imputados a De Vido, Peralta (que era el interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio durante el proceso licitatorio) y los ex subsecretarios de Medio Ambiente de Santa Cruz Francisco Anglesio y Mario Abel Díaz.

De acuerdo con la carátula del expediente, los supuestos delitos que se investigan son abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y envenenamiento o adulteración de aguas, medicinas o alimentos.

La causa se inició por una presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, Adrián Pérez, Fernanda Reyes y Elsa Quiroz, que denunciaron que las autoridades nacionales accedieron a pagar por la central de Río Turbio, que tendrá una potencia de 240 megawatts (MW), un precio casi tres veces superior por megawatt que el valor internacional promedio "sin motivos aparentes que justifiquen semejante desfase".

Dijeron además que el precio de esta usina superaría en un 174% el pagado por Chile por la central de Puchuncavi. Afirmaron que frente a los 1,26 millones de dólares por MW instalado que se pagaría en esa central, la Argentina se habría comprometido a desembolsar 3,45 millones por MW en Río Turbio.
 
Debate ambiental
 
En 2009, cuando la denuncia se hizo pública, De Vido dijo en un comunicado que esa comparación estaba "basada en un total desconocimiento", porque "las características de ambas usinas y sus emplazamientos geográficos hacen que no resulten comparables". Dijo, además, que la central de Río Turbio va a tener tecnología más sofisticada y que Isolux había ganado una licitación internacional (en la que ofertó el menor precio) que había sido aprobada por todos los organismos de control.

La idea es que la central termoeléctrica funcione a base del carbón de la mina de Río Turbio, pero los denunciantes sostuvieron que ese yacimiento no tendrá capacidad suficiente para abastecerla. O bien el Estado hace una fuerte inversión complementaria o bien importa carbón para la usina, advirtieron.

Por el supuesto daño ambiental, la obra es muy resistida. Ante los reclamos, en septiembre de 2008 Peralta aceptó realizar una audiencia pública no vinculante en Río Turbio, donde se inscribieron cerca de un centenar de oradores. El 95% de las opiniones avaló la instalación en la usina, pero los ambientalistas de Río Gallegos la critican, entre otros aspectos, por la posible contaminación que generaría en la naciente del río que provee de agua a la capital provincial.

En noviembre de 2009, Greenpeace desplegó un gigantesco cartel en el Ministerio de Economía que decía: "Cristina: carbón o glaciares". Según Greenpeace, la central producirá poca energía y generará mucho daño. Esta agrupación denunció deficiencias en los estudios de impacto ambiental y afirmó que la prueba de que no se está contemplando debidamente el peligro que implica es que la Presidenta autorizó el pago de 140 millones de pesos antes de que los estudios ambientales estuvieran presentados.