El juez Julián Ercolini definirá esta semana si hace lugar a una serie de medidas que el fiscal Gerardo Pollicita impulsa en relación con la pesquisa sobre el fideicomiso de u$s 90 millones que la Argentina creó con Venezuela en 2004.

El caso se reactivó la semana pasada con la declaración testimonial del ex embajador argentino en Venezuela Eduardo Sadous, quien aseguró ante el juez que los empresarios venezolanos se quejaban porque debían supuestamente pagar «peajes» a funcionarios del Ministerio de Planificación para hacer negocios con la Argentina por medio de ese fideicomiso, cuando él estaba en funciones. Esos dichos fueron negados de manera tajante por el kirchnerismo.

Pollicita recomendó pedir al banco neoyorquino UBS-Stanford todos los datos de las operaciones realizadas a través del fideicomiso Bandes y requerir al Comando de Regiones Aéreas un listado de los vuelos privados y oficiales que trasladaron funcionarios argentinos a Venezuela en esa época.

Por su parte, los legisladores de la Coalición Cívica (CC), denunciantes en la causa, probablemente pidan esta semana la declaración de varios funcionarios vinculados a la operación y careos entre ellos, así como informes relacionados con los negocios entre el Gobierno argentino y el de Hugo Chávez.

La declaración de Sadous volvió a poner en el foco de atención los negocios entre ambos gobiernos, en los que el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, estaba en el centro, hasta su salida del Gobierno, generada por el escándalo del valijero Guido Antonini Wilson, en agosto de 2007.

En ese sentido, el diputado de la CC, Juan Carlos Morán, apuntó contra Uberti y señaló que el testimonio de Sadous «confirma los retornos que habíamos denunciado. La contracara de esto es el caso de la valija: Uberti viajaba dos veces por mes a Venezuela para buscar dinero. Por eso es fundamental que ambas causas estén conectadas» y afirmó que había elementos suficientes para pedir su prisión preventiva.

El legislador también recordó que no es la primera vez que un ex funcionario de Gobierno confirma ante la Justicia el supuesto pago de sobornos: el ex agregado comercial en Caracas Alberto Álvarez Tufillo, quien declaró ante Ercolini a fines del año pasado la presunta existencia de coimas. También hay un duro informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), de mediados de 2008, en el cual se advertía que el Gobierno argentino compraba fueloil a Venezuela en cantidades que no necesitaba y a un precio demasiado alto. Según Morán, esta operación estaría relacionada con «la desesperación por darle magnitud al fideicomiso» desde el Ministerio de Planificación que dirige Julio De Vido.

La causa a cargo de Ercolini se inició a fines de 2008 con una denuncia de la CC a Néstor Kirchner y a otros funcionarios de su Gobierno, como De Vido, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y Uberti, por presunta asociación ilícita. La presentación incluía supuestas irregularidades, varias de ellas ya investigadas en la Justicia. Por eso, algunos temas de la denuncia fueron derivados a otros juzgados. La pesquisa sobre el fideicomiso con Venezuela fue una de las investigaciones que quedó en el juzgado de Ercolini, quien después del escándalo que generaron las declaraciones de Sadou deberá decidir cómo avanza en el caso.