Los diputados que apoyan al gobierno de Urtubey han calificado de 'político' el tremendo informe de la Auditoría General de la Provincia respecto a la contratación directa, en el año 2008, de los llamados 'kits' escolares, una especie de 'lote de productos' entregados gratuitamente a los alumnos de las escuelas primarias de Salta. 

En Salta, cuando se quiere descalificar a algo o a alguien, últimamente se recurre con mucha frecuencia al adjetivo 'político', lo cual no sería preocupante salvo por el pequeño detalle de que quienes utilizan esta bárbara palabra son generalmente ministros, intendentes y diputados, es decir, gente que nada tiene que ver con la política y que nunca en la vida han hecho cosas 'políticas'.

Que sean los políticos los que descalifiquen a otros por comportarse políticamente es tan extraño como que un empresario criticara a otro empresario por querer ganar dinero.

Como se recordará, la AGP reveló que el gobierno de Urtubey, recién estrenado en el cargo, "no tenía motivos para hacer una contratación directa" de los kits escolares y, además, que ignoró olímpicamente los pasos legales y los procedimientos administrativos previstos.

¿Descuido o arbitrariedad? Ésta es la cuestión

Ayer se ha conocido que la diputada provincial Virginia Cornejo pidió a la cámara que exija que los ministros Loutaif y Parodi informen las razones (¿descuido o arbitrariedad?) por las que se realizaron contrataciones directas de obras públicas, por un valor total de $ 35.610.525, en Salvador Mazza.

De acuerdo a lo informado por Cornejo, tal cantidad de dinero fue asignada por el gobierno de acuerdo al siguiente detalle: Desagües pluviales $ 26.336.619; defensa de Quebrada Internacional $ 9.273.905.

No se trata de especulaciones o meros trascendidos sino de hechos contrastables, hasta tan punto que han aparecen en el Boletín Oficial del pasado 18 de enero. Allí se publican dos resoluciones de la Secretaría de Obras Públicas por las cuales se adjudican en forma directa aquellas obras por los montos señalados.

“Los legisladores tenemos, entre otros, el deber de controlar, porque así lo establece la Constitución de la Provincia”, afirmó la diputada Cornejo, agregando que “es necesario conocer por qué se obvió el mecanismo de la licitación pública pese a lo elevado de los montos, y cuáles fueron los recaudos que se tomaron”.