La Auditoría General de la Ciudad informó ayer que espera que la Legislatura le envíe un pedido para analizar técnicamente la causa judicial que lleva adelante el juzgado de Norberto Oyarbide contra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Basó su pedido en el artículo 136 de la Ley 70, que faculta al organismo a realizar exámenes especiales de actos de significación a pedido de la Legislatura.

"En este caso se le imputan delitos al jefe de Gobierno en ejercicio de sus funciones. Es una circunstancia excepcional, de extrema gravedad institucional y que considero debería obtener un tratamiento técnico-jurídico paralelo al trabajo de los Legisladores en cuanto a la responsabilidad política", expresó la titular de la Auditoría, Sandra Bergenfeld.

El organismo cuenta con una Dirección General de Asuntos Legales con más de 27 abogados estables que auditan en forma permanente los juicios en los que la Ciudad es parte, explicó Bergenfeld, quien remarcó que "potencialmente la Ciudad puede ser parte a futuro de reclamos en sede civil por parte de damnificados, si bien hoy solo el jefe de Gobierno es investigado a nivel penal".

En ese marco, subrayó que la Auditoría funciona como "brazo técnico" de la Legislatura y que "para ello fue creada". Por ello, consideró que debería encomendarse al organismo un informe técnico o examen especial de carácter jurídico para facilitar la tarea de control de la gestión del proceso judicial. Una vez concluido dicho examen de la causa penal proporcionaría un informe escrito, a modo de opinión no vinculante. La Auditoría ya colaboró con otros procesos llevados adelantes por la Legislatura, como la intervención de la OBSBA.