Santa Fe.- Los diputados provinciales opositores Luis Rubeo, Alberto Monti, Jorge Lagna, Mario Lacava, Adrián Simil, Alberto Cejas, Rosario Cristiani, Norberto Nicotra, María Alejandra Vucasovich y Oscar Urruty presentaron una denuncia en la Fiscalía provincial por la "posible comisión de delitos en contra de la administración pública provincial".

El hecho denunciado es sobre el "contrato celebrado de manera directa entre el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente y la firma Consorcio Vial SA (en formación) el pasado 25 de junio, por el que se otorga a esta empresa la concesión por término de seis meses con opción a prórroga de la explotación de la autopista Santa Fe-Rosario".

Para los denunciantes el contrato fue ratificado por decreto Nº 1034 de fecha 28 de junio de 2010 y "lo cierto es que la contratación directa por la que se otorga a la firma Consorcio Vial SA (en formación) la concesión del corredor vial de referencia ha sido observada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia", argumentan.

Las observaciones públicas sobre la adjudicación motivaron que, en su momento, concurriera al recinto de la presidencia de la Cámara de Diputados el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente el 5 de agosto de 2010.

Los diputados opositores sostienen que en esa oportunidad "el ministro no sólo omitió acompañar el expediente administrativo en el que se dispuso la contratación directa, sino que tampoco dio explicaciones satisfactorias".

El Tribunal de Cuentas de la provincia también cuestionó el accionar del Ejecutivo en la adjudicación semestral y destacó que "no se configuró la urgencia circunstancial que requiere el artículo 116 de la ley 12.510, que existe una falta de fundamentos para la elección de la empresa designada y que el contrato de concesión directa adolece de deficiencias de confección".

Para los diputados, "los funcionarios públicos provinciales están obligados a actuar dentro del marco normativo constitucional y legal al cual se encuentran sometidos. Si esta conducta cívica le es debida a cualquier ciudadano, con mayor razón a un ministro del Poder Ejecutivo provincial", explican en la denuncia a la Fiscalía.