Publicado: 24-06-2011 

Capital Federal.- Cuatro días después de que explotara el escándalo en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el gobierno de Mauricio Macri se hizo a sí mismo una recomendación que sin embargo terminó desoyendo. Alertado por la gravedad del tema, el 30 de mayo ordenó someter toda la documentación de esos contratos a la auditoría de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires (Sigeba) mediante una comunicación interna del Instituto de la Vivienda. Una semana después, y antes de enviarle un solo dato al organismo, el mismo instituto le pagó a la ONG más de $ 17 millones.

Así lo indica el acta de directorio 2428 que firmaron, el 30 de mayo, los cuatro directores del instituto, cuyo punto 6 describe la escabrosa cuestión desde sus primeras líneas: "Vistos los temas de dominio público, y considerando que este Instituto de la Vivienda de la Ciudad [IVC] ha celebrado convenios con la Fundación Madres de Plaza de Mayo", y que los instrumentos "han sido signados por el Dr. Sergio Schoklender", empieza, y continúa argumentando que "resulta idóneo dar intervención a la Sindicatura General de la Ciudad".

Más adelante, el texto agrega dos resoluciones: "1°) Instruir a todas las áreas de este organismo a remitir a la Subgerencia de Coordinación Administrativa de este IVC toda actuación relativa a la Fundación Madres de Plaza de Mayo" y "2°) Encomendar a la Subgerencia de Coordinación Administrativa la realización de dos copias certificadas de la totalidad de las actuaciones recabadas a los fines de reunir la documentación necesaria relevante al respecto. Un juego de copias de la totalidad de las actuaciones se girarán a la Sigeba para su intervención y el otro juego quedará para su resguardo en el área de origen". El acta fue firmada por el presidente del instituto, Omar Abboud, y los directores Marcelo Viegas Calcada, Martín Moyano Barro y Martín Gonzalo Garcilazo. Ordena, en el párrafo final, "poner en conocimiento del señor jefe de gobierno las medidas dispuestas".

Sin embargo, a los cuatro días de emitida el acta, el 3 del actual, sin que se hubiera alcanzado a cumplir ningún envío a la Sigeba, se libró un cheque de 5.085.000 pesos por cobrar en el Banco Ciudad para la fundación que conducía Schoklender, tal como publicó días atrás La Nacion. El segundo, del 8 de este mes y a través del mismo banco, fue más abultado: 12.168.740,17 pesos. Ambos fueron firmados por Daniel Garbellini, gerente general del instituto, y Roxana Daló, subgerente contable.

Consultados por La Nacion, en el Instituto de la Vivienda porteño admitieron la existencia de la recomendación acerca de suministrar los datos a la Sigeba y también que los cheques hubieran sido emitidos antes de cumplir con esa orden. "Evaluamos suspender el pago, pero finalmente no lo hicimos", contestaron, y aclararon que, para la decisión, el organismo se había basado en un convenio de financiación firmado el 26 de marzo de 2008 entre la ciudad y la Subsecretaría de Obras Públicas, que conduce Abel Fatala y depende del Ministerio de Planificación.

Según la cláusula 16 de ese acuerdo, que el gobierno de Macri exhibe hoy como justificación para el pago, las partes acordaron que el seguimiento del normal desarrollo del emprendimiento estaría a cargo del gobierno nacional. "La Subsecretaría realizará las inspecciones técnicas y financieras que considere convenientes para verificar y constatar el adecuado cumplimiento del plan de obras y la curva de inversión", dice el párrafo. El razonamiento de los funcionarios porteños es que el instituto no podía negarse a la transferencia de fondos de la Nación, que, en rigor, habían llegado el 20 de mayo, antes de que estallara el escándalo en los medios.

Los contratos incluyen la construcción de 780 viviendas en la avenida Castañares y la colectora de la General Paz para los habitantes de la ex Villa Cartón. La iniciativa demandará $ 134 millones en cinco años.

En el instituto porteño anticipan pasos que podrían desencadenar nuevas controversias: tampoco frenarán los próximos pagos a Madres de Plaza de Mayo. Por ejemplo, otros $ 3.323.400,65 cuyo certificado de obra llegó el 7 del actual al organismo. Se espera, también para ese caso, la transferencia del Gobierno. De aquí a febrero, los fondos que debe recibir la ONG ascienden a $ 58 millones.