Publicado: 09-05-2012 
  
Río Negro.- El Tribunal de Cuentas de Dina Huapi otorgó una prorroga de 60 días al intendente Danilo Rojas para que presente la Cuenta General del ejercicio 2011 en atención a las gruesas desprolijidades e irregularidades administrativas que abrió dejado la anterior gestión.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Dolezor, informó a "Río Negro" que en los distintos expedientes administrativos relevados hasta el momento no se cumplieron los pasos establecidos por la ley de Contabilidad de la provincia y que la tarea de control se dificulta porque carecen de dictámenes previos de sus antecesores.

El contralor señaló que "lo económico no es un tema menor", en relación a los montos rendidos en forma irregular, pero aclaró que "no decimos si hay o no malversación de fondos sino que hay serias irregularidades administrativas que hacen a la cuestión económica" y no descartó que puedan derivar en alguna denuncia judicial.

La documentación legada por el anterior Tribunal de Cuentas carece de dictámenes pero cuenta con decenas de observaciones sobre las operaciones fiscalizadas que merecieron decenas de pedidos de informes al ex intendente Hugo Cobarrubia y sus funcionarios, trámites que quedaron sin respuesta en casi todo los casos.

Extraoficialmente se supo que en varios casos hay expedientes vacíos que sólo cuentan con la carátula.

Entre las operaciones en revisión se encuentra la polémica compra de camiones y neumáticos que la semana pasada volvió a cobrar notoriedad por la cobertura que mereció en el programa nacional televisivo CQC.


La mayor irregularidad en el caso, que todavía no tuvo dictamen del Tribunal de Cuentas, radica en la compra de neumáticos y otros componentes para los camiones nuevos adquiridos por la gestión Cobarrubia, que documentó la operación con facturas aparentemente apócrifas de una ferretería de Viedma.

En el informe preliminar difundido ayer el Tribunal de Cuentas informó que ya emitió dictámenes sobre el plan de Infraestructura Vial y el proyecto de iluminación de la costanera, que continúan bajo investigación.

Los jueces de Cuentas sostuvieron que "otorgaron al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias para actuar legalmente ante las irregularidades administrativas detectadas sobre el período anterior."